Señor Director:

En reciente entrevista publicada en "El Mercurio", dos miembros de la defensa de Chile en el Caso Clarín, los señores Goodmann y Di Rosa, efectúan imprecisas declaraciones que pueden confundir a la opinión pública o mantenerla en el mismo estado de desinformación en que se ha encontrado desde que comenzó este millonario juicio en contra de Chile.

1. Es impresentable, estando comprometido el patrimonio fiscal en una cifra superior a los 500 millones de dólares, mantener a la opinión pública desinformada de los entretelones del caso. Las propias normas del Ciadi , organismo ante el cual se ventila el juicio, permiten a las partes publicitar sus actuaciones, con la única limitación de mantener bajo reserva las deliberaciones del tribunal.

2. Por ello, en el curso de 2002, cuando la defensa, inexcusablemente, declinó objetar actuaciones arbitrarias del tribunal, que transgredían acuerdos procesales imperativos perjudicando a Chile, y se aceptó tácitamente la competencia del Ciadi, renuncié al equipo jurídico y lo denuncié públicamente. De no haber procedido como lo hice, de lo cual no me arrepiento, la opinión pública continuaría sumida en la más absoluta ignorancia acerca de la gravedad de estos hechos, en un país en que todos apelan cada vez con mayor energía a la necesidad de transparentar los actos de autoridad. ¿Cómo puede explicársele hoy a la opinión pública que Chile esté a punto de ser condenado por un tribunal incompetente, por una controversia acaecida en 1973, habiéndose hecho Chile parte del Ciadi sólo en 1992, y sin que sus normas puedan aplicarse con efecto retroactivo?

3. Y aunque los señores Goodmann y Di Rosa pretendan negarlo en su entrevista, la verdad es que ha trascendido el acuerdo del tribunal condenando a Chile. Basta ver en internet la página www.elclarin.cl, donde se transcriben textualmente las últimas actuaciones acaecidas en el litigio. Éstas serían de extrema gravedad, ya que, según se expresa, el árbitro designado por Chile habría filtrado ese acuerdo condenatorio a Chile, violándose el secreto de las deliberaciones y acarreando la marginación de ese árbitro del tribunal. Asimismo, Joan Garcés estaría requiriendo al Ciadi, a fin de quitar la inmunidad jurisdiccional que protege internacionalmente a las partes en litigio, en la idea, según puede deducirse, de presentar una nueva querella en contra de Chile y de sus abogados, entre ellos los señores Goodmann y Di Rosa, esta vez por violar las normas que exigen el secreto y la reserva de las deliberaciones del tribunal.

4. Cuando denuncié estos hechos, la Cámara de Diputados celebró una sesión especial, concluyéndose en una recomendación para que el Consejo de Defensa del Estado tomara cartas en el asunto. Al cabo de tantos años, es fundamental que se transparente definitivamente este oscuro caso, que el Consejo de Defensa informe a la Cámara, y que, llegado el momento, se efectúe un seguimiento del eventual destino que tendría la indemnización que haya de pagar el país.