Pero la nacionalización de las riquezas básicas de nuestro país, no era un proceso puramente chileno, puesto que tras el derrumbe del colonialismo y el auge del movimiento de países No Alineados, se logró que la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Resolución 1803 – del 14 de diciembre de 1962 – denominada "Resolución sobre Soberanía Permanente de los Recursos Naturales", que reconoce "el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus riquezas naturales en conformidad a sus intereses nacionales y en el respeto a la independencia económica de los Estados... La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, de seguridad y de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero".
 
En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, la nacionalización de la gran minería tiene una legitimidad irrefutable tanto internacionalmente como nacionalmente.
 
Desde el punto de vista económico, su legitimidad la otorgan las cifras, puesto que la nacionalización es de lejos el mayor éxito económico de toda nuestra historia, como lo demuestran los siguientes datos. Desde 1971 hasta el año 2007, la empresa estatal Codelco, le ha entregado más de US50.000.000.000 (cincuenta mil millones de dólares) al erario nacional, lo que representa más del doble que el impuesto a la renta de primera categoría que han pagado absolutamente todas las empresas privadas de todo tipo que existen o han existido en Chile en este mismo período de tiempo, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, forestales, industriales, pesqueras, etc. Es cierto que estamos comparando el cien por ciento de las utilidades de CODELCO, con el impuesto de primera categoría de las empresas privadas, que es sólo de 17 % en la actualidad, pero a la vez, es comparar los aportes de una sola empresa del Estado, CODELCO, con el aporte de decenas de miles de empresas privadas de todo tipo.
 
Es por ello que, al tener la nacionalización una legitimidad jurídica sin contestes, y de ser un éxito económico de una enorme magnitud, resulta absolutamente inexplicable, que la dictadura y en especial los gobiernos de la Concertación, hayan legislado expresamente para permitir que la inversión extranjera en la minería se extendiera con tal magnitud y rapidez, hasta controlar en la actualidad los dos tercios de la producción nacional de cobre, siendo que en 1973 no alcanzaban a controlar el 10 % de la producción nacional, y sólo el 17 % en 1989, al termino de la dictadura.
 
El gran auge de la desnacionalización, lo generó la Ley 18.985, reforma tributaria promulgada a 4 meses de iniciado el gobierno de Patricio Aylwin, en junio de 1990, que al mismo tiempo que aumentaba “transitoriamente” el IVA de 16 a 18%,  prácticamente suprimió la tributación de las mineras extranjeras, al pasar de renta presunta a “renta efectiva”. Con este privilegio, que la dictadura ni siquiera se imaginó conceder, las transnacionales podían llevarse todo el cobre que quisieran sin pagar un solo peso de impuesto, y por esta razón, aumentaron su producción hasta tal extremo, que quebraron el equilibrio del mercado mundial, con el consecuente colapso del precio del cobre, que cayó de 1,5 dólares la libra en 1989, a sólo 0,6 dólares en 1999, lo que hizo perder a la economía nacional varias decenas de millones de dólares, que perdimos para siempre.
 
Cuando el precio del cobre era bajo, la diferencia entre los aportes al Fisco de las mineras privadas y de Codelco, no era muy evidente, puesto que los aportes de Codelco eran poco significativos y los aportes de las mineras extranjeras casi inexistentes. Comparar lo poco con la nada no resultaba ilustrativo, pero ahora, con el elevado precio del cobre, las diferencias entre los aportes de Codelco y la minería extranjera son muy significativos.
 
En el 2006 los aportes de Codelco alcanzaron a los 9.215 millones de dólares, mientras que las mineras extranjeras durante ese mismo año, pagaron solamente alrededor de 3.500 millones de dólares, sumando el impuesto a la renta y el impuesto específico a la minería llamado “royalty 2”. Es decir, las empresas transnacionales, pese a que producen el doble que Codelco, aportan al erario nacional tres veces menos que la empresa estatal. Matemáticamente, esto quiere decir que por tonelada producida, CODELCO aporta al Estado 6 veces más que las mineras extranjeras. Dicho de otro modo, si CODELCO explotara también los yacimientos mineros que hoy poseen las mineras extranjeras, el Estado devengaría otros 19 mil millones de dólares, en lugar de los 3.500 millones que dichas mineras tributan en la actualidad. Esta diferencia de 15 mil millones de dòlares, es lo que los chilenos perdemos por no tener nacionalizados esos yacimientos que hoy explotan empresas extranjeras. Es decir, son las transnacionales mineras, las que año a año, se llevan 15 mil millones de dólares que pertenecerían a todos los chilenos, si ellas también estuvieran nacionalizadas.
 
Esta razón se basta a si sola para que volvamos a nacionalizar la gran minería.
 
Una segunda razón para renacionalizar nuestro cobre, también es de carácter económico, y está dado por la fabulosa dimensión de esta riqueza, puesto que Chile posee cerca del 50 % de las reservas mundiales de este metal, que tiene un valor estratégico y económico de extrema importancia para la humanidad, que solo es superado por el petróleo. El valor presente de estas reservas de cobre supera ampliamente la colosal cifra de 3 billones de dólares, es decir más de 3 millones de millones de dólares. No es admisible que una tal extraordinaria riqueza quede en manos de empresas extranjeras que poco o nada aportan al país. Recordemos al respecto, que La Disputada de Las Condes, hoy denominada Minera Sur Andes, desde 1979 a 2005, no pagó un solo peso de impuesto a la renta. Es el ejemplo más evidente que nada justifica ni nunca se justificó la inversión extranjera en nuestra minería.
 
Una tercera razón para nacionalizar la gran minería, está dado por la experiencia y los conocimientos que han alcanzado en esta industria nuestros trabajadores y nuestros profesionales, lo que significa que los chilenos no necesitamos trabajadores ni técnicos extranjeros, ni necesitamos ningún tipo de profesional extranjero para explotar nuestras riquezas mineras. Somos absolutamente autosuficientes para ello.
 
En consecuencia, no existe ningún impedimento de orden legal, constitucional o internacional, que nos impida nacionalizar nuestras riquezas básicas, y después de tan exitosa nacionalización, no existe ninguna razón técnica o económica, que se oponga a la renacionalización de la gran minería.
 
El momento en que las grandes Alamedas se deben abrir para la renacionalización, ha llegado.
 
 
Julián Alcayaga
Economista
Comité de Defensa y Recuperación del Cobre