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El doble carácter de Jefe de Estado y de Gobierno en el sistema político chileno es una dicotomía que el actual Presidente de la República ha querido resolver yendo más lejos que cualquiera de sus antecesores. Según Lagos, la diferencia estriba en la presencia o no de un edecán: si un tal uniformado solemniza una ceremonia oficial es el Presidente de todos los chilenos el que actúa; si no es el gobernante que cumple su programa y solicita respaldo ciudadano para la continuidad y proyección de sus realizaciones. Como en Europa, los Estados Unidos y las democracias orientales.
El sistema político chileno concentra simultáneamente en el Presidente de la República las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, las que en la mayoría de las democracias europeas y orientales están ejercidas por dos dignatarios distintos. No ocurre así en los Estados Unidos y casi todos los países latinoamericanos propiamente tales (denominación que excluye, por cierto, a los anglosajones del hemisferio). Chile es parte de esa tradición regional de presidencialismo fuerte y omnímodo. Una de las características de la República que existió en Chile antes del golpe militar y que el período post dictadura no pudo recoger en plenitud fue el no intervencionismo del gobierno en los procesos electorales. Esto se debió, en parte, a la anormalidad de los enclaves electorales, el poder que Pinochet se reservó para sí después de dejar La Moneda y, principalmente, el dominio de un sistema electoral inequitativo y la actuación en las sombras de los poderes fácticos. Tales enclaves supusieron una persistencia de la lucha entre el Sí y el No mucho más allá del plebiscito que resolvió el dilema en lo tocante a qué coalición se quedaba con el gobierno y es una de las razones de que la transición se prolongara tanto. Desde luego es un mito que los gobiernos de antaño no hayan intervenido más o menos embozadamente con recursos del Estado en elecciones tanto personales como pluripersonales; las acusaciones opositoras a lo largo de las décadas dan cuenta que éste fue siempre un tópico de campaña. Lo que es cierto es que todos los gobiernos democráticos cuidaron las formas, incluso el de la Unidad Popular, asediado como estaba por la insurrección de sus adversarios. También es verdad que el Presidente Ricardo Lagos es quien más lejos ha llegado en sincerar esta dicotomía entre Jefe de Estado y de Gobierno. El se limitó a decir hace poco que la diferencia para ejercer uno u otro rol estaba en la presencia o no de un edecán militar. Esto significaría que si un tal uniformado está cuadrado solemnemente detrás de él es el Presidente de todos los chilenos quien actúa; si no, es el político que cumple su programa de gobierno, defiende sus realizaciones y solicita el respaldo para la continuidad y la plena cristalización de ellas, a través de un gobierno de signo similar. Una conducta así la asumen los jefes de partido o coaliciones que están en el poder en las democracias parlamentarias, a los cuales los medios internacionales les atribuyen genéricamente el título de Primer Ministro. Arriba, en el más alto escalón del Estado permanece el depositario de sus intereses más permanentes y el responsable de administrar la soberanía popular, en calidad de Presidente de la República o monarca constitucional. El ocupante del sillón de O’Higgins tiene que cumplir ambas funciones, en un desdoblamiento que Lagos juega de acuerdo a sus convicciones, carácter fuerte y personalidad omnipresente. Que esto lo lleva a aparecer como un “jefe de campaña”, capaz de eclipsar incluso a la candidata a sucederlo, es un asunto válido para la discusión. Quienes lo hacen desde sus respectivas trincheras deben tener en cuenta que una conducta tan protagónica no sólo ocurre en los sistemas parlamentarios, donde el Jefe de Gobierno –se podrá argüir- es elegido como un diputado, aunque su nombre figure a la cabeza de su lista para el Legislativo. Exactamente la misma situación se da bajo el fuerte sistema presidencial estadounidense, cuyo titular hace campaña no sólo por su propia reelección, sino también por las elecciones parlamentarias a mitad de su mandato y por su sucesión en la Casa Blanca. Si esto no está en las tradiciones chilenas –que excluyeron la reelección inmediata después del período de los decenios- es algo que hay que poner al día. Siempre es preferible hacerlo de manera franca y abierta que oculta y tolerada, como ocurre con el intervencionismo hipócrita de algunos regímenes latinoamericanos, una de cuya armas favoritas es el clientelismo a la manera mexicana o argentina. Tal vez para satisfacer otra tradición nacional –la del positivismo, que llevó incluso a la dictadura a vestirse de ropajes legalistas- habría que revisar el sistema presidencial, como lo acaba de sugerir el senador Ominami, aunque en el contexto de la satisfacción de una de las necesidades del oficialismo. La figura de un Primer Ministro que no eclipse la del Presidente de la República, más o menos a la manera francesa, es una propuesta que viene y va en el temario político. Postergar siempre la discusión sólo tendrá el efecto de mantener un vacío que cada gobierno llenará de acuerdo a su carácter y necesidades.
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