Lunes, 24 de Abril 2017

Entrevista a Dauno Tótoro: la cofradía blindada

Publicado el 06 Abril 2017
Escrito por Alejandro Lavquén

Se ha reeditado una edición revisada y actualizada de La cofradía blindada (Planeta) del periodista y escritor Dauno Tótoro Taulis. Subtitulada: “Autonomía, negocios e insubordinación de las Fuerzas Armadas chilenas”, da cuenta con claridad de la actividad de los militares en la sociedad chilena desde, durante y después de la dictadura. Donde han jugado un papel que va más allá de lo permitido por la ley, pasando por el crimen y la corrupción. Dauno Tótoro recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí en 1995, y es autor de los libros de crónica periodística y ensayo Camino Verde, EZLN, el ejército que salió de la selva (1994), Zapatistas (1995) y Ser de izquierda (2002),  además de cuentos, relatos y novelas, entre ellas La sonrisa del caimán.

 

La cofradía blindadafue publicado en 1998 ¿qué novedades trae la nueva edición?

         En su versión anterior, la situación respecto de las tensiones y la relación traumática entre el Chile Civil y el Chile Militar estaban marcadas por una serie de elementos que hoy ya no existen: Pinochet estaba vivo, era Senador designado, no había sido detenido en Londres, no se había producido aún la bochornosa defensa del dictador por parte del gobierno civil, no se habían descubierto sus cuentas en el Riggs; poco y nada se sabía en concreto acerca del contenido de las “leyes secretas”, de la Ley Reservada del Cobre, de los procedimientos fraudulentos utilizados por los altos mandos de las FFAA para enajenar bienes públicos mediante el uso de la normativa del Patrimonio de Afectación Fiscal, etcétera. La intención de esa versión del libro fue, fundamentalmente, tratar de entender “quiénes son los militares”, cómo se forman, cómo piensan, si acaso lo que conocimos de ellos durante la dictadura fue un lapsus, un exabrupto en la historia, o si se trató de una expresión bestial de un problema más de fondo, estructural. Todo eso fue abordado en el libro, llegando a la conclusión de la existencia de dos Chile, uno civil y otro militar, como base de nuestra construcción social; dos países, y uno de ellos (el civil), subsidiando por completo al otro.

         Pasados 19 años, lo que había que analizar en esta nueva versión era si acaso todo lo descrito en 1998 había sido superado, si aquello que veíamos a finales de la década de los ‘90 respondía a “resabios de la dictadura”, a la presencia nefasta de Pinochet, si las relaciones habían finalmente encontrado un cauce natural, si la subordinación del Chile Militar al Chile Civil se había concretado (por lo menos así lo aseguran con aspavientos desde el mundo político hoy, especialmente el ex presidente Lagos que señala que la subordinación se hizo total durante su gobierno, con su “nueva constitución”, el fin del Cosena, el fin de la inamovilidad de los Comandantes en Jefe, etcétera).

 

NADA HA CAMBIADO

         Volví a investigar, usando la misma metodología que en la versión anterior, agregando datos y sumando nuevos elementos de análisis. La conclusión es que aquello que ya antes se había descrito en detalle no se trataba de resabios de la dictadura. En términos estructurales nada ha cambiado… y no lo ha hecho durante toda la historia de la República, pues lo que hay, en términos de cimientos, es un sistema de autonomía permanente del mundo militar respecto del civil.

         Los argumentos recabados dan cuenta de esta realidad en su estructura y forma, y de las responsabilidades involucradas en su mantenimiento. Aunque es verdad que la autonomía castrense se ha visto disminuida en apariencia durante los últimos 20 años (que es lo que llamo “de la insubordinación abierta a la autonomía pactada”), jamás ha sufrido, hasta la fecha, mella alguna en sus pilares fundamentales y que están absolutamente imbricados entre sí: la autonomía en el financiamiento de las Fuerzas Armadas; la autonomía en la formación, valores inculcados, malla curricular y sistemas de convivencia y ritos de paso de los soldados, lo que conforma su ideología y relación con el Chile Civil; la autonomía en la definición de las políticas nacionales de Defensa (o en su implementación), más allá de las líneas gruesas que señalen los diferentes gobiernos como una pretensión (o ilusión) de control civil sobre las mismas. Y, más grave aún, esta autonomía ha sido y es funcional para la mantención y defensa de los intereses corporativos que dominan a Chile, en desmedro del bien común. Es decir, Fuerzas Armadas autónomas, autoformadas y estancas, en las que predomina de modo determinante una mirada de mundo sesgada, retrógrada, ultraconservadora, son la mejor herramienta que tienen los intereses corporativos para poner atajo, cuándo y cómo quieran, a cualquier proceso social en que prime como meta el interés común de todos los ciudadanos.

La renuncia permanente del poder civil a exigir y obligar la subordina­ción de los militares en aquellos aspectos esenciales (y no los meramente de forma), ha forjado una presencia castrense incom­patible con los principios básicos y elementales de una sociedad que se pretende no autoritaria. Los costos de esta renuncia han sido enormes.

    De todo eso trata la versión actual del libro, con detalles, ejemplos, seguimiento histórico y divulgación de numerosos documentos y textos de estudio “reservados para el uso de los señores oficiales del Ejército de Chile”.

 

PACTO DE SILENCIO

¿Cuáles son los civiles que dices que se han constituido en una “clase política” que tiende a igualarse a un regimiento? ¿Cómo funcionan?

Como concepto, los militares están llamados a defender la integridad territorial, pero el proceso de crecimiento de la gama de atribuciones de éstos (“garantes de la institucionalidad”, por ejemplo) derivó en una militarización de la vida nacio­nal, imponiéndole a los civiles las formas, las estructuras, las actitudes y los comportamientos propios de los habitantes de regimientos. Esa imposición, que por lógica debió haberse desmoronado con el fin de la dictadura, durante mucho tiempo ha servido de pretexto para impedir avances sustanciales en los niveles y profundidad de nuestra democracia.

Las discrepancias naturales (pro­fundas y desgarradoras en ocasiones) del conflicto entre los intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad, ha conducido a que un segmento importante de la “civilidad” considere a las Fuerzas Armadas como “la última pala­bra”, el Gran Juez. De este modo, el Chile Civil se convierte en un país obe­diente; un país que, o voltea a ver hacia los generales como la salida de emergencia, o hacia quien detente grados de poder incontrastable; un país incapaz de hacer de sus diferencias la materia prima de nuevos argu­mentos e instrumentos que alimenten a una sociedad civil viva y participativa. Así, el Chile Civil arriesga transformarse en una sociedad militari­zada y verticalista, incapaz de pensar, que reacciona sólo ante la voz de mando.

Es cosa de echar una mirada, con sinceridad, a lo que somos (en lo que nos quieren convertir): el mundo militar es homogéneo; responde a una estructura de mando ver­tical, y las opiniones diversas que surgen en su seno son evaluadas como atentatorias a su integridad. En él, las discrepancias se eliminan sin mira­mientos, y la definición del curso de la historia es tarea de un puñado de individuos, cuando no de uno solo. El mundo civil es heterogéneo; su organización responde a la de una sociedad de tipo horizontal, con espacio para el debate y la discrepancia. ¿A cuál de esos dos se parece más el Chile Civil?

 

La “transición a la democracia” ¿Fue un pacto de silencio?

A mi entender, la transición ES el pacto de silencio, el pacto de gobernabilidad. Mi impresión es que en esta materia hay todavía mucho paño que cortar, mitos que derrumbar. Durante muchos años se hizo uso y abuso, por parte de la llamada “clase política”, de la amenaza de posibles golpes o reflujos: no debía provocarse a los militares, el proceso de consolidación democrática era supuestamente frágil y estaba en la mira de los fusiles. Visto con cierta perspectiva, aquella que da el tiempo, podemos estar seguros que este “cuco” era fabricado, que se trataba de un cinturón de castidad para frenar o revertir cualquier modificación de fondo de un modelo de sociedad autoritaria y de concentración de la riqueza. ¿En qué momento y de qué modo se pactaron dichas fronteras entre lo que se podía y no se podía hacer? Se convenció ampliamente a la ciudadanía que todo estaba estipulado en leyes que contenían cláusulas de confidencialidad (los pactos secretos), concesiones obligadas que la Concertación debía respetar para garantizar que los militares no volvieran a salir de los cuarteles. Esas eran, supuestamente, las “leyes secretas”. Pero tales leyes, que son un conjunto de 110 decretos, no tienen nada que ver con esos pactos. 98 de ellas están destinadas a “legalizar” transacciones económicas absolutamente ilegítimas (pago de comisiones, coimas, abultamiento de los saldos de las cuentas corrientes de los comandantes en jefe, etcétera).

         También estaban las transformaciones de última hora a la Constitución del ’80, haciéndola aún más rígida y antidemocrática. Sin embargo, con el paso del tiempo, los puntos más oscuros de dichos artículos de última hora han ido siendo derogados o eliminados, sin que haya habido movimientos de tropas. Entonces, ¿dónde están los pactos? Salta a la vista, después de tres décadas, que el verdadero pacto de silencio o de gobernabilidad se dio entre la Concertación y los grandes grupos económicos que concentraron la riqueza mediante las privatizaciones y que diseñaron e impulsaron el modelo económico que habría sido imposible de implementar sin la dictadura. Habrá que preguntarle a los “negociadores”, pues claramente se trató de acuerdos verbales, con apretones de mano incluidos, acuerdos pesados y secretos, tanto con el empresariado como con los militares, que tuvieron que ver con todo aquello que luego se tuvo que abordar “en la medida de lo posible”, o con lo que se constituyera en garantías de defensa estatal a los intereses corporativos que usaron a los golpistas, con quienes se coludieron sus cómplices civiles. Y tal compromiso se mantuvo y se mantiene. Es más, ha dejado de ser (desde el comienzo de la transición) una “rendición” parcial, para convertirse en políticas de Estado, de modo voluntario, convencido e incuestionable. No son pocos los negociadores de la Concertación que luego han hecho de sus habilidades, muñeca, relaciones políticas y juego de cintura, las herramientas para convertirse en exitosos empresarios y lobistas.

 

¿Qué convierte a los militares en cofradía: la autonomía en su formación, el modo de financiamiento o su manera de conceptuar la sociedad?

         En el convencimiento de los militares de ser ellos los “verdaderos chilenos”, el crisol de la identidad nacional, su reserva moral. La Patria no lo es sin ellos. Lamentablemente, producto de un proceso de consolidación de siglos (mediante los contenidos de estudio en colegios, las efemérides, los discursos encendidos de los gobernantes, las “impecables” paradas militares), esta idea es compartida por buena parte de la población civil.

         “Así como los curas deben creer en Dios, los militares estamos obligados a creer en la guerra”, decía Pinochet. Y la guerra (y en su ausencia, la inminencia de ella, la animadversión de los vecinos, la “envidia que nos tienen”), es la argamasa más eficiente para aglutinar a “la patria”.

         En un texto de estudio fundamental para los cadetes de la Escuela Militar, de Germán Oehling, los futuros oficiales del Ejército de Chile leen: “¿Por qué, si los militares somos los más idóneos para conducir los destinos de la Patria, en ocasiones dejamos que los civiles lo hagan?”. Ellos son. Ellos saben. Ellos vigilan. Son los cófrades. Y, desde esta perspectiva, deben mantenerse impolutos y autónomos: vivir segregados, tener sus propios recursos financieros, sus propias leyes sociales, sus propios sitios de esparcimiento, sus familias cerradas, sus místicos ritos de paso (la vigilia de armas es uno de los más anacrónicos). Ellos son “otros”, los fundadores.

 

CORRUPCIÓN CON UNIFORME

Los actos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros salidos a la luz pública, ¿eran esperables?

         Precisamente por la autonomía de la que gozan las Fuerzas Armadas, estos actos de corrupción resultan (rán) recurrentes. Lo que hemos visto en los últimos tiempos (y hay que recordar que si bien son conocidos ahora, su práctica se arrastraba desde hacía tiempo), es a mi juicio la desprolijidad de individuos concertados en bandas internas en sus instituciones, que ven la oportunidad y, a la vez, han sido testigos de robos y desfalcos de similares características pero llevados a cabo de modo institucional o por oficiales de más alta graduación. A final de cuentas, ¿qué diferencia hay entre lo recientemente sabido y que los comandantes en jefe –hablemos de Pinochet, por ejemplo- utilicen su cargo e influencias para ejecutar compras multimillonarias de equipamiento bélico a cambio de comisiones y coimas que luego depositan en cuentas extranjeras y en paraísos fiscales?

         Si no hay posibilidad alguna por parte del Estado para fiscalizar las cuentas internas de las instituciones, en especial aquellas “secretas” destinadas a la adquisición de material de uso militar, si las cuentas reservadas no son sujeto de fiscalización, ¿no se fomenta este tipo de actos? Si un comandante en jefe incrementa de modo injustificado su patrimonio personal o familiar, ¿por qué no habrá de hacerlo un oficial de menor graduación que tiene acceso a flujos enormes de dineros no fiscalizables por entidades extra-militares?

         Y podemos hacer memoria: tanques Leopard en condiciones deplorables, cohetes Rayo, fragatas, aviones de combate negociados de modo oscuro, containers despachados desde Famae cargados con cocaína disimulada entre partes y repuestos, etcétera…

         No estoy planteando que esta sea la norma, ni que esté la institución contaminada en su conjunto por este tipo de actividades, pero sí que mientras no haya voluntad política para poner término a los grados de autonomía que pueden amparar estas prácticas, ellas seguirán dándose. ¿Basta acaso con que el coronel director de la Escuela Militar aparezca diciendo que en su unidad académica se instruyan valores éticos y morales a los futuros oficiales para que todo quede zanjado en una especie de verdad indiscutible? ¿De qué modo están incorporados dichos valores en la malla curricular?

 

¿Por qué crees que la presidenta no ha pedido la renuncia al comandante en jefe del Ejército y al general director de Carabineros, cuando la responsabilidad de mando es evidente? Tampoco han exigido las renuncias los parlamentarios de la Nueva Mayoría.

         A mi parecer, precisamente porque de lo que se trata es de que tal responsabilidad de mando NO sea evidente. Es preferible, en esta estructura perversa de acuerdos reservados, en este interminable pacto de gobernabilidad, señalar a responsables individuales, a grupos identificables en términos de bandas que operan fuera de la ley del Chile Civil así como la del Chile Militar. De lo contrario, lo que se pone en duda es la capacidad propia de las instituciones para gestionar con transparencia los recursos destinados a las Fuerzas Armadas por el fisco y por la producción nacional de cobre. Y, llegados a ese punto, a las autoridades civiles no les quedaría más camino que intervenir y restringir los grados de autonomía. Pero para eso hace falta coraje y voluntad.

 

¿Crees que habrá justicia en estos casos y se aclarará hasta el último detalle?

         Sospecho, siguiendo la lógica de la investigación, que en el caso Milicogate el hilo tendrá que cortarse en su parte más delgada. Ahí estamos ante un caso de comisiones indebidas, transacciones fraudulentas con proveedores civiles. Indagar demasiado profundamente puede abrir una caja de Pandora. Cortar el hilo, castigar de modo ejemplificador, quitar las manzanas podridas del canasto, y listo. No vaya a ser cosa…

         En el caso de Carabineros el desfalco tiene que ver con dineros propios de la institución. Ahí, el corte en el hilo debería ser más arriba, como se constata con la detención de un general en retiro. Pero en ninguno de los dos casos podemos esperar llegar a conocer hasta el último detalle.

 

Un tema sensible es el de las pensiones y regalías que los militares poseen. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea ha dicho que no tienen proyectos en su institución para modificar ley alguna sobre el tema pues ellos cumplen “una misión diferente”. ¿Cómo interpretas esto?

         Esto se parece en cierto sentido a lo declarado por el director de la Escuela Militar del Ejército cuando dice que a sus estudiantes se les inculcan valores éticos y morales (es decir, se les enseña a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto). Basta con que el coronel asegure esto para que sea verdad. El oficial nos lanza su Tango-Oscar-Delta a las ceroseismiltrescientas y nosotros tenemos que decir, claro, entiendo, aunque no signifique nada para nosotros.

         El comandante en jefe de la FACH dice que sus pensiones deben ser distintas a las de los demás chilenos porque sus misiones son diferentes, porque ofrecen una disposición combativa absoluta, entrega 24/7 en defensa de la integridad del territorio nacional, la promesa de ofrendar sus vidas por la misión encomendada, y listo. Fox-Alfa-Gama a las cerocincomilochocientas, y ya está.

         ¿Y por qué no podemos exigir respuestas más claras? La malla curricular de los cadetes en la Escuela Militar no pasa por la aprobación del Ministerio de Educación ni es conocida por los civiles; en su planta académica y administrativa sigue habiendo personal civil a contrata que proviene de las filas de la DINA y la CNI. ¿Inculcando valores éticos y morales? Y los oficiales de la FACH que reciben pensiones enormes cuando comparadas con las de los chilenos civiles, ¿conocen la disposición combativa a la que están obligados los millones de chilenos que trabajan, producen, se comen el orgullo hacinados en el Transantiago cada madrugada y cada tarde, se endeudan para salir del hoyo chico y caer en el hoyo grande? Los que reciben las pensiones a las que se refiere el general no son los rasos ni los suboficiales; son los oficiales, precisamente aquellos que no suelen morir en las guerras (los que van al frente son los “pelados”). ¿La defensa territorial contra enemigos externos? En toda la historia de la Fuerza Aérea chilena, nunca se han utilizado los modernos aviones ni sus misiles contra de un enemigo externo, jamás, y cuando se ha hecho uso de estos equipamientos ha sido contra chilenos y se ha bombardeado territorio chileno. Pero se nos lanza un Fox-Alfa-Gama a las cerocincomilochocientas, y ya está.

 

La derecha, encabezada por la UDI, pretende que los militares encarcelados por violaciones a los derechos humanos reciban beneficios, colocándolos a la altura de víctimas. Incluso el presidente de la Corte Suprema estaría por aplicar beneficios ¿Crees que a la larga esto se concretará? 

         Creo que esto ya es así desde que se instaló la práctica de la medida de lo posible, desde que se defendió a raja-tabla desde el Estado el retorno de Pinochet desde Londres, desde que el Ministro del Interior de la época se escondió en su oficina durante el boinazo, desde que se inauguró Punta Peuco.

 

Salvo para los familiares de las víctimas del genocidio pareciera ser que para la sociedad chilena -en general- las violaciones a los derechos humanos son una piedra en el zapato. ¿Crees que el imaginario de los chilenos mantiene aún cierta admiración por una supuesta “tradición democrática” de los militares?

         Por definición, no existe tal tradición democrática de los militares, ni ha existido, ni puede existir. Pero no es culpa de los militares. La institución castrense es por esencia antidemocrática; ahí no hay deliberación ni discusión posible. Su misión no es la defensa de la democracia ni de la institucionalidad democrática. Los regimientos no son asambleas ni se eligen a sus comandantes. Cuando se alaba a un militar por ser “constitucionalista” es como si se alabara a un juez por “ceñirse a los dictados de la ley”. Una Constitución legítima debe indicar cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas, y los militares, como funcionarios públicos, están obligados (deberían estarlo) a acatar tales normas de convivencia y las responsabilidades que en ellas les caben, del mismo modo en que deben hacerlo todos los demás ciudadanos del país. Aquí, en Chile, “la encuesta de opinión” es de suma importancia. La parada militar es superada en rating televisivo sólo por los partidos de la Roja, la Teletón y el Festival de Viña. ¿Somos un país regimental?