El Clarín Digital

Valparaíso.-  Acorralado por las protestas estudiantiles, atormentado por el bajo respaldo a su gestión y consciente de que el voto joven será decisivo en las elecciones del próximo año, el presidente Sebastián Piñera decidió marginar a la banca del sistema de créditos universitarios.

El sorpresivo anuncio fue realizado el 23 de abril en La Moneda por el ministro de Educación, Harald Beyer. De acuerdo con el plan Sistema Integrado de Financiamiento, los créditos de educación superior serán administrados por una agencia estatal de próxima creación.

Los cambios en materia de financiamiento de la educación encierran una paradoja: siendo el presidente Piñera un riquísimo empresario ligado al sector financiero, como resultado de la enorme presión estudiantil debió sacar a la banca de la entrega de créditos de educación. Durante el último lustro este negocio le dejó a los bancos ganancias de 550 millones dólares.

El nuevo modelo de financiamiento pondrá fin al cuestionado Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005 por el presidente socialista Ricardo Lagos y que entregó a la banca el manejo del financiamiento universitario.

El CAE se fundaba en la idea de que la obtención de una carrera universitaria generaría un alto retorno de recursos a quien la obtuviera, por lo que no correspondería al Estado subsidiar la educación sino entregar créditos.

Según Beyer la tasa de interés del nuevo sistema será de 2% anual, un tercio de la tasa actual. Quienes se hayan endeudado para estudiar deberán comenzar a pagar una vez que inicien su vida laboral y el valor de la cuota no podrá sobrepasar 10% de sus ingresos. Esto también es un avance puesto que en la actualidad hay muchos profesionales que deben destinar alrededor de 30% de sus ingresos al pago de las deudas contraídas por estudiar.

Aunque los cambios en educación suponen un avance del movimiento estudiantil, sus líderes se mostraron cautos al considerar que no resuelven sus demandas centrales. En entrevista con Proceso, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, Marjorie Cuello, expresó sus reservas ante los cambios anunciados. En primer lugar denunció que los estudiantes que ahora están sujetos al sistema CAE mantendrán sus deudas con los bancos aunque la tasa de interés será rebajada de 6 a 2% gracias a un subsidio del Estado.

No obstante, Cuello dijo que “sacar a la banca privada de la educación es un logro del movimiento social y no es un gesto político gratuito del gobierno. No es que un día ellos se hayan despertado y hayan dicho: ‘Saquemos a los bancos del financiamiento a la educación’, sino que lo determinante fue que hubo toda una presión social que hizo posible este cambio”. Alude a las movilizaciones estudiantiles de 2011 en las que participaron millones de estudiantes que reclamaban educación gratuita y fin al lucro.

Del actual proyecto la lideresa criticó que “no se esté diferenciando entre instituciones que lucran e instituciones que no lucran. De hecho el único requisito que tendrán las instituciones beneficiarias de estos créditos es estar acreditadas ante el Ministerio de Educación. Y todos saben que el sistema de acreditación es poco transparente puesto que instituciones de muy mala calidad y que lucran descaradamente pagan para ser acreditadas”.

Concluye: “Mientras no se ponga fin al lucro en la educación la reforma del financiamiento no podrá ser considerada ni siquiera un avance en nuestras demandas principales. Nosotros aspiramos a una reforma que solucione el problema del endeudamiento y que entregue sustantivos aportes basales a las universidades del Estado, lo que no se prevé en la reforma del ministro Beyer”.

El anuncio de Beyer fue hecho dos días antes de otra marcha estudiantil. Y si el objetivo era aplacar las protestas, no se cumplió. El 25 de abril se congregaron decenas de miles de estudiantes en las más importantes ciudades de Chile y replantearon en las calles sus demandas de educación pública y gratuita. Sólo en Santiago se reunieron 80 mil.

Cabe considerar que la aceptación de Piñera oscila entre 23% y 26%. El bajo apoyo y la inestabilidad social ponen en riesgo la viabilidad política de su mandato y cuestionan las bases del modelo político, económico y social instaurado tras el golpe militar de 1973 y conservado en la aún vigente Constitución de 1980.

El semanario inglés The Economist –en un reportaje publicado el pasado 12 de abril– culpó de esta crisis a Piñera, a quien definió como “político inepto”. En la nota Chile: Progress and its discontents, Michael Ried dijo que la causa del malestar social en el país es la gran desigualdad y concentración de la riqueza, destacando el negativo papel que juegan los oligopolios en casi todas las áreas de la economía y el hecho de que el sistema tributario “favorece a los más acomodados”.

El 26 de abril Piñera anunció en cadena de radio y televisión que su gobierno impulsará una reforma tributaria que recaudará mil millones de dólares anuales, que se destinarán íntegramente a educación.

Propaganda engañosa

El 1 de junio de 2005 Ricardo Lagos promulgó la ley que creó el CAE. Lo hizo casi en secreto, sin convocar a los medios, lo que apunta a que ni él creía en las virtudes de este sistema que presentó como una herramienta “para ayudar a aquellos estudiantes de escasos recursos que están en el sistema privado (a que) puedan acceder (a) seguir estudiando”, consignó La Nación el 3 de junio de 2005.

Lagos impulsó esta ley pese a las protestas de los estudiantes de universidades estatales, ante quienes reaccionó con ironía o incomprensión: “Me sorprende realmente que haya estudiantes que se molesten porque otros estudiantes van a poder acceder al sistema universitario”, dijo a La Nación.

El 9 de junio de 2005 el entonces ministro de Educación, Sergio Bitar, declaró a este respecto que “ahora los pobres podrán estudiar con el aval del Estado”.

Sin embargo, en un lustro la realidad del CAE demostró ser distinta. En entrevista con Proceso, el economista y exjefe de cuentas del Banco Central Marcel Claude sostuvo que el promedio de deuda de quienes han terminado sus carreras con financiamiento bancario es de 40 mil dólares. “Esto es muy grave –aseguró– si se considera que 40% de los que contrajeron dichos créditos ni siquiera termina su carrera, quedando con deudas impagables”.

Claude señaló que diversas instituciones proyectan que 40% de quienes hayan estudiado con financiamiento bancario desertará por razones económicas o por decepción ante la mala calidad de la educación recibida. “Y 60% de quienes se titulen no podrá ejercer en su área de especialización profesional por no haber campo laboral”.

Claude piensa que “el sistema de endeudamiento bancario de la educación es un mal sistema que sólo favorece a la banca y perjudica severamente a los endeudados, muchos de los cuales deben trabajar toda la vida para pagar un plan de estudios que no les sirvió para nada”.

Explican los periodistas Juan Andrés Guzmán y Gregorio Riquelme en el reportaje CAE: Cómo se creó y opera el crédito que le deja a los bancos ganancias por $150 mil millones (300 millones de dólares)”:

“Los bancos han acumulado ese dinero gracias a la ‘recarga’, un ítem poco conocido del crédito CAE (que en esencia ) implica que los bancos le prestan a los estudiantes que hoy financian su educación superior desde 2006 usando CAE, a cambio de que luego el fisco compre algunos de esos créditos con un sobreprecio. Es decir, si un banco le da a un estudiante un crédito por 1 millón de pesos, esa institución tiene derecho, unos meses después, a vender ese crédito al fisco por 1 millón 200 mil pesos. En este ejemplo la recarga es de 20% y es una recarga moderada, pues en los seis años de vida del sistema se han registrado recargas de hasta 69%.”

Guzmán y Riquelme sostienen que “usando este mecanismo los bancos le han vendido al fisco préstamos de alumnos por un monto de 443 mil 720 millones de pesos y el fisco les ha pagado 591 mil 887 millones”.

En mayo de 2011 el Banco Mundial emanó un informe en el que evaluaba el funcionamiento del CAE. En sus conclusiones expresó: “La manera en que está construido el sistema actualmente le permite a los bancos acumular una rentable cartera libre de riesgo, cargándole al Estado un segmento de alto costo y cobrando primas exageradas”.

Es importante señalar en este sentido que, según datos entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, a precios relativos la educación superior en Chile es la más cara del mundo. Tiene un valor promedio anual de tres mil 400 dólares, equivalentes a 22.7% del PIB per cápita. En este rubro se supera a Estados Unidos, Inglaterra, Australia y Japón.

Miedo a los jóvenes

Más que un ánimo de corregir las injusticias del modelo educativo, a Piñera lo motivó el deseo de “abuenarse” con los jóvenes por miedo a que castigaran en las urnas a la Coalición por el Cambio, alianza que lo llevó al poder en marzo de 2010 y que está compuesta por las derechistas Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.

Los jóvenes tienen el poder para hacerlo luego de que, tras la promulgación en diciembre pasado de la Ley de Inscripción Automática y Voto Voluntario, 5 millones 300 mil personas hasta ahora no inscritas fueron habilitadas para votar. Bastante si se considera que hasta ahora había sólo 8.3 millones de inscritos, lo que significa un incremento de 65% del padrón electoral, el más importante que se haya producido en la historia. El 97% de los nuevos inscritos para votar son menores de 45 años.

Los jóvenes dejaron de inscribirse desde principios de los noventa como resultado de la desilusión con la transición a la democracia. Por lo mismo, el padrón electoral hasta hace poco vigente estaba constituido básicamente por quienes se registraron en 1988 con ocasión del plebiscito que debía decidir la permanencia o no del dictador Augusto Pinochet en el poder, proceso que llamó la atención de toda la ciudadanía.

Según datos del Servicio Electoral (2010), 95% de las personas de entre 18 y 24 años no están inscritas en los registros electorales. Esta cifra es aún mayor entre los jóvenes de los sectores más desposeídos.

Artículo publicado en el semanario Proceso de México