Miércoles, 13 de Diciembre 2017
Mensaje
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

La Concertación debe explicaciones (LXIV): defensa de la impunidad de la tortura

Publicado el 11 Noviembre 2013
Escrito por Felipe Portales

El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué desarrolló bajo sus sucesivos gobiernos políticas destinadas a consagrar la impunidad de la tortura sistemática llevada a cabo por la dictadura.

Desde ya, pese a que el Informe Rettig concluyó en 1991 que la tortura había sido un método sistemático de represión usado por la dictadura (Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pp. 111-4), el gobierno de Aylwin no inició ninguna investigación destinada a identificar y reparar a sus víctimas, ni menos a buscar la sanción penal de sus victimarios.

 

Luego –como se vio en el Capítulo LXII- los gobiernos posteriores llegaron al extremo de nombrar o mantener como agregados militares, embajadores o altos cargos del aparato del Estado a oficiales o profesionales de las Fuerzas Armadas involucrados en torturas u otras graves formas de violación de derechos humanos; sin siquiera preocuparse por el bochorno internacional que ello causaba.

 

Posteriormente, con ocasión de la detención de Pinochet en Londres en 1998 y de que la Cámara de los Lores aceptara su extradición a España por cargos de tortura; se reactivó significativamente la lucha de las víctimas y de las organizaciones nacionales de defensa de los derechos humanos a favor de la verdad, justicia y reparación integral respecto de las gravísimas violaciones del derecho a la integridad física y síquica de las personas. En esta reactivación influyó mucho también la querella hecha a la segunda autoridad de la FACH a comienzos de 2001, el general Hernán Gabrielli, por haber torturado en 1973 en Cerro Moreno (Antofagasta) a varios presos políticos allí confinados; y como resultado de lo cual falleció el dirigente del MAPU, Eugenio Ruiz-Tagle. Las querellas fueron hechas por los ex presos políticos Carlos Bau Aedo, Juan Ruz y Héctor Vera Vera; y por los familiares de Eugenio Ruiz-Tagle y Mario Silva Iriarte (Ver El Mercurio; 20-2-2001).

 

Sin embargo, el Gobierno reaccionó ¡con molestia! ante dichas querellas. Así, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, declaró que “cuando la gente anda mostrándose los dientes por las calles también es una alteración de la paz (…) un espíritu de reconciliación y de progreso del país (…) es lo que necesitamos. Y eso no se consigue mirando permanentemente al año 73, porque ese año estábamos profundamente divididos. Entonces, ¿quién puede pensar que mirando obsesivamente al 73 vamos a forjar la paz y el progreso del país?” (La Tercera; 18-2-2001). Y se preguntó: “¿queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores?, ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FF. AA.” (La Nación; 15-2-2001).

 

A tanto llegó la presión gubernativa en ese sentido, que el PS y el PPD llamaron públicamente a no inhibirse de presentar querellas por torturas (Ver La Segunda; 20-2-2001). Incluso, la diputada del PPD Laura Soto deploró que “desde La Moneda se han dado señales equívocas, malsanas, con actitudes perversas”. Y en concreto cuestionó que Insulza “trate de inhibir, diciendo que los Tribunales no van a dar abasto si se hacen todas las querellas por torturas. Eso nos parece inaceptable, porque se está conculcando la Constitución Política” (La Segunda; 20-2-2001).

 

Luego, la presión de los organismos de derechos humanos se encontró con la renuencia del propio Lagos a encarar incluso la tarea de identificar y reparar a las víctimas de

la tortura; como se lo expresó en una entrevista a los directivos de la Comisión Etica contra la Tortura. ¡Tuvo que surgir en 2003 desde la UDI un cuestionamiento al desamparo de las víctimas, para que finalmente el Gobierno se decidiera a enfrentar el tema con la Comisión Valech!

 

Pero dicha Comisión fue creada con tales restricciones para poder calificar a las víctimas y con tales falencias en su labor de difusión, que logró que una proporción muy menor de aquellas (¡menos de 30.000!) lograsen finalmente inscribirse. De este modo, no fueron objeto de la convocatoria o fueron arbitrariamente excluidas por el Reglamento de la Comisión las personas que hubieran sufrido tortura fuera de los recintos de detención; los que entretanto hubiesen fallecidos aunque sus familiares comprobasen su carácter de víctimas; las personas detenidas por menos de cinco días; los niños que fueron detenidos con sus padres; los extranjeros; y los ciudadanos chilenos que hubiesen sufrido torturas en el extranjero en el marco de la Operación Cóndor.

 

Por otro lado, ¡la única inserción informativa en un diario de circulación nacional respecto de la convocatoria de la Comisión se efectuó en La Tercera del 23 de noviembre de 2003! ¡Y en TVN se efectuó por pocos días un breve mensaje sin audio que era virtualmente incomprensible!

Además, el gobierno de Lagos se opuso inflexiblemente a ampliar los plazos de inscripción de las víctimas, pese a que se lo demandaron públicamente numerosos parlamentarios; personalidades y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y el propio Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

 

A su vez, en la Ley de Reparaciones que se aprobó “entre gallos y medianoche” por la Concertación y la Alianza a fines de 2004 (¡en un plazo de 48 horas!) se desoyeron casi todas las recomendaciones de reparaciones materiales, legales y morales efectuadas en su Informe por la propia Comisión Valech. Pero sin duda que lo más grave de dicha ley fue que consagró la virtual impunidad de las torturas cometidas por el régimen dictatorial al establecer un secreto de 50 años de los antecedentes recogidos por el Informe y al ¡prohibirle al mismo Poder Judicial tener acceso a dichos antecedentes!: “El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior. Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo”. Lo anterior no solo vulnera de forma aberrante la Constitución y las leyes, sino además el conjunto de los principales tratados internacionales de derechos humanos de los que Chile es Estado Parte y los más elementales principios del derecho y la justicia.

 

El gobierno de Bachelet dio un nuevo plazo para la inscripción de víctimas –también breve y con escasísima difusión- y generó el Museo de la Memoria, en la línea de las reparaciones morales recomendadas por la Comisión Valech. Pero mantuvo dicha inicua cláusula de impunidad, pese a que tuvo mayoría parlamentaria por casi dos años como para eliminarla, aunque la Alianza se hubiese opuesto. Y en sus propósitos programáticos para su inminente gobierno futuro esta elemental exigencia ético-jurídica brilla por su ausencia…