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Economía

El reajuste ratón de los funcionarios públicos: los trabajadores traicionados

Publicado el 28 Diciembre 2010
Escrito por Paul Walder
dscf2230Tras la aprobación del reajuste del sector público para el año 2011, el único ganador ha sido el gobierno. Los gremios de servidores del Estado, a la cabeza de ellos la Anef, consiguieron un aumento de sólo 4,2 por ciento, que descontado el IPC equivale a un magro 1%. La Concertación exhibió otra vez sus divisiones internas y la CUT, dirigida por el socialista Arturo Martínez, fue objeto de duras acusaciones de los decepcionados trabajadores que sospechan negociaciones ocultas con el gobierno, en tanto emergieron a la luz pública discrepancias entre la CUT de Martínez y la Anef, que preside el también socialista Raúl de la Puente.


Pero nada de ello se compara con la rabia que ha generado la actitud del presidente del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, ex ministro del Trabajo del gobierno de Bachelet y líder de la Concertación en materias laborales. Durante la votación clave para definir el futuro del reajuste, Andrade abandonó la sala, no votó. Así permitió un estrecho triunfo de 43 contra 42 votos para el gobierno. Aunque Andrade ha insistido en que su “conducta obedeció a una solicitud de los trabajadores y de sus dirigentes”, su abstención levantó violentas críticas de sus socios de la Concertación. Desde la Democracia Cristiana un grupo de diputados, entre ellos Pablo Lorenzini, Ricardo Rincón y Gabriel Ascencio, pidió congelar la participación de la DC en las reuniones de la Concertación -de la que Andrade es vocero-, en tanto el ex PPD René Alinco lo calificó directamente de “traidor”. Su camarada socialista Marcelo Díaz pidió que la decisión del presidente del partido sea analizada en una reunión extraordinaria, porque ha puesto al PS “en medio de una grave crisis”.

Fue precisamente Arturo Martínez, acusado como una suerte de cómplice en la decisión de Andrade, el único que defendió la marginación de la votación del presidente del PS. Lo que aparentemente buscaba Martínez era apurar la aprobación del reajuste para empujar el pago de bonos y aguinaldos asociados al proyecto, lo que le habría comunicado a Andrade. Una negociación que no consideró las otras demandas de los miles de trabajadores -en aquel momento en las calles- que pedían un reajuste sobre el cinco por ciento y congelar los despidos en el sector público. Andrade defendió su actitud de la noche del miércoles 15 sobre la base de este acuerdo con Martínez y recordó a la prensa y a los trabajadores que la CUT es, finalmente, la entidad que coordina las negociaciones de la mesa con el sector público. “Los gremios, dijo, nunca me pidieron que votara favorablemente. Lo que he hecho es viabilizar la aprobación de un reajuste, tal cual como lo pidieron los trabajadores. Ibamos a rechazar cualquier reajuste inferior a cinco por ciento con una excepción: que los gremios nos pidieran una conducta distinta”, declaró.

Y también respondió a las críticas de sus socios de la Concertación. “Si algunos parlamentarios quieren poner en tela de juicio su participación en la coalición o la vocería (como pidió Gabriel Ascencio), me gustaría que el presidente de ese partido (la DC) me lo dijera. Pero quien coordina la mesa del sector público, por mandato de los propios gremios, es el presidente de la CUT. Me voy a quedar por ahora con la opinión de ese dirigente”. En aquellos momentos los mejores aliados de Andrade eran Martínez e Ignacio Walker, presidente de la DC. Para Walker, Andrade, que ha sido su aliado para acotar a la Concertación frente a los intentos de algunos parlamentarios por ampliar su base hacia el centro y la Izquierda, había actuado de “buena fe y en consecuencia; creo que es un tema que debe resolver el PS internamente”.

Cena en un restaurante del Barrio Alto

Las decisiones de las dirigencias políticas y sindicales quedaron en evidencia días más tarde, a través de la filtración a la prensa de las negociaciones entre Arturo Martínez, los dirigentes de la Concertación y el gobierno. Un pacto a espaldas de los trabajadores suscrito la noche del domingo 12 de diciembre, publicó El Mercurio sin ser desmentido, en un “restaurante en el sector oriente de Santiago” entre los ministros Felipe Larraín y Cristián Larroulet con Osvaldo Andrade y el senador Camilo Escalona. El plan buscaba destrabar las negociaciones, aprobar un reajuste del 4,2 por ciento más un bono de 215 mil pesos y marginar a los sectores gremiales “duros”, liderados por Raúl de la Puente, que pretendían revertir los despidos y un reajuste del cinco por ciento.

Para el gobierno, el reajuste del 4,2 por ciento era “intransable”, ya que se trataba de una señal política y económica para otras organizaciones de trabajadores. Para los dirigentes de la Concertación la fuerte postura del gobierno atada al 4,2 por ciento, y un eventual nuevo rechazo por la Cámara de Diputados a este incremento salarial, podrían generar una crisis política que terminaría pagando la oposición.

Con estas variables sobre la mesa, surgió el pacto que levantó a Arturo Martínez como el hombre clave entre el gobierno, la Concertación y los gremios. Martínez, único interlocutor válido para el gobierno de Sebastián Piñera, fue el encargado de convencer a varios dirigentes de los beneficios de esta propuesta, así como aislar a los sectores sindicales más duros.
Ha sido un pacto, una negociación y finalmente una decisión de cúpulas político-sindicales, prácticas que la Concertación ha utilizado durante décadas. Pero esta vez ha habido variables muy diferentes. Por primera vez en veinte años la Concertación no está en el gobierno y también por primera vez en dos décadas los dirigentes sindicales no pertenecen a partidos en el gobierno. Y hay también una tercera y no menor variable: las movilizaciones y la presión sindical han sido inusuales durante el periodo señalado. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), ha demostrado gran capacidad de convocatoria, con cerca de 40 mil personas marchando en Valparaíso, fuerza que no desaparecerá tras las negociaciones por el reajuste. Otras columnas impresionantes, de más de veinte mil funcionarios públicos, se desplazaron en Santiago y Concepción.

El gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esta vez ha salido triunfante. Logró imponer un reajuste por debajo del cinco por ciento, mínimo exigido por los gremios, y las protestas por los despidos en el sector público quedaron en nada. De cierta manera, si se quiere buscar perdedores, han sido no sólo la dirigencia de la Anef, aparentemente opacada por la CUT y las cúpulas partidarias, sino los miles de trabajadores que, pese a las movilizaciones y sanciones, no lograron sus objetivos.

Tras la frustrada negociación, hay otros efectos que destacar. La fuerza de las movilizaciones no ha sido bien canalizada por las dirigencias. Lo que hemos visto en las calles y en los masivos paros en las distintas reparticiones públicas, no ha sido usado por la dirigencia política como un arma de negociación. Porque las condiciones existían para empujar el conflicto y generar una crisis política. Esa fue la postura de varios diputados opositores, liderados por el DC Gabriel Ascencio. Durante los días previos al miércoles 15, Ascencio pretendía que la oposición rechazara la propuesta de reajuste de 4,2 por ciento y generara una crisis política en el gobierno, que estaría amplificada por las movilizaciones y paros. Un clima de conflicto que obligaría a Hacienda a elevar la propuesta de reajuste.

Tras estas incidencias se ha transparentado la maquinaria política que trabaja a espaldas de sus representados, y la falta de representatividad, que no sólo es evidente en la relación de los legisladores y los electores sino también entre los trabajadores y sus dirigentes. Martínez actuó en la sombra y ha pasado a ser más valioso para el gobierno que para los sindicatos.

Frustración y rabia

En los gremios del Estado hay frustración. Porque las movilizaciones han sido abortadas por sus propios dirigentes, lo que ha colocado la representatividad sindical en el centro de la agenda. El presidente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación, Egidio Barrera, expresó lo que una buena parte de los gremios sienten: “Arturo Martínez, a lo largo de las negociaciones que nos ha tocado vivir junto a la CUT, ha sido -en la práctica- un personaje que ha traicionado al mundo del trabajo. (…) actúa bajo líneas de intereses personales e intereses partidarios y no se preocupa de, efectivamente, fortalecer la situación de los trabajadores frente a las demandas a las autoridades”, dijo a El Clarín.cl. Barrera también apunta a la institucionalidad de la CUT, ya sea a su sistema de votación como a su estructura, que “favorece la permanencia en el poder de personajes corruptos, lo que pone en tela de juicio su credibilidad ante la sociedad. Esto perjudica a organizaciones prestigiosas como la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales”, dijo.
Las críticas vinieron también desde la cabeza de la Anef. Aun cuando De la Puente optó por no atacar públicamente a Martínez, sí expresó su abierto repudio a la actitud de Andrade, que calificó de “repudiable”, a la vez que dejó claro que el acuerdo entre oposición y gobierno mereció el rechazo de la asamblea de funcionarios públicos.

Esta crisis debiera llevar a transformaciones democráticas de las dirigencias en momentos de auge y efervescencia laboral y social. Será necesario encauzar las actuales fuerzas sociales para obtener no simples demandas salariales, sino reformas a la legislación laboral, normativas sindicales y otra institucionalidad sindical. Aun cuando durante 2010 hubo importantes huelgas -como Collahuasi, Farmacias Ahumada, el Metro de Santiago y los trabajadores de Casino Monticello-, sus logros han sido muy discretos. La normativa laboral, que dificulta la sindicalización y los procesos de huelga, surge hoy como uno de los grandes obstáculos para la lucha de los trabajadores.

Pese a esta derrota, hay señales de una recomposición del movimiento sindical, por encima de todos los obstáculos normativos que impiden la sindicalización y el derecho a expresar las demandas de los trabajadores. Por ejemplo, un estudio realizado en 2008 por la Dirección del Trabajo reveló que casi el 20 por ciento de los dirigentes sindicales ha denunciado alguna vez las prácticas antisindicales, en tanto un 22 por ciento afirma que sus empresas presionan de diversas formas a los dirigentes sindicales. La represión del empleador se ejerce con todo el poder que le confiere su posición en la empresa, señala este informe. “Frente al conocimiento de la eventualidad de formación de sindicato, procede a despedir a quienes considera agitadores, en tanto que los trabajadores se ven agraviados por el solo hecho de ejercer los derechos que la Constitución y las leyes les garantizan”. Estas presiones se amparan en la aplicación de la conocida norma “necesidades de la empresa” (art. 161 del Código del Trabajo), dispuesta por los legisladores para flexibilizar los despidos y facilitar la adaptación de la empresa a nuevas condiciones de competencia y agilizar la gestión de la plantilla de personal. Ha sido utilizada sin embargo para reprimir el ejercicio de los derechos laborales en general y los sindicales en particular.

Condiciones contextuales tan poco acogedoras para la organización sindical llevarían a suponer una afiliación sindical a la baja. “Sin embargo, dados la tradición de asociatividad laboral en el país y el despliegue de los dirigentes sindicales, en el curso de los últimos cinco años (2004-2008) se ha incrementado en un 18 por ciento la afiliación sindical total y en un 33,6 por ciento la afiliación de los sindicatos de empresa, lo que de paso desmiente el bajo interés que se atribuye a los trabajadores por la acción colectiva, aun cuando pudieran cuestionarse los beneficios obtenidos como motivación para sindicalizarse”. Según ese informe, los trabajadores han perdido el miedo a sus empleadores y están dispuestos a sindicalizarse y movilizarse. El actual clima social y laboral parece corroborar estas cifras.

Algo similar se observa con las declaraciones de huelga, que han venido aumentando durante los últimos años. Durante la segunda mitad de la década pasada se inició un proceso de activación de las demandas salariales. A partir de 2005, el número de huelgas por año pasó de 101 a 171 en 2009, cifra que según los datos más recientes volverá a crecer en 2010.

Las movilizaciones masivas de los funcionarios públicos y el nuevo clima de movilización laboral conducen a un nuevo momento de organización de la clase trabajadora, a un escenario social cuya fuerza y presión debiera conducir a una mayor independencia de los partidos y sus cúpulas. Un nuevo movimiento, impulsado por la necesidad de verdaderas y legítimas demandas, se está gestando en Chile.

PAUL WALDER
 

Granma: Burocracia frena acceso al trabajo privado en Cuba

Publicado el 28 Diciembre 2010
Escrito por Agencias

 

 

 

La burocracia frena el acceso al trabajo privado en Cuba, una de las reformas del presidente Raúl Castro, por lo que urge "cambiar la mentalidad" de los funcionarios, señalaron el martes autoridades y el diario oficial Granma.


"Hay que desatar sobre la marcha los nudos de la burocracia que entorpecen la entrega expedita de licencias a los trabajadores por cuenta propia", indicó el órgano de prensa del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único).

La subdirectora de empleo del Ministerio del Trabajo, Idalmys Alvarez, citó como ejemplo que en una oficina de permisos para el trabajo privado de La Habana se pedían cuatro documentos que no eran necesarios, lo cual implicaba "gestiones excesivas, demoraba el proceso y creaba una irritación lógica en las personas".

La ampliación del trabajo por cuenta propia a 178 oficios y a todos los que cumplan los requisitos mínimos es una de las medidas aplicadas por Raúl Castro para enfrentar el despido de 500 mil empleados estatales para abril de 2011.

"Este proceso implica un cambio de mentalidad y de la responsabilidad individual de las personas", manifestó Alvarez.

Las reformas, que el gobierno califica de "actualización del modelo" socialista, incluyen además apertura al capital extranjero, creación de cooperativas urbanas de producción y servicios, disminución de los subsidios y descentralización económica.

Hasta inicios de diciembre, 108 mil personas habían concurrido a las oficinas a solicitar información o licencias para trabajar privadamente.

Según Granma, más de 60 por ciento de las nuevas licencias concedidas corresponden a personas sin vínculo laboral y las actividades más solicitadas son la elaboración y venta de alimentos, así como productor-vendedor de artículos del hogar.

 

 

En Chile existen más pobres hoy que el 2006

Publicado el 28 Diciembre 2010
Escrito por Andrés Figueroa
 
Mientras Sebastián Piñera todavía exprime los últimos réditos político-mediales del espectacular rescate de los 33 mineros de la mina San José, también en Copiapó, el 8 de noviembre pasado Homero Aguirre y Daniel Lazcano, trabajadores de la mina de cobre Los Reyes, murieron en un nuevo accidente laboral. La explotación pertenece a la empresa Sociedad Legal Compañía Minera Del Sur.

Cuando cientos de cesantes, de los miles que quedaron en la calle luego del abrupto final de los empleos de emergencia en Concepción –en crítica situación luego del terremoto- maremoto de febrero de 2010-, viajaron a Santiago y luego al Congreso de Valparaíso para exigir la reapertura de los trabajados precarios; el presidente Piñera anunció las vigas maestras de su agenda de gobierno titulada con pompa “Chile País Desarrollado: Más Oportunidades  y Mejores Empleos”. La fórmula piñerista, simplemente es una extensión ampliada de las políticas de los últimos gobiernos de la Concertación en orden a aumentar la inversión en el país, incentivos tributarios a la reinversión de utilidades para las pequeñas y medianas empresas, la ‘modernización’ del Estado; planes de teletrabajo, facilidades para crear legalmente empresas, e impulso al turismo.

La fantasía publicitaria de convertir a Chile en un país no subdesarrollado sobre pilares que intensifican el aperturismo económico y la inversión transnacional sin trabas ni impuestos significativos sólo vuelven más dependiente a Chile de los precios del cobre. No resulta extraño que entre enero y octubre de 2010, el gobierno autorizara una inversión histórica de capitales de mega corporaciones extranjeras  que asciende a US$ 13.257 millones de dólares (más de 200% respecto de igual lapso del año 2009), distribuidos en un 83% hacia la explotación cuprífera; 9,1% a servicios; electricidad, gas y agua con un 4%; y comunicaciones con 3,4%. Los precios del metal rojo están en niveles extraordinariamente altos (como todas las materias primas del continente) debido a la temporal demanda asiática y particularmente, China. Esto, como también ha ocurrido en otros períodos, vuelve muy sensible la economía chilena al curso de las potencias que hegemonizan el planeta.

Al respecto, se agudiza el carácter primario extractivista del país, esos capitales foráneos emigran a su antojo y de acuerdo a variables incontrolables por el Estado chileno, y ofrecen poco trabajo. En buenas cuentas, se incrementa la naturaleza rentista del patrón de acumulación capitalista de la clase en el poder y se posterga la industrialización y diversificación necesaria del país para impulsar un proyecto nacional e integral de desarrollo. La clase mandante sólo persigue el beneficio rápido y a corto plazo, e hipoteca las bases genuinas de un país camino al desarrollo democrático, cuya estructura económica es deforme y, contra toda soberanía, dramáticamente subordinada al capital de las economías tutelares cuyos objetivos están muy lejos del bienestar e intereses de las mayorías nacionales.

 
Asimismo, con un desempleo estructural “oficial” que raya el 10%, la simplificación de creación de microempresas –que en la mayoría de los casos son negocios familiares- es una manera desesperada de multiplicar el mal trabajo a cuenta propia debido a que no existe trabajo formal para absorber la fuerza laboral sin empleo. Aquellas pequeñas y medianas empresas que se dedican a actividades productivas, además, están condenadas a vender sus productos a los precios que impone el gran retail cada vez más concentrado (la cadena supermercadista norteamericana Wal-Mart, que se llama Líder en Chile, es paradigmática en este sentido), con el agravante de intentar competir con mercadería asiática cuya importación carece de franquicias. Y cuando Piñera habla de “modernización del Estado”, simplemente se refiere  a su encogimiento, con el subsecuente aumento de la cesantía y menor fiscalización en todos los ámbitos. De hecho se esperan numerosos despidos hacia fines de noviembre, en el marco de una dura negociación colectiva con la mesa del sector público que demanda un incremento salarial de un 8,9%, toda vez que hasta el momento el gobierno ha ofrecido un escaso 3,7% nominal.
 
 
La acumulación capitalista por despojo o desposesión de recursos naturales esta vez tiene su punto crudo en el territorio del Lago Neltume, cuyas comunidades mapuche se resisten a la construcción del túnel de prospección para la Central Neltume, propiedad de la transnacional Endesa-Enel. Los comuneros mapuche indicaron que “Endesa-Enel ha invadido nuestro territorio, quitándonos el agua, apropiándose de los derechos de aprovechamiento continuo de los caudales de varios esteros que corresponden a familias de nuestra comunidad”. Entre las maldiciones de la prospección  está que la compañía “nos dejará sin nuestras yerbas medicinales al subir el caudal del Lago Neltume, la que hemos usado desde tiempos ancestrales y sin ellas moriremos”, y los mapuche aseguran que Endesa-Enel “debe comprender que los seres humanos no somos dueños de la naturaleza, sino que formamos parte de ella, y que el dinero y el lucro no pueden estar sobre los derechos colectivos de los pueblos”.
 
 
Los 1.500 trabajadores de la tercera corporación de cobre privada que explota el mineral en el país,  Doña Inés de Collahuasi, se encuentran en huelga desde el viernes 5 de noviembre. A 4.500 metros de altura en el norte grande, el presidente del sindicato, Manuel Muñoz informó que la compañía el 2010 tendrá utilidades de 3.000 millones de dólares, mientras los trabajadores están exigiendo 50 millones de dólares en tres años como suma de sus demandas.
 
En otro sector, los obreros de la construcción que edifican el Hospital de Puerto Montt, al sur de Chile, cuyas empresas concesionadas para la obra son Besalco, Moller y Pérez Cotapos, asociadas en el Consorcio Hospital de Puerto Montt, se han movilizado por las malas condiciones  de seguridad e higiene al interior de una obra estatal. Los operarios agrupados en la Federación de Trabajadores de la Construcción (Fetracoma), fueron desalojados de la faena con extrema  violencia por Fuerzas Especiales de Carabineros, con la anuencia del Gobernador de la zona, Francisco Muñoz;  la Secretaria Regional Ministerial de Salud, Mónica Winkler, y la del Trabajo, Andrea Rosmanich, quienes conocían perfectamente las pésimas condiciones en que se labora en la edificación. 23 obreros y dirigentes sindicales fueron detenidos.
 
 
Según la Encuesta de Caracterización Socio Económica 2009, Casen, que se efectúa por el Ministerio de Planificación cada 3 años, Chile es actualmente más pobre que el 2006. Es decir, de acuerdo al reporte oficial, si el 2006 la pobreza alcanzaba al 13,7% de la población nacional, hoy  llega a un 15,1%. Por regiones, la Casen titula en el ranking  de la  miseria a la Región de La Araucanía, con un 27,1%; la del Bio Bío con un 21%; la del Maule con un 20,8%; la de Los Ríos con un 20,4%; la de Atacama con un 17,4%; y la de Coquimbo con un 16,6%. Como es ya estructural, las mujeres son más pobres que los hombres (15,7 / 14,5%); y la población originaria más que la mestiza (19,9% / 14,8%).
 
Ahora viene lo importante. El corte o línea de la pobreza que fija el Estado es de $ 64 mil pesos al mes  (US$ 128 dólares) para los que viven en las ciudades y de $ 43 mil pesos mensuales (US$ 86 dólares) para los que habitan zonas rurales. Es decir, si al momento de realizarse la encuesta la persona obtiene un peso más que los mínimos señalados, para efectos estadísticos, ya no es considerada pobre. Y la línea de la pobreza se fabrica mediante una misteriosa canasta “básica de alimentos por persona cuyo contenido calórico y proteico permita satisfacer un nivel mínimo de requerimientos nutricionales”. Esto es, un conjunto de productos alimenticios –cuya calidad y origen no interesa- que un ser humano precisa para no desfallecer de inanición.
 
Es más. Con un supuesto fundado en el cinismo más abyecto, el informe de la Casen indica que “se asume que los hogares que logran cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación satisfacen, al mismo tiempo, los estándares mínimos de las otras necesidades básicas”. ¿Por qué se supone que alguien que apenas tiene para mal comer cuenta con los recursos para acceder a los servicios básicos (vivienda, electricidad, agua, gas, teléfono); a la salud, la educación y la seguridad social elementales y de excelencia, y qué decir de la recreación, un empleo estable y un largísimo etcétera? ¿Qué ciencia soporta esa hipótesis?
 
Ahora bien, el Estado raya la línea de la pobreza en $ 64 mil pesos, en un Chile donde dos viajes en el transporte público cuestan mil pesos, un kilo de pan otros mil pesos, una mensualidad universitaria más de $ 200 mil pesos promedio, y el arriendo de una habitación o cuarto al mes con baño compartido, entre 60 a $80 mil pesos. ¿Cuántos chilenos ganan por su trabajo –considerando un desempleo estructural que no sale del 8 al 10%- menos de $ 350 mil pesos (US$ 700 dólares)? ¿El 70 u 80% de la población?
 
Resulta obvio que la pobreza o el empobrecimiento de la población del país es mucho mayor que el 15,1%, que no es más que una cifra colocada en la vitrina para las evaluadoras de riesgo multinacionales que orientan al gran capital inversor para beneficio de una minoría rentista y gran propietaria.
 
En un microbús del Transantiago había un aviso pegado por algún usuario que decía “Si pago el pasaje, no como”. Ello es una verdad del tamaño del sol en un paisito cuyo PIB crece a un 6%, a costa de la más dura desigualdad social, concentración económica y explotación sin coto ni regulación alguna de seres humanos y naturaleza.     
 

Wikileaks dará un duro golpe a Wall Street el 2011

Publicado el 28 Diciembre 2010
Escrito por Agencias
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, informó este martes que develará nueva información, pero esta vez no será sobre la diplomacia estadounidense, sino de  Wall Street. El golpe será sacado a luz pública el primer semestre de 2011.Assange, dijo a la revista Forbes, de Londres, que el material revelará “prácticas antiéticas”, reseñó la agencia de noticias DPA.

El fundador de WikiLeaks asegura que el contenido del material busca “echar abajo un banco o dos”.

Presuntamente, se trata de comunicaciones internas que confirman corrupción en dicha entidad financiera, así como “como los e-mails de Enron”.

Assange, sobre quien pesa una orden de detención por la Interpol, justificó la divulgación por la necesidad de “promover reformas del sector financiero”.

Desde que estalló la crisis económica en Estados Unidos, ha habido sospechas de la mala práctica en casi la totalidad de los bancos. Sin embargo, la firma Goldman Sachs es la que más ha levantado sospechas sobre las irregularidades, tanto que es investigada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).

El creador del sitio Web, WikiLeaks, insiste en que a medida que el perfil de su página y el de él mismo crecen, se acelera de manera exponencial la cantidad de documentos que reciben.

Recalcó, en este sentido, que actualmente están en condiciones de hacer revelaciones que afecten al sector privado, no sólo al financiero, sino al energético y el farmacéutico.

Este martes, sucedieron diferentes reacciones sobre los 250 mil documentos divulgados por WikiLeaks y que ponen en riesgo la diplomacia estadounidense.

Muchos gobiernos del mundo se han pronunciado sobre el escándalo, que se originó este domingo tras la publicación de la noticia.

El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, condenó los hechos y las calificó -este martes- como "el último grado de irresponsabilidad". Por su parte, Arabia Saudí e Irán, han cuestionado la veracidad de los textos.

El portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Ramin Mehmanparast, indicó que "estos documentos fueron fabricados probablemente por servicios secretos de Occidente y Estados Unidos".

Entretanto, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sostuvo este lunes que las filtraciones dejaron el "imperio al desnudo, mostrando cómo irrespeta hasta a sus aliados".

En entrevista a teleSUR, el analista político internacional, James Petras, destacó que los documentos del portal WikiLeaks aún
no revelan las verdaderas políticas de Estados Unidos con el resto del mundo ¿Por qué no mencionan el apoyo de EE.UU. a terroristas que operan en Irán poniendo coches bomba y matando científicos?”.

“Por lo menos hasta ahora, WikiLeaks no está presentado más cables que revelan sobre las practicas norteamericanas, por ejemplo practicas de asesinos israelíes que colaboran con la CIA (Agencia Central de Inteligencia)”, subrayó.

La corresponsal de teleSUR en Washington, Aurora Sampeiro, sostuvo este martes que a través de una encuesta se pudo constatar que muchos estadounidenses no sabían sobre el tema de WkiLeaks, “otros le parecía embarazoso y no sabían cómo eran sacados a la luz” pública estos documentos.

Sobre el hecho de que, supuestamente, las relaciones no dañarán las relaciones de Estados Unidos con España e Israel, la periodista indicó que “las reacciones Departamento de Estado y el Pentágono han sido discretas”.

Finalmente, informó que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emprendió este martes una gira por Asia central y el Golfo Pérsico. 

 

Movilización social y laboral: “¡Así me gusta Chile!”

Publicado el 28 Diciembre 2010
Escrito por Paul Walder
Hacia inicios de diciembre había en Chile decenas de huelgas legales, un paro nacional de los empleados públicos y más de una movilización de organizaciones ciudadanas. Un clima social y laboral no registrado durante más de dos décadas que se expresa, tal vez de un modo paradojal o como un efecto de ello, en un periodo que las estadísticas establecen de muy bajo desempleo y de alto crecimiento económico. Pese a las estadísticas, y pese a la autocomplacencia gubernamental, el clima de expresión social parece contagiarse, retroalimentarse y reproducirse.


Hacia los primeros días del mes, según información de la Dirección del trabajo, habían 30 huelgas en curso, las que incluían a casi cinco mil trabajadores. Entre ellos,  los empleados del Casino Monticello, con 39 días en huelga, los mineros de Doña Inés de Collahuasi, con 27 días movilizados y los conductores del Metro, que entonces iniciaban su paro. Entre las tres empresas citadas había casi tres mil trabajadores en huelga.

Pero la fuerza de la movilización estuvo impulsada aquellos días por los funcionarios públicos organizados en torno a la Anef, que realizaron un paro nacional con una muy alta convocatoria y marchas masivas en las principales ciudades no observadas durante la última o las dos últimas décadas. La manifestación del miércoles 1 de diciembre en Valparaíso convocó, según informaron carabineros, a cerca de treinta mil personas, números desconocidos durante todos los años de la transición. Una presión inédita que tuvo también efectos inéditos en la Cámara al rechazar la propuesta de reajuste del gobierno, que en esos momentos alcanzaba un 4,2 por ciento.

Son numerosas y complejas las razones de la creciente ebullición laboral y social, la que se extendía en aquellos días a la movilización de los comuneros de la localidad de Caimanes, entonces en huelga de hambre por 68 días contra minera Los Pelambres por el riesgo de desborde de los relaves de desechos mineros. En otras áreas, hacia finales de noviembre hubo una protesta nacional contra el proyecto hidroeléctrico de la Patagonia Hidroaysén, manifestaciones en varias comunas del país de padres y apoderados por el cierre de escuelas de educación municipalizada y marchas en las regiones más afectadas por el pasado terremoto y maremoto por el lento proceso de reconstrucción y el fin de los planes de empleos de emergencia.  Durante los primeros días de diciembre, un paro de las funcionarias de Integra y el violento desalojo, con numerosos heridos, de un terreno en Rapa Nui volvieron a ocupar las portadas de los periódicos. Hacia el futuro, el anuncio del gobierno de poner en marcha a partir de enero del Bono Auge ha sido interpretado como un nuevo paso hacia la privatización de la Salud,  lo que ha puesto en alerta a los gremios del sector.

¿Auge económico?

El floreciente clima de ebullición social sucede en un momento de auge económico, fenómeno que explicaría en parte y sólo las protestas encauzadas como reivindicaciones salariales. El paro de la Anef, Collahuasi, los trabajadores de Monticello y también del Metro se han movilizado para lograr una mejor distribución de las ganancias de sus empleadores. Raúl de la Puente, presidente de la Anef, defendió un reajuste superior a un cinco por ciento porque, dijo, “si hay crecimiento económico de seis o siete por ciento, los trabajadores debemos ser partícipes de ello”. Esta misma intención se desprende de la movilización de los mineros de Collahuasi, empresa de las trasnacionales AngloAmerican, Xstrata y Mitsui que tuvo ganancias el 2009 por más de 1.500 millones de dólares y que este año, también con un alto precio del cobre, las mantendrá.

Al observar las dos últimas décadas, es posible establecer esta relación entre número de huelgas y crecimiento económico. Los primeros años de la década de los noventas del siglo pasado se registraron los mayores índices de movilizaciones sindicales, con un récord histórico de 247 huelgas en 1992, seguido por 224 en 1993, años que registraron tasas también históricas de crecimiento del producto. Recordemos que durante aquella década la economía chilena creció a una tasa promedio anual superior al siete por ciento, lo que llevó a gobernantes y oficiantes del libre mercado a hablar del “jaguar latinoamericano” y a vaticinar sin temor al ridículo el salto al desarrollo en pocos años más. Volver a oír casi veinte años más tarde el mismo anuncio y bajo las mismas políticas económicas no es más que una nueva versión de un mal chiste para las organizaciones de trabajadores.

Los menores índices de huelgas, según estadísticas de la Dirección del Trabajo, estuvieron durante los más bajos periodos económicos. Tras la crisis asiática, desatada a partir de 1998 y extendida durante los años siguientes, las huelgas en Chile bajaron a 121 en 1999, se mantuvieron en 125 el 2000 para caer a un mínimo de 86 el 2001.
Pero durante esta última década sucede un fenómeno particular. Esta relación entre demanda salarial y crecimiento económico parece romperse, lo que sugiere otro tipo de interpretaciones al observar otras variables. Durante la segunda mitad de la década pasada se inicia un proceso de activación de las demandas salariales, las que van a la par de un mayor crecimiento de la economía. A partir del 2005 la economía chilena, arrastrada por las diversas contingencias mundiales, fue reduciendo su tasa de expansión, para alcanzar el 2008 un escaso crecimiento del 3,7 por ciento hasta caer más de un punto el 2009. Durante ese periodo el número de huelgas por año pasó desde 101 el 2005 a 171 el 2009, lo que contradice el axioma que relaciona el número de huelgas con un alto crecimiento del producto.

El factor inequidad

Hay otros elementos para incorporar en esta interpretación. Desde la mitad de la década pasada el modelo económico chileno basado en la desregulación y apertura de todos los mercados comenzó a dar evidentes muestras de concentración. La riqueza creada, que ha sido a raudales, implantó en Chile una de las peores estructuras de distribución de la riqueza en el mundo, lo que se expresa diariamente al interior de las empresas al observar, por un lado, las enormes utilidades (como la mencionada de Collahuasi y muchas otras) y las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores. En un sector como el retail, que lidera los niveles de ganancias y cuyas empresas se han encumbrado entre las primeras sociedades anónimas no sólo de Chile sino de Latinoamérica, el sueldo promedio de un vendedor con jornada completa se ubica en torno a los 350 mil pesos, en tanto en la banca, otro de los sectores que destaca por sus altas utilidades, los cajeros reciben salarios similares. La reciente huelga de los trabajadores de Farmacias Ahumada dejó al descubierto condiciones laborales que lindan la obscenidad.

Los actuales anuncios complacientes del gobierno y de todo el establishment económico transparentan una realidad que hoy todos los trabajadores chilenos pueden ver con nítida claridad: la utopía neoliberal, que hoy funciona a toda máquina, ya está manifestada y es nuestra actual realidad. La utopía neoliberal está aquí. Es riqueza a raudales, pero extremadamente mal distribuida.

Con una tasa de desempleo en torno al siete por ciento y celebrada por algunos oficiantes del mercado como “virtual pleno empleo”, con la celebración pública por la creación de 300 mil nuevos empleos este año, con una expansión del consumo histórica y una tasa de crecimiento del producto superior al cinco por ciento, que se elevará al seis por ciento el año entrante, los administradores económicos no ocultan su satisfacción. Porque el objetivo ya está cumplido, el que no se expresa en los salarios de los trabajadores sino en las impúdicas utilidades de las grandes corporaciones. La mantención de los equilibrios macroeconómicos, la cautela en las demandas salariales, la permanente compresión del salario mínimo y otras consignas de la gestión empresarial es hoy para los trabajadores simple retórica que apunta a mantener un statu quo que favorece los altos dividendos de los accionistas de esas corporaciones.

Las ganancias corporativas durante el año corroboran esta percepción de los trabajadores. La banca obtuvo durante los primeros cinco meses del año utilidades por 690 mil millones de pesos (casi 1.500 millones de dólares), lo que representó un aumento interanual del 53 por ciento, en tanto el conjunto de las sociedades anónimas elevó sus ganancias en un 40 por ciento al primer semestre. La estatal Codelco, lo que da una referencia de los ingresos fiscales, ganó más de dos mil millones de dólares durante los primeros seis meses del año en curso.

La percepción es de un proyecto económico bien instalado y consolidado, en el cual los trabajadores son los invitados de piedra. La presión por mayores demandas apunta simplemente, como fue una tendencia histórica mundial durante los años de alto crecimiento económico de la segunda mitad del siglo pasado, a buscar una mayor participación en la generación de tanta riqueza. Una mejor distribución del ingreso, también lo demuestra la historia, sólo se ha conseguido por esta vía. En Chile, a la vista de la encuesta Casen, quedan enormes distancias que acortar, las que no las replegarán las políticas públicas inspiradas en un concepto de Estado asistencial subsidiario adosado a un modelo de libre mercado.

El creciente clima de ebullición social no queda acotado a las movilizaciones laborales. Porque aun cuando ha aumentado durante los últimos años la tasa de sindicalización, la población activa organizada en sindicatos es muy baja: sólo un 12,5 por ciento. Quienes pueden canalizar sus demandas a través de esta vía legal son una mínima proporción de los asalariados. La alta cantidad de empleos precarios e informales, la misma flexibilización de los contratos y las jornadas y los obstáculos aplicados por los empleadores para evitar la sindicalización fuerzan otras vías de escape para la expresión de las demandas, las que tampoco están limitadas a las salariales. El poder ubicuo de la gran empresa se expresa hoy en prácticamente todos los ámbitos sociales, estrellándose en todas direcciones con la ciudadanía. El caso de Caimanes, de Rapa Nui, de Hidroaysén y, por cierto, del pueblo mapuche, son ejemplos muy claros de la reacción de la comunidad ante la búsqueda de nuevos negocios por las grandes corporaciones. La aplanadora del libre mercado, que durante década pasó por encima de los intereses ciudadanos, hoy, finalmente, se halla ante múltiples obstáculos. Una percepción de alerta ha despertado a los trabajadores y a la comunidad organizada.

El gobierno y el empresariado observan con temor la negociación con la Anef como el modelo que seguirán los trabajadores del sector privado para organizar sus futuras demandas. Pero estas reivindicaciones tendrían que superar ampliamente los dos dígitos para comenzar a poner en problemas la rentabilidad del sector privado chileno, que aumenta, como vemos en el caso de la banca, a una tasa de más del 50 por ciento anual.

Con estas diferencias sobre las tasas de ganancias, las que van en su totalidad a los bolsillos de los accionistas, la inequidad en la distribución de la riqueza es un efecto natural de las políticas económicas. Mientras este nivel de ganancia la banca y otras corporaciones la ha mantenido durante unos veinte años en tanto regatea aumentos salariales del uno o dos por ciento, el resultado es uno de los países más injustos del planeta. El camino para torcer esta tendencia no está en las políticas gubernamentales, sino está en la calle, en la organización y movilización social.

PAUL WALDER
 

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