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Ponce Lerou, el agradecido

Publicado el 11 Octubre 2017
Escrito por Alicia Gariazzo*

Nunca en Chile, y pocas veces en el mundo, se ha conocido un enriquecimiento tan impúdico como el que vivieron los altos funcionarios de la CORFO durante la Dictadura Militar. Enriquecimiento avalado y decidido por el Consejo de la institución, en el cual tenían representación todos los Ministros del régimen.

 

 

En particular el señor Julio Ponce Lerou, al que sin embargo se debe reconocer, el haber demostrado su agradecimiento con enorme imparcialidad, ya que ha repartido plata entre moros y cristianos. No cabe duda que los chilenos siempre encontramos las formas de destacarnos.

 

No es para menos, ya que de oscuro funcionario, gracias a su arrasador paso por la CORFO durante la dictadura, ingresó en 2004 como Presidente de SOQUIMICH a los records de Forbes de los más ricos del mundo, con una fortuna declarada ese año de 3,3 billones de dólares. Ahora, como ex Presidente de esta empresa, privatizada en dictadura y proveedora de capitales para elecciones, cuenta con una fortuna de dos mil millones de dólares, ocupó en 2016 el lugar 1028 del ranking mundial de los más ricos, habiendo bajado del lugar 894 que tuvo en 2015. Revisando los actuales records de Forbes se puede observar que muchas fortunas allí consignadas parten de los aportes de Corfo entre 1973 y 1990.

 

Después del golpe de estado el agradecido Ponce Lerou comienza a trabajar en la CORFO, primero como Gerente de Empresas luego como Gerente General y hasta 1990 como Presidente del Directorio. Coincide en esto con Sergio Melnick Israel quien perteneció al Consejo de CORFO entre marzo de 1987 y agosto de 1989 como Ministro de ODEPLAN.

 

Desde allí se dio crédito a sí mismo, a través de la Sociedad Monasterio, creada entre él y su hermano Eugenio, que también tuvo cargos en la CORFO. El fue fiador de sí mismo.

 

La Sociedad no pudo pagar, por lo que el Estado chileno aceptó activos de menor valor, muchos de ellos inútiles para una institución estatal, como animales y otros enseres. Ello implicó una pérdida para CORFO, y por tanto para el país, de más de UF117.033, 64 al 30 de noviembre de 1990.

 

SOQUIMICH, que había sido creada en 1968 con un capital constituido en un 37,5% por la CORFO y un 62,5% de la Compañía Anglo Lautaro, también fue vendida a privados, entre ellos al señor Ponce, con enormes pérdidas, solo por el hecho de haber sido vendida, ya que contaba con grandes utilidades.  Desde la Corfo Ponce también es fiador del préstamo para comprarla. El perito judicial Rolando Godoy hizo en 1990 un análisis exhaustivo de ambos casos que involucraban a este señor, informes que se encuentran en los archivos de la CORFO.

El entregar créditos a los particulares que se hacían de las empresas estatales, no se utilizó solo en este caso. La mayoría de las empresas fueron privatizadas, es decir compradas con préstamos otorgados por el propio Gobierno. Posteriormente muchos de estos fueron condonados. En otras palabras la dictadura regaló a unos pocos la infraestructura económica que el país había formado en su historia.

 

Todo ello está documentado en el Informe de las Privatizaciones elaborado por una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en 2004. Informe que sorprendentemente nunca se ha publicado ni difundido, pero que se encuentra en los archivos de la Cámara de Diputados.

 

En este se demuestra que durante 1973 y 1990 se enajenaron y devolvieron 725 empresas y activos pertenecientes a CORFO, de las cuales 343 fueron devueltas a sus dueños por estar requisadas o intervenidas, de estas 35 fueron privatizadas dos veces por haber sido afectadas por la crisis de 1982.

 

También, antes de 1979, se implementó la contra reforma agraria, comenzada en el Gobierno constitucional de Eduardo Frei Montalva. Se entregó a privados 3.912 predios de 3.182.225 Hás. Alrededor del 30% de estas tierras fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos.

 

Junto con la privatización de la tierra se traspasó al sector privado la infraestructura de la intermediación agrícola, la maquinaria e insumos, el mercado de capitales, las empresas agroindustriales y el mercado de aguas. Según el Código de Aguas de 1951 este recurso se consideraba un bien nacional de uso público, no pudiendo particulares gozar o disponer libremente de las aguas de regadío. El nuevo Código de Aguas de 1981 decretó que las aguas seguían siendo de uso público, pero sobre ellas se constituía el denominado “derecho de aprovechamiento”, lo que permite a un particular su uso, goce y disposición, es decir puede transferir libremente el bien sin contemplarse un uso específico ni su caducidad.

 

En 1983, el Banco Mundial informa que el 70% de las empresas privatizadas quebró por falta de capacidad de los compradores o debido a la crisis de 1982.

 

 “Esto permitió que los grupos económicos usaran empresas y bancos adquiridos con anterioridad para comprar otras firmas, posiblemente también compradas con deuda, endeudándolas más para adquirir una nueva empresa licitada. Al mismo tiempo las condiciones de venta permitieron que los compradores se endeudaran con CORFO, pagando al contado un porcentaje relativamente pequeño. Todo esto culminó en un endeudamiento generalizado que llevó a que las empresas se encontraran en una situación financiera precaria con altas relaciones deuda/capital”.[1]

 

Durante los años 70 y principios de los 80, muchos inversionistas, incluyendo algunos de los conglomerados más endeudados, “capitalizaron” los pagos de intereses sobre sus deudas. Esta deuda subió varias veces por la compra de las empresas estatales y el proceso de monetización de activos. En el período 85-89 se usó la licitación sólo en el caso de la venta de algunas empresas menores y así los conglomerados nacionales adquirieron las empresas más grandes;  los inversionistas extranjeros adquirieron las compañías de seguros y las restantes fueron adquiridas por inversionistas individuales o fondos de pensiones.[2]

 

En otras palabras, el agradecimiento de Ponce Lerou se ha basado esencialmente en recursos de todos los chilenos.

 

Como siempre el que paga es Moya, que no es tan agradecido como Ponce.

 

ALICIA GARIAZZO

Directora de Conadecus

 


[1]Informe del Banco Mundial, 1983

[2]Los detalles del latrocinio se encuentran en el Informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de 2004

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