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Chile: del golpe de Estado fascista de 1973 al golpe de Estado blando de 1989

Publicado el 08 Noviembre 2017
Escrito por Hugo Murialdo

Se ha hablado y escrito bastante, por parte de la casta política y de muchos analistas políticos, para explicar que a partir de marzo de 1990,  Chile ha iniciado una transición a la democracia. Sin embargo, lo que realmente se inició en nuestro país a partir de esa fecha, es la consolidación a rajatabla del régimen neoliberal y su afianzamiento, luego del Golpe Blando del 30 de julio de 1989.

 

 

La verdadera transición, y no precisamente hacia la democracia, sino a un consenso que permitiera llegar hasta donde estamos el día de hoy, se inició mucho antes. Podríamos establecer abril de 1979,  fecha en que se divide el Partido Socialista de Chile, el inicio de la transición política y, especialmente, a partir de los primeros años de la década siguiente, con la “renovación ideológica” de una parte del socialismo.  Gracias al financiamiento de los Partidos Socialistas de Europa (de orientación socialdemócrata)  a través de una variada gama de ONGs, esta fracción logró, desde una posición  de poder dentro del PS, que la unidad se produjera, en 1989, en torno a esa concepción renovada del partido. Esto provocó que muchos antiguos cuadros, renunciaran  a la militancia.

Luego del triunfo del NO en el plebiscito del 5 de octubre 1988, la Concertación se vio en la necesidad de nombrar un candidato para competir en la elección presidencial de 1989, cuyo ganador debía asumir en marzo de 1990. Como era de esperar, la nominación debía recaer en un militante de la Democracia Cristiana. Para tal efecto, se habría de realizar una elección primaria en la que competirían  tres precandidatos: Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés Subercaseaux. La elección, llevada a cabo el 27 de noviembre de 1988, dio como ganador a Patricio Aylwin, seguido de Gabriel Valdés y, en tercer lugar, a Eduardo Frei. Sin embargo, hubo acusaciones de serias irregularidades en la elección, pues se conoció que antes del evento, se había manipulado el padrón electoral, incluyendo en él, más de 5.000 personas que no eran militantes. El caso se conoció como Carmengate, por el domicilio de la sede de la Democracia Cristiana en calle Carmen, en pleno centro de Santiago.

Con el “triunfo” de Patricio Aylwin,  la transición hacia el consenso con la dictadura y la derecha, seguía viento en popa. Hay que recordar que ya se iniciaba la discusión sobre las reformas que se harían a la Constitución de 1980, para lo cual, tanto la dictadura como la derecha,  pedían garantías para que los posibles cambios fueran sólo cosméticos. Para ello, qué duda cabe, nadie mejor que Patricio Aylwin como máximo dirigente de la Concertación. Gabriel Valdés había sido férreo opositor a la dictadura (había sido encarcelado un par de veces) y, por lo tanto, no era del gusto del tirano. Además, quién mejor que don Patricio para encabezar un golpe blando, con vasta experiencia en estas lides.

Al fin, el 30 de julio de 1989, Aylwin ve coronado su anhelo, consolidándose  el Golpe de Estado Blando con la aprobación de 54 reformas (consensuadas) a la Constitución espuria, ilegal e ilegítima de 1980 a través del plebiscito convocado por la dictadura cívico-militar. Es importante recalcar que la campaña de propaganda para aprobar dichas reformas fue estructurada y auspiciada no sólo por la dictadura, sino también, por la Concertación. La ciudadanía no tuvo oportunidad de debatir sobre las reformas, pues fueron conocidas y consensuadas por los que fueron designados para su discusión, al margen de los ciudadanos. Es más, el Decreto con la firma de Augusto Pinochet que convoca al plebiscito, tiene fecha 15 de julio de 1989, es decir, sólo 15 días antes de su realización.

La  Concertación basó su campaña para la aprobación de las 54 reformas por parte de la ciudadanía, en que éstas llevarían a hacer de la Constitución de 1980, un texto legal  más democrático. Sin embargo, y he aquí el porqué digo que ese plebiscito consolidó el Golpe de Estado blando, la mayoría de esas reformas fueron cosméticas y las que realmente importaban, sólo sirvieron para hacer más dificultosa cualquier reforma que se le quisiera introducir con posterioridad, con el Congreso en funcionamiento, debido al aumento de los quórums.  Así, la Concertación le ahorró el trabajo a Pinochet que quería dar un autogolpe el mismo día que perdió el plebiscito de 1988.

Gobiernos post dictadura.

Dicho lo anterior, creo que es un despropósito cuando se habla –y reitera- que a partir de marzo de 1990 Chile vive en democracia y viviría una transición hacia su profundización. Asimismo, es un lugar común que se repite constantemente, que la Concertación no podía hacer más en el camino hacia una democracia plena, por temor a un nuevo golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet, que seguía como comandante en jefe del Ejército en forma vitalicia. Esto no deja de ser una justificación para seguir gozando de los beneficios que le otorgaba y le sigue otorgando el modelo neoliberal que tanto le apasiona.

El general Pinochet no contaba con la fuerza militar dentro del propio ejército ni menos de las otras ramas de las fuerzas armadas, ni política dentro de la derecha  para una nueva aventura golpista. Hay que recordar que el día del plebiscito de 1988, el general Matthei, el almirante Merino y el general director de carabineros Rodolfo Stange, además de Onofre Jarpa, impidieron que Pinochet sacara las tropas a la calle para desconocer su derrota. Tanto los ejercicios de enlace y el boinazo posteriores y ya en la post dictadura, no fueron más que eso, ya que concernían sólo a un problema que afectaba personalmente al general Pinochet y a su hijo (caso pinocheques). Cuando llamó a Enrique Krauss,  en aquel momento vicepresidente de la República (el presidente Aylwin se encontraba de gira en el extranjero), y lo  amenazó con tomarse La Moneda, sólo uno de los presidentes de los partidos políticos que habían sido convocados de urgencia a la oficina de Krauss, exclamó: ¡que se la tome!

Por lo demás, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que había sido garante de las conversaciones entre los representantes de la dictadura y de la Concertación para llegar al consenso de las reformas a la Constitución, no habría dado el aval para que el general Pinochet, ni ningún otro militar, se hubiese embarcado en una nueva intentona golpista. Tanto es así, que cuando el tirano se puso un poco chúcaro y no daba su anuencia para avanzar en los acuerdos de marras, el Departamento de Estado, ni corto ni perezoso, le mandó un sutil mensajito envenenándole 4 granos de uva exportada desde Chile,  a punto de ser desembarcada en el puerto de Filadelfia.

Siguiendo una tradición.

Cuando se produce el golpe blando, con la aprobación de las 54 reformas a la Constitución de 1980, en el engaño plebiscitado el 30 de julio de 1989, no se hace más que jurar  lealtad a la Constitución pinochetista y a la absoluta convicción en el modelo neoliberal, dirigido y auspiciado por un Estado subsidiario, propuesto por los economistas de la flamante dictadura cívico-militar. ¿Pero de qué nos podemos extrañar, si  no hemos hecho más que continuar con una tradición que había comenzado hace 179 años? El 18 de septiembre de 1810 (fecha en que conmemoramos nuestra independencia), se convocó a un grupo de notables al cabildo abierto para elegir a la Primera Junta Nacional de Gobierno (asistieron entre 300 y 400 personas; el juramento de los nuevos gobernantes, estaba concebido en estos términos:”¿Jura usted defender la patria hasta derramar la última gota de sangre, para conservarla ilesa hasta depositar en manos del señor don Fernando VII, nuestro soberano, o de su legítimo sucesor, conservar y guardar nuestra religión y leyes; hacer justicia y reconocer al supremo Consejero de Regencia como representante de la majestad Real?”.

Y aquí estamos, casi tres décadas después de producido el golpe blando, creyendo que vivimos en democracia y financiando a un Estado que discute proyectos de ley sobre cuestiones que fueron resueltas hace casi  140 años. La educación gratuita fue instaurada por ley en 1879, suscrita por el presidente Aníbal Pinto y Miguel Luis Amunátegui, su ministro de Instrucción Pública. Es decir, la gratuidad de la educación tuvo vigencia durante un siglo, hasta que es derogada por la dictadura cívico-militar.

En síntesis, Chile tiene un  Estado en situación de dictadura, por lo tanto ilegal e ilegítimo, pues quiéranlo o no, seguimos regulados por la Constitución de 1980. Mientras no se cambie a través de una Asamblea Constituyente, lo que se debió haber hecho en vez del golpe blando, una vez terminada la dictadura real,  Chile no se habrá constituido en un Estado legal y legítimo. En el peor de los casos, debió insistirse en derogar la Constitución de 1980 y volver a la de 1925 mientras se convocaba a una Asamblea Constituyente. Por lo demás, muchas de las cuestiones que se discuten hoy día, ya estaban prescritas en ese cuerpo legal. Hay que recordar, como lo he explicado en artículos anteriores, que la Carta Magna de 1925 no ha sido derogada por órgano competente alguno. Si no se lograba consenso para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, por último, estudiar las reformas necesarias para actualizarla a la demanda del nuevo milenio: divorcio, reforma judicial, aborto (aunque ya existía el aborto terapéutico, únicas cuestiones  que no estaban contempladas en dicho cuerpo legal y que han sido objeto de reformas.  Podría seguir con múltiples ejemplos, pero sólo mencionaré las políticas sobre salud y vivienda social.

Ánimo conciudadanos, casi al terminar la segunda década del siglo XXI, hemos regresado a la segunda década del siglo XX, y todo esto se lo debemos agradecer a la casta política que nos viene gobernando desde 1990,  cuyas actuaciones la ha llevado a cometer el prestigioso delito de Lesa Patria. Que las nuevas generaciones se lo demanden, ya que a nosotros sólo nos queda la imagen de una casta corrupta, traidora y capaz de cualquier felonía con tal de lograr sus propósitos y defender sus privilegios.       

 

 

 

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