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Derrotar la impunidad

Publicado el 07 Diciembre 2017
Escrito por Eduardo Contreras

En las  patrias de América Latina que en su  momento sufrieron atroces dictaduras,  de las que ningún país puede sentirse libre de repeticiones, sus pueblos han librado duras batallas por la verdad y la indispensable justicia. Los resultados alcanzados son distintos en cada país y se trata además de luchas que, pese al tiempo trascurrido, se libran hasta hoy.

 

 

Una de las causas fundamentales de la tardanza ha sido, dicho de modo general, la  conducta de los aparatos de justicia de cada país los que respondiendo a intereses de la clase dominante - por cierto con dignas excepciones - no siempre han estado a la altura de requerimientos esenciales para la dignidad y ética de la vida humana.

A ello se suma la circunstancia que el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos desafíos y problemas a enfrentar produce en las organizaciones sociales, políticas, sindicales y en la sociedad toda, especialmente en los más jóvenes, una peligrosa apatía.

“Pero si eso pasó hace tanto tiempo, ¿hasta cuándo?”, escuchamos con frecuencia y lo objetivo es que la búsqueda de los miles y miles de seres humanos hecho desaparecer por las dictaduras de la derecha del continente no es acompañada del apoyo requerido. Tampoco lo es el seguimiento  de los procesos judiciales por casos de  asesinados o de torturados, como si se tratara de fenómenos distantes, ajenos.

Grave actitud que, por una parte favorece a los criminales y, por otra, no tiene en cuenta que los factores del poder real en cada sociedad son prácticamente los mismos de los años del terror. Esto es, instituciones armadas que son formadas en doctrinas extranjeras que engendran odio a las justas luchas de los pueblos, grupos empresariales vinculados a las grandes transnacionales y control de los medios de comunicación en general por los mismos sectores que estuvieron tras los golpes de Estado de décadas anteriores.

Revisemos hechos  de estos últimos días.

Entre los positivos debe mencionarse la condena a 20 años de cárcel del civil, empresario, camionero y latifundista, Juan Francisco Luzoro, de la zona de Paine, que tras el golpe de Estado participó en el homicidio de varios campesinos en la zona.

La Corte Suprema ratificó el fallo contra Luzoro  por el asesinato de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, todos  campesinos detenidos y asesinados el 18 de septiembre de 1973.
Luzoro está acusado además en cerca de 30 crímenes en los que participó en el secuestro de personas, facilitando casas y camionetas. Es la primera condena efectiva, confirmada, a un civil. Hay muchos casos similares que aún esperan sentencia.

Por ejemplo en San Carlos y en Quinchamalí, Ñuble, en donde el juez especial Carlos Aldana ha venido cumpliendo una exitosa labor procesando a 14 individuos que participaron, entre otros crímenes, en el asesinato de los dirigentes y militantes del MIR Ogan Lagos Marín, Bartolomé Salazar y Rolando Angulo en 1974. El magistrado dispuso además la exhumación del cadáver de Juan Mauricio Poblete Tropa.

Gestión similar aprobó a su vez el ministro Vicente Hormazábal de la Corte de La Serena,        quien dispuso y llevó a cabo hace muy poco en el Cementerio de Puente Alto la exhumación del cadáver del dirigente estudiantil Hugo Rivera Pérez, supuestamente fallecido en un accidente el 10 de noviembre de 1975 en Antofagasta, pero que, conforme a los antecedentes que se ha conocido, en rigor se trató de un homicidio más  de los genocidas que preparaban la visita a esa ciudad del dictador.

También desde otros puntos del continente llegaron buenas noticias. Desde luego aquellas  sentencias dictadas en elmayor proceso judicial de toda la historia argentina, la causa de la ESMA ( Escuela Superior de Mecánica de la Armada ), en donde varios miles de opositores fueron secretamente encerrados, torturados y asesinados. Fueron recién condenados a presidio perpetuo 29 militares. Destacan los nombres de Alfredo Astiz, “el ángel de la muerte” y de Jorge Eduardo Acosta, “el tigre”, por los delitos de secuestro, torturas, privación ilegal de la libertad, homicidio, sustracción y ocultación de identidad de menores.  Otros 19 recibieron sentencias de cárcel de entre ocho y 24 años.

En este proceso, iniciado el 2012, declararon más de 800 personas, fueron imputados 68 represores –14 de los cuales murieron durante el juicio– y se examinaron delitos contra la humanidad perpetrados en contra de 789 víctimas, una pequeña fracción de los miles de argentinos que fueron victimados en la fatídica ESMA entre 1976 y 1983. Como se conoce, eran finalmente lanzados al mar ; además decenas de recién nacidos fueron sustraídos a sus madres presas para entregarlos a parientes de mandos militares. 

Una muy buena señal de los tribunales argentinos. Hay también buenas noticias de otros lados. Esta vez desde España, país en que, paradojalmente, no ha habido justicia alguna en relación a los miles de crímenes de la dictadura de Franco.

Se trata de la decisión del juez de la Audiencia Nacional hispana, García – Castellón, quien acaba de enviar a prisión al coronel salvadoreño de 74 años, sugestivamente llamado Inocente Montano. Es autor de la matanza en su país, El Salvador, de 6 sacerdotes jesuitas partidarios de la llamada Teoría de la Liberación, ocurrido el año 1989 y de los cuales 5 eran españoles. Montano residía en EEUU desde donde fue extraditado a España. Había llegado al país del Norte, con documentación falsa, el año 2001, obviamente apoyado por los sectores más reaccionarios del país que le recibía.

Fueron 28 años de lucha. El juicio propiamente tal se inició hace 11 años en España por destacados defensores de los derechos humanos a nivel internacional, entre ellos la conocida profesional Almudena Bernabeu a quien conocimos en Chile.

Pero, claro está, no todas son buenas noticias. En nuestro país hemos conocido hace poco un listado parcial de los agentes de la dictadura que siguen prófugos de la Justicia sin que las diligencias de la PDI hayan resultado exitosas. Tal parece que los criminales tienen poderosos padrinos que les protegen y dan  refugio. Un escándalo, una vergüenza.

Se trata de asesinos como el comandante de carabineros Ricardo Lawrence Mires, quien integró la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), uno de los organismos de exterminio, tortura y desaparición de la dictadura y en el que fue uno de sus principales protagonistas. Otro nombres son Demóstenes Cárdenas,  de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) muy cercano al “Mamo” Contreras y que participó en casos de desaparición y asesinato. O Juan Rubilar Ottone,  de la CNI, condenado por homicidio, o Miguel Soto Duarte también CNI y condenado por homicidio calificado. Son muchos más, por ejemplo Walter Klug Rivera, oficial del SIM, autor de una elevada cantidad de asesinatos, Armando Fernández Larios, oficial de Ejército que participó de la Caravana de la Muerte, acusado de participar en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, y otros graves casos. Otro prófugo es  Carlos Minoletti Arriagada, oficial del ejército condenado también por homicidios en el caso Caravana de la muerte.

¿Cómo se explica que no se les encuentre?¿Quiénes les protegen? Silencio cómplice, de esto no hablan los locuaces de la UDI  ni  ninguno de los aliados de “la familia militar

Pero hay todavía más: una nota de la periodista  Pascale Bonnefoy de hace poco más de un mes reveló que los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura de Pinochet fueron quemados en las afueras de Santiago. Todo a la par que el ejército negaba la existencia de tales antecedentes  ante el requerimiento de los tribunales. La documentada denuncia periodística da cuenta de cómo el año 2000 llegó a la Escuela de Inteligencia del ejército en la ciudad de Nos, cerca de Santiago, un pequeño grupo de uniformados portando bolsas repletas de microfilmes.

Eran decenas de miles de imágenes de documentos, eran los archivos microfilmados de los principales órganos de inteligencia de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990): la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), responsables de la mayoría de los crímenes.

Todo ese material – cuya existencia el ejército siempre ha negado hasta hoy a los jueces y a la policía - fue lanzado al fuego de los hornos en ese local de Nos. Con este acto delictual se burló a todos los tribunales de la república. Impunidad total.

Recuerda la nota que en el año 2015, citados a declarar ante la justicia en el proceso por el asesinato en 1982 del ex presidente Eduardo Frei, algunos de los oficiales y empleados civiles del ejército revelaron lo sucedido ese verano de 2000 en los hornos de Nos.

El periódico The New York Times tuvo acceso a estas declaraciones, contenidas en los sesenta tomos del expediente del caso Frei. Gracias a esta investigación hoy podemos saber que cada cartucho de microfilme guardaba un aproximado de diez mil documentos. No es un detalle menor recordar que la quema de los antecedentes se produjo en vísperas del regreso de Pinochet de Londres una vez que, vergonzosamente, el gobierno democrático chileno salvó al dictador de lo que debió ser su justa condena en España

¿Quién responde por este nuevo delito? ¿Nadie lo investigará judicialmente?

Finalizamos esta nota citando recientes declaraciones del presidente de la Corte Suprema don Hugo Dolmetch, a quien respetamos y reconocemos en su momento gestos claros en favor del juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, pero cuyas afirmaciones de hoy no podemos compartir. El alto magistrado se declara contrario al cierre de la cárcel de Punta Peuco y traslado de los criminales a prisiones comunes.

Pero todavía más, haciendo caso omiso de normas del Derecho Internacional al que Chile adhiere y que establecen una clara y necesaria diferencia de trato en cuanto a beneficios cuando se trata no de autores de delitos comunes, sino de autores de delitos tan graves como lo son los llamados de lesa humanidad, el juez, que es uno de los pocos partidarios de la aplicación de esa rareza que se ha llamado “media prescripción” (¿?), ha dicho que él estima que los condenados por estas gravísimas violaciones a los derechos humanostienen derecho a la libertad, que no debe haber excepciones, que se trata de gente mayor y que tienen penas muy altas.

Comprenderá el lector que no ha sido fácil avanzar. Es la realidad que vivimos. Pero la lucha continúa, los avances en otras latitudes son estimulantes.

Derrotar la impunidad no es imposible.

 

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