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Mezquina reparación a víctimas del terrorismo de estado y causas judiciales

Publicado el 29 Enero 2019
Escrito por Ricardo Klapp Santa Cruz

La tortura es una deuda no reparada por el Estado, cuyo trauma siempre acompañará a las víctimas. Según estudios, se hereda a futuras generaciones en el inconsciente personal y colectivo. A casi cinco décadas de ocurridos los hechos, el Estado adolece de políticas públicas realmente reparativas. No reconoce al sujeto social que ha sido víctima directa de la tortura, del trauma y el daño.

 

Un Estado organiza la destrucción de las personas y de sus organizaciones sociales, con técnicas de agresión psicológica y de tortura, genocidios y crímenes, en alianzas internacionales de exterminios como la Operación Cóndor. La presencia activa de tribunales, fuerzas armadas y poderes fácticos, que le garantizaron impunidad a la tortura y a los genocidas.

 

Queremos reparación social e integral para las víctimas del terrorismo de Estado. La definición que hace Naciones Unidas de reparación dice: “Son todas aquellas acciones que son fruto de recomendaciones, políticas sociales, medidas y leyes orientadas a la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción de garantías de no repetición a familiares y sobrevivientes” (ONU, 2005).

 

Para aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, hay que restablecer  y restaurar la libertad y la ciudadanía. Reparar las pérdidas materiales y las enfermedades biológicas y psicológicas, restablecer la dignidad personal y la reputación social del afectado.

 

Terminar con las leyes protectoras. Justicia plena, reparación moral y pública construcción de memoriales, conmemoraciones y homenajes a las víctimas, enseñanza de la verdad histórica, batallar contra la impunidad, limitar el ámbito de los tribunales militares, independencia real del poder judicial.

 

Sobre el trauma de los 17 años de terrorismo de Estado y otros 27 años de impunidad, donde no más de un 10% de los crímenes han sido aclarados y condenados, el daño a las víctimas  perpetúa los sentimientos de postergación e injusticia, de indolencia social. En el caso de los ex prisioneros/as políticos/as, las demandas  tienen una directa relación con la reinserción social, con la superación de la pobreza, con la reconstrucción del proyectos sociales.

 

La recuperación de memoria y el levantamiento de sitios de rememoración, esfuerzo de las organizaciones, son tareas inconclusas. Lo mismo la lucha contra la desmemoria, la apatía social y alineación  cotidiana.

 

La primera generación de víctimas han muerto o se está muriendo y el trauma está instalado en la segunda y tercera generación. Las causas específicas de mortalidad y de su esperanza de vida. Las víctimas fallecen de cáncer e  infartos. Según la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina,  de 38.254 sobrevivientes de tortura, han fallecido 9.182 (24%); 8.427 hombres (89%) y 755 mujeres, (11%), al 30 de junio de 2016.

 

La investigación realizada por la Psicóloga María José Jorquera y el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, con la colaboración de Haydee Oberreuter, merecen toda la difusión. Es un estudio científico social, como un aporte a la memoria y a la verdad histórica, (en marzo en Puente Alto, se realizará un Conversatorio)

 

La Corte Suprema, ha sentenciado a 447 terroristas de Estado. Según su Vocero, Lamberto Cisterna, entre 1973 a 1983, de un total de 5.400 recursos de amparo, solo acogieron 10. Parte de la actual Corte Suprema ha otorgado libertad condicional a algunos condenados por delitos genocidas y de lesa humanidad. De un total de 447 causas falladas, 394 son penales, 175 de secuestro calificado, 108 de homicidio calificado, 50 de homicidio, 37 de secuestro, 16 de detenciones ilegales y solo 15 casos sobre tormentos a detenidos políticos. Pero entre, 2014 a 2018 hubo 2.837 criminales condenados en primera instancia, cuyas resoluciones esperan la decisión del máximo tribunal.

 

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