Organizaciones de DD.HH. responsabilizan a autoridades y «agitadores civiles» de la represión contra los estudiantes

Gran preocupación han causado en la opinión pública las escenas que han sido transmitidas desde el interior del Instituto Nacional, en donde el accionar de un pequeño grupo de jóvenes, que lanzaban bombas molotov a las fuerzas policiales, fue respondido con la invasión del establecimiento por parte de tropas antidisturbios, las que habrían impuesto un virtual estado de sitio en el recinto, arrestando al azar y violentamente a alumnos en los pasillos, impidiendo salir al baño a los que estaban en sus salas de clases e incluso lanzando bombas lacrimógenas al interior de estas provocando la asfixia de profesores y alumnos.

Para la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi estos procedimientos no hablan de una fuerza policial que busca imponer el orden, conforme a protocolos acordes con las leyes vigentes, sino de una fuerza armada que ejerce represalias en contra de toda una comunidad educacional y busca sofocar el descontento utilizando la violencia y el miedo.

Además, señala la Corporación en un comunicado, «nos parece que resulta muy simplista focalizar las críticas en los uniformados. Nos parece que esta situación tiene como principales responsables a autoridades y agitadores civiles, que bajo el pretexto de terminar con el accionar violento de pequeños grupos, iniciaron una escalada represiva en contra del movimiento estudiantil, imponiendo la política denominada ‘Aula Segura’, instruyendo a la policía a revisar mochilas a los estudiantes y ahora incentivando la invasión y control militar de los establecimientos».

A esas autoridades civiles del ministerio del Interior, de la Intendencia de la Región Metropolitana y la alcaldía, «corresponde exigirles que pongan fin a esta guerra en contra de escolares y dejar de azuzar y justificar el accionar violento y descontrolado de la policía uniformada. Llamamos a todas las organizaciones sociales y de derechos humanos a pronunciarse en contra de esta militarización de los establecimientos educacionales y a defender la educación pública», finaliza el comunicado.