Bachelet en la ONU destaca el rol de los indígenas para enfrentar al cambio climático

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Este 9 de septiembre se abre la sesión 42 del Consejo de Derechos Humanos en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, Suiza. El discurso de Michelle Bachelet, Alto Comisionado por los Derechos Humanos es claro: los indígenas son un elemento clave en la lucha por el cambio climático.

Én 2017 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocía «la urgente necesidad de respetar y promover los derechos inherentes de los pueblos indígenas, que se derivan de sus estructuras políticas, económicas, sociales y de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofías, especialmente sus derechos a sus tierras, territorios y recursos».

Pero, denuncia hoy en su discurso el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “ el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) informa al Consejo este mes que son los pueblos indígenas quienes están siendo expulsados cada vez más de sus tierras por la destrucción ambiental”.

“Sin embargo”, sigue el Alto Comisionado, “es gracias al conocimiento ancestral y el liderazgo de los pueblos indígenas que muchos de los bosques de la humanidad, y otros recursos, todavía existen. Su conocimiento es aún más vital ahora. Algunos ejemplos en los que los conocimientos de los pueblos indígenas pueden resultar esenciales para la acción climática son la gestión tradicional de los incendios; los sistemas de alerta temprana meteorológica; la recolección de agua de lluvia; las técnicas agrícolas tradicionales y la gestión marina costera. Es esencial que se protejan los derechos de todos los pueblos indígenas, incluido su derecho a participar libre y plenamente en la conformación de decisiones políticas”.

Las palabras de Michelle Bachelet no están las solas en Naciones Unidas en reconocer el papel de los pueblos indígenas en la lucha al cambio climático. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International Panel on Climate Change, IPCC en inglés) publicó el más reciente y extenso informe de investigación científica sobre el cambio climático y la tierra durante el mes de agosto de este mismo año. Por primera vez en la historia, se reconoció científicamente y desde un organismo multilateral el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales como los mejores guardianes de las tierras y bosques del mundo.

Todavía, la aplicación de esos retos hace aún falta en la mayoría de los países.

En Chile, tanto el actual gobierno de Sebastián Piñera como el mismo gobierno de Michelle Bachelet, han tenido serías dificultades con los derechos de uno de sus pueblos originarios, el Pueblo Mapuche. La explotación del territorio ancestral por varias empresas nacionales e internacionales madereras y hidroeléctricas no coincide con las exhortaciones de Naciones Unidas.

“Para cada uno de nosotros, un ambiente saludable no es menos importante que los alimentos que comemos, el agua que bebemos o la libertad de pensamiento que apreciamos; todas las personas, en todas partes, deben ser capaces de vivir en un ambiente saludable y hacer responsables a aquellos que se interponen en el camino para lograrlo”, sigue en su discurso el Alto Comisionado.

“Las medidas eficaces de adaptación al clima serán las que empoderen a las mujeres; a los pueblos indígenas; y a otras que viven en zonas vulnerables, que a menudo son miembros de comunidades marginadas y discriminadas. Esto requiere que los gobiernos reconozcan los factores estructurales que profundizan la vulnerabilidad climática de estas comunidades; involucrarlos en la búsqueda de soluciones; y dedicar recursos a defender sus derechos, incluido el acceso equitativo y mejorado a la protección social y una transición justa hacia empleos más ecológicos”.

En Chile …

En Chile, la política económica neoliberal instalada con los Chicago Boys durante la dictadura favorece naturalmente a las empresas privadas y la explotación de los recursos del país por esas mismas.

En la región de la Araucanía, territorio ancestral del pueblo Mapuche, varias empresas son dedicadas a la explotación de los recursos hídricos o madereros de la zona. Una de estas empresas, a título de ejemplo, es la RP Global. Esa empresa se encuentra instalada en el territorio de la Comunidad de Tranguil, tristemente famosa para haber sido victima del asesinato de Macarena Valdés, en 2016, la cual se oponía firmemente a la imposición de un poste de la luz perteneciente a la transnacional en su terreno. RP Global sigue actualmente explotando al territorio de la Comunidad, que logró ocupar con el apoyo de los Carabineros del Estado.

Respecto a esas políticas estatales, Michelle Bachelet comenta que “mi Oficina ha señalado varios casos en los que proyectos de desarrollo, como grandes represas hidroeléctricas y plantaciones de biocombustibles, han sido financiados por instituciones financieras internacionales en nombre de la acción climática, pero han perjudicado los derechos de indígenas y comunidades locales, incluidas las mujeres”.

Sin embargo, las políticas extractivas siguen siendo la regla en Chile y los derechos de sus pueblos indígenas, en particular manera, los del pueblo Mapuche, siguen siendo afectados.

Estas políticas, aparte de contrastar con las emanadas desde Naciones Unidas para enfrentarse al cambio climático, no respetan tampoco el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual de hecho Chile había amenazado salirse el año pasado.

El Convenio 169 de la OIT

El Convenio 169 fue adoptado en 1989 con el objetivo de promover y proteger los derechos de 370 millones de personas pertenecientes a más de 5.000 pueblos indígenas. Es el único instrumento internacional, jurídicamente vinculante, que trata específicamente sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Su principio fundamental es la no discriminación. Además, establece la exigencia de escuchar a los pueblos indígenas en relación con los temas que les afectan y que puedan participar en la formulación de políticas mediante mecanismos de consulta y participación.

El Congreso Nacional del Estado chileno es signatario del Convenio 169 desde el 15 de septiembre de 2009. Es decir, tiene la obligación de respetarlo.

Mucho trabajo aún para que el Estado chileno se adapte a las normas internacionales e implemente medidas concretas para enfrentar al cambio climático, sobre todo en vista de la próxima cumbre dedicada a ese tema, la COP25 (Conferencia de las Partes), órgano de decisión supremo de la Convención Marco de Naciones Unidas (CMNUCC).

Creado en la Cumbre de la Tierra en 1992 y entrado en vigor en 1994, la COP se realizará este año justamente a Santiago de Chile.

Por Elena Rusca (En Ginebra)

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