Según explicó, la medida faculta a militares y la policía nacional ‘para efectuar acciones de control de espacios públicos, lugares de asociación y reunión, registro de personas y vehículos, para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana’.
El Comando Conjunto añadió que actos de violencia, delincuencia, vandalismo o terrorismo en contra de bienes públicos y privados, así como a la integridad de las personas, conllevará a la aprehensión de responsables que serán puestos ante las autoridades competentes.
Seguidamente, precisó los puntos considerados sensibles y estratégicos en esta capital, que incluyen zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos, nudos y ejes viales, casas de salud, edificios sede de instituciones de estado y áreas de instalaciones estratégicas, así como las avenidas Simón Bolívar, Mariscal Sucre, Morán Valverde y Manuel Córdova.
A nivel nacional, la disposición rige en instalaciones militares y policiales, infraestructura pública como puertos y aeropuertos, antenas repetidoras de telecomunicaciones, reservorios, tanques de distribución y sistemas de agua potable, refinerías, pozos petroleros, estaciones de bombeo, hidroeléctricas y represas, entre otros.
Tras el anuncio de toque de queda, en las redes sociales circulan videos que dan cuenta del desplazamiento por calles capitalinas de vehículos de las Fuerzas Armadas.
El toque de queda se instauró poco después de que el gobierno y el movimiento indígena aceptaron abrir el diálogo sobre la derogatoria o revisión del Decreto 883, mediante el cual se eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel, lo que desató la protesta nacional.
La resolución, junto a otras reformas tributarias y laborales, parte de un plan de ajustes acordado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional a cambio de un préstamo de cuatro mil 200 millones de dólares, y es rechazada por la amplía mayoría de los ecuatorianos.
En las manifestaciones, que llegaron hoy al décimo día consecutivo en numerosas ciudades del país, los pueblos y nacionalidades, trabajadores, estudiantes universitarios, campesinos y otros sectores de la sociedad exigen poner fin al ‘paquetazo’, que solo afecta a las personas de ingresos más bajos.
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