Torpeza gubernativa irremediable y la irrupción de un nuevo Poder Constituyente

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La impericia, incapacidad o torpeza del kybernêtês (el piloto de navío que ha de llevar sus pasajeros y equipaje, no menos que su porte y carga, a aquel buen puerto que los griegos llamaron sôtêría) genera razonable temor en los pasajeros, persistente inquietud ante la amenaza y la inminencia del naufragio y desastre. Vale lo mismo para la impericia de un conductor de ómnibus, tren o avión y, por cierto, para aquel gobernante que supuestamente dirige el gobierno político de una nación o confederación de naciones. Tal peligro tórnase intenso y extremo cuando esa torpeza resulta conspicua no sólo en la cabeza del gobierno, sino de modo similar en el conjunto de los ministros que forman su equipaje. El actual gobierno de la República de Chile, encabezado por su presidente Sebastián Piñera, ha dado muestras palmarias de impericia, particularmente en los tiempos más recientes, cuando ha conducido al desencadenamiento de una crisis que algunos han caracterizado como “estallido social” y que en pocos días se ha revelado histórica.

El evento actualmente en curso en Chile se declaró abiertamente a partir del lunes 14, pero de forma catastrófica el viernes 18 de octubre. Viene, por cierto, incubándose desde mucho antes, ya que en él intervienen diversas condiciones, ante todo la legítima ira de la gran mayoría contra la serie multiplicante e infinita de los abusos y excesos varios del régimen que nos viene agobiando a las chilenas todas desde 1973. Interviene la juventud, particularmente los estudiantes secundarios que iniciaron en dichos días la masiva evasión –designación ministerial de la operación de sustraerse al pago del transporte público en el Metro y el Transantiago, pero enarbolada por los estudiantes en su consigna “¡EVADE!”, en una evidente evocación satírica de la evasión tributaria practicada sistemáticamente por los grandes capitalistas chilenos que apoyan la plenaria restauración de esa práctica (restringida por el gobierno anterior de Bachelet), merced a la (contra-)reforma tributaria impulsada por el actual gobierno y hasta aquel viernes aún en proceso legislativo.

Ante la generalización galopante y contagiosa de la evasión en el Metro de Santiago, acción que reaccionaba contra el alza de 30 pesos en el valor del pasaje en hora punta, el gobierno acudió desesperadamente y con extrema torpeza a la represión y persecución policíaca de los evasores, lanzando incluso bombas lacrimógenas al interior de las estaciones, lo que provocó en la tarde del viernes 18 un caos de consideración en el funcionamiento de todos los trayectos del tren urbano. Ello condujo a las autoridades competentes a tomar la torpe decisión de suspender el servicio en todas las líneas de la red, en una acción represiva integral que obligó a miles de usuarios a volcarse a las calles en busca de medios de transporte alternativos. El transporte en la ciudad entró en un estado caótico: enormes “tacos” impedían el tránsito de coches y buses. Mucha gente prefirió movilizarse a pie y acudió a realizar ciertas compras urgentes, ya que se respiraba un clima inquietante de anormalidad (o “anomia”, si se prefiere). En la calle, entre tanto, de cuando en cuando podían percibirse manifestaciones de estudiantes, unidos a “indignados” y protestantes, en su mayoría jóvenes.

Ese viernes 18 estaba el sol alto todavía cuando se inició una acción sucesiva pero ejecutada en un tiempo relativamente breve, acción probablemente concertada y técnica, tal vez instigada por oscuros “comandos”, la que se inició a continuación de los actos espontáneos de ataques a instalaciones varias de las estaciones del Metro y principalmente a los controles de ingreso a los andenes. Esta acción se prolongó hasta avanzada la madrugada del día siguiente y se ejecutó en su mayor parte cuando ya se había suspendido el servicio de trenes y la mayoría de las estaciones habían sido clausuradas. De forma plural y diferenciada dicha acción desplegó un ataque destructor contra más de 70 estaciones del Metro (más del 50 % del total), muchas de las cuales resultaron incendiadas y totalmente destruidas. En alguna de ellas se consumó el incendio completo de vagones y trenes de la red, generándose daños estructurales graves en las vías. Hay sospechas más que razonables de intervención de funcionarios policiales y  agentes ligados a las oficinas de inteligencia del Estado chileno, movidas por el propósito de justificar ante la opinión pública el decreto del estado de emergencia y de toque de queda que sería declarado a la medianoche de ese día. Acerca de estas acciones no ha habido hasta el momento ninguna información detallada, recuento completo y transparente de los daños o informe pertinente por el Ministerio respectivo. Las investigaciones de las Fiscalías metropolitana oriente y sur se iniciaron tan sólo casi una semana después de los eventos. La participación de Bomberos y Policía de Investigaciones (PDI) en ese examen contribuye sin duda al progreso de los estudios, pero hasta la fecha, sin embargo, los resultados de la investigación han sido escasos, insuficientes, inconsistentes. El gobierno continúa debiéndole a la ciudadanía una relación transparente de lo acontecido y una estimación de su propia responsabilidad en esta catástrofe que afecta no sólo a los millones de usuarios santiaguinos, sino a todas las ciudadanas de Chile en su condición de contribuyentes.

Hacia las 10 de la noche de ese mismo día viernes 18 de octubre se declaró un imponente incendio con enormes y amenazadoras llamaradas en el edificio de ENEL  de calle Santa Rosa, en el centro de Santiago. Se trata del consorcio transnacional que acabó de adquirir en 2014 el conjunto del conglomerado que formaban Chilectra, Enersis y Endesa, herederas de la vieja ENDESA estatal chilena, privatizada, subdividida y repartida como una torta en los primeros años de la dictadura de Pinochet. Su carácter espectacularmente amenazador, unido al valor simbólico del consorcio afectado, acaparó inmediatamente los medios de comunicación audiovisual. Si bien dañó sólo el revestimiento exterior de la torre de la escalera mecánica de emergencia y fue sofocado por Bomberos poco después de una hora, alcanzó a generar gran inquietud, convirtiéndose en ejemplo visible de la magnitud de la rebelión o protesta iniciada en Chile ese mismo día. Ya antes del incendio habíanse armado diversas barricadas en Santiago y, por cierto, una enfrente del edificio siniestrado. Hasta el presente, no ha habido informe alguno conocido acerca de este atentado.

Aquel mismo viernes se armaron barricadas en diversos barrios del Gran Santiago y de muchas ciudades de Chile, grandes, medianas y pequeñas, y, en torno a ellas, concentraciones de personas, vecinos y otros grupos que manifestaban su rechazo al régimen predominante. En ese movimiento se produjo el incendio de más de una docena de buses del Transantiago, así como el de decenas de vehículos públicos y privados en diversas localidades de Chile. La acción masiva y multiplicada de unos contingentes organizados de un Lumpen que no puede considerarse proletario y que probablemente está formado por personas muy jóvenes, seguramente marginales, ligadas a la delincuencia y al minitráfico, no menos que a otras organizaciones que asumen o imitan la estructura del «crimen organizado», ha generado unos efectos de daño, destrucción y devastación masivas en todo el territorio de Chile que resultan perfectamente comparables a los de un gran terremoto o al de la acción bélica de alguna potencia enemiga. ¿Quién está detrás de ese inmenso contingente del neo-Lumpen chileno? ¿Cómo los movilizan, inducen, manipulan o influyen? ¿Con qué recursos? ¿Quiénes son los responsables y directores de tal gigantesca manipulación? La conjetura más probable, en mi modesto juicio, es que el sujeto que lleva la maniobra manipuladora de este inmenso contingente de compatriotas jóvenes extraídos del lumpen suburbano de ciudades como Santiago, Concepción, Valparaíso y otras, bien podría estar asociado con el grupo político mismo que ha estado actualmente ejerciendo el gobierno de nuestra castigada República. Grupo enlazado no sólo con los órganos de inteligencia vinculados a los Ministerios del Interior y Defensa (inteligencia heredera de la siniestra DINA de Pinochet), sino con poderes fácticos, tales el Ejército, los Carabineros, la Armada, que enfrentan desde hace algún tiempo enjuiciamientos públicos que los afectan gravemente al estar involucrados en enormes desfalcos que agreden a Chile todo. Dicho neo-Lumpen ha sido visiblemente tolerado por las autoridades gubernativas y por las propias fuerzas que supuestamente han actuado en defensa de la seguridad (Ejército, Carabineros, Armada): la intervención de estos cuerpos ha exhibido de manera descarada una forma normalizada de tolerancia y protección del referido Lumpen. A más de la quema de vehículos, camiones y buses públicos y privados, debe consignarse el asalto, saqueo e incendio de locales comerciales y supermercados, el que según algunas apreciaciones preliminares afecta al 25% de éstos en el país. Hasta el presente no se ha comunicado reporte alguno sobre dichas acciones ni sus efectos.

En los días sucesivos, tras la declaración del estado de emergencia en Santiago, Valparaíso, Concepción y casi la totalidad de las ciudades, regiones y departamentos de Chile (Arica, Antofagasta, Iquique, Rancagua, Talca, Chillán, Valdivia, Temuco, Puerto Montt, Osorno, Punta Arenas, Antártica) y el establecimiento del toque de queda en la mayoría de las ciudades y regiones señaladas, el despliegue de fuerzas del Ejército, la Marina y la Aviación supuestamente destinadas a apoyar la represión por Carabineros y sus Fuerzas Especiales, generó no sólo la ejecución sistemática de irregularidades y transgresiones en el uso de la fuerza represiva, unida a la perpetración de crímenes y violaciones que desafían el Derecho penal internacional (más de 20 muertos, un número aún indeterminado de desaparecidos, cientos de personas baleadas que han perdido el globo ocular y otras tantas que han sido heridas por bolas de goma, cientos de heridos por efecto de golpizas o bombas o gases, más de 4.000 detenidos, cientos de denuncias por torturas, violaciones, abusos sexuales, apremios ilegítimos), sino a la vez y de forma sorprendente la extensión, intensificación y despliegue masivo de una rebelión popular generalizada que desafió el toque de queda, se mantuvo en alza por días, pese al estado de excepción, y coronó su primer triunfo político en la gigantesca marcha y concentración del viernes 25 de octubre que reunió en la Plaza Italia de Santiago a más de un millón doscientas mil personas (y otro tanto en el resto del territorio de Chile).

Esta festiva y variopinta demostración multitudinaria que abrió espacio a cánticos, bailes y consignas tales como “Chile despertó” o “Fuera Piñechet”, unidas a viejos lemas de antes del Golpe (“El pueblo unido jamás será vencido”) que en las últimas décadas se han convertido en emblema universal de la contestación del establishment, generó una inmediata sensación colectiva de serenidad y paz y supremacía frente al ejercicio represivo de las fuerzas policíaco-militares que en ese momento mantenían todavía la vigencia de su acción, sostenida en el estado de emergencia. Aparentemente se disipaba, por efecto del gran acto ciudadano, la ominosa amenaza de la incoación de una especie de coup d’état (un “fujimorazo”) por el gobierno de Piñera-Chadwick a través de ese estado de excepción, el toque de queda y la intervención de las Fuerzas Armadas. En efecto, la suspensión del estado de emergencia y del toque de queda fue decretada al día siguiente. En las horas sucesivas a la marcha se esperaba la inminente caída del “gabinete” (en particular y principalmente la del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, primo hermano y valido de Piñera), la que en efecto se produjo a mediodía del lunes 28 de octubre, tan sólo 10 días después del inicio de la revuelta.

Cualquier observador, inclusa alguna inverosímil creatura alienígena en visita intempestiva desde exo-planeta de galaxia cercana, estimará que el gobierno Piñera-Chadwick cometió evidentemente un craso error al decretar estado de excepción y toque de queda en todo Chile para enfrentar una minoritaria y localizada acción iniciada por muchachos imberbes del Instituto Nacional, un liceo público de excelencia, acosado y perseguido por el gobierno en el abusivo ejercicio de su política orientada a la pulverización de la educación pública. Resalta desde luego la enorme desproporción entre el gesto estudiantil de desobediencia (no pagar el Metro), gesto que ocurre en una zona localizada de Santiago, y el empleo masivo de todas las Fuerzas Armadas y de Orden del Estado de Chile, en todo el territorio de la República, incluida la Antártida, para reprimir una revuelta en ciernes que surgía como respuesta iracunda no sólo a las torpezas del referido gobierno P.-Ch., sino a la vez a toda la masa de abusos y perjuicios que el régimen instaurado por Pinochet en 1973 y readministrado por la “transición” desde 1990 hasta el presente ha practicado en la inmensa mayoría de la población de Chile.

Nos encontramos en medio de un evento histórico de gran densidad cuya dirección venidera aún no podemos vislumbrar. Sus proyecciones muy probablemente rebasen el espacio vernáculo de nuestro Chile torturado. Creo firmemente, empero, que en estos últimos días las chilenas y chilenos todos hemos aprendido algo grande, el fondo real de la política auténtica, aquella que los políticos profesionales han pisoteado. Este aprendizaje reciente nos permite entender con claridad la poca monta que tienen (ínfima casi) la caída de Chadwick (inmediatamente substituido por un Chadwick 2, con mejor sonrisa), la “agenda social” o la suspensión del alza del metro y el alza de la luz.

Progresivamente se fue revelando en el ejercicio mismo de la represión policíaco-militar una condición invisible para nuestra visitante alienígena y, por cierto, imprevisible del todo para el gobierno P.-Ch. : la evidente baja moralidad de las Fuerzas Armadas y de Orden, las cuales hubieron de claudicar y abstenerse continuamente en su encuentro con una masa de compatriotas que no obedecían al toque de queda ni manifestaban temor ante la amenaza represiva de la fuerza. Tal vez buena parte de las transgresiones y violaciones y crímenes cometidos por las fuerzas policiales y armadas sean efecto de órdenes y mandatos emanados desde los altos mandos con el predicamento de combatir la referida “baja moralidad”. Cabe computar como grave error el decreto y las órdenes de hacer intervenir a unas “fuerzas” (armadas y de orden) cuya “moral” se encuentra por los suelos, muy debilitada. Por muy bien armadas y apertrechadas que estén, unas “fuerzas” debilitadas en su moral no podrán imponerse, ni siquiera igualar, a unas fuerzas sociales desprovistas de pertrechos bélicos (excepto palos y piedras) pero animadas de una intensa moralidad: su lucha por la justicia, la igualdad y el respeto a la vida.

¿Qué es, quiénes son, qué son, quién es esta fuerza social que se ha manifestado y continúa expresándose en estos días que no parecen cejar en su revuelta? Bien cabría hablar de una “rebelión popular” o una “revuelta social” o un “estallido social” o una “protesta ciudadana” o un “reventón político”, etc. Pero más allá o más acá del núcleo de los estudiantes secundarios que dio inicio a la revuelta por medio del reclamo “¡EVADE!”, núcleo en el que es preciso reconocer a la dirigencia estudiantil del Instituto Nacional, no menos que a la de la CONES, unida muy pronto a la adhesión masiva y creciente de la mesa de Unidad Social (coordinadora que reúne colectivos sindicales, sociales, medioambientales, ONG’s y otros, entre los cuales debe mencionarse a la CUT, el Colegio de Profesores, No + AFP, UKAMAU y más de una centena de organismos de diversa implantación y entidad en todo Chile), no cabe duda que aquello que políticamente irrumpe es la mayoritaria resistencia, sociológicamente comprobable, de una población abusada por décadas en sus derechos y necesidades básicas por efecto del predominio avasallador del mercantilismo neocapitalista en todas las esferas de la vida individual, colectiva y social, población que encuentra en esta coyuntura la instancia oportuna para alzarse contra el régimen del “ultraliberalismo” o “neo-capitalismo” desbocado que fuera implantado en Chile por la dictadura de Pinochet y perfeccionado, ampliado y consolidado en los casi 30 años de perpetua “transición” a una democracia crecientemente adelgazada, disminuida y estrangulada hasta su desaparición. Cuando las fuerzas políticas de la otrora llamada izquierda exhiben su extrema debilidad en su mediocridad rampante y su ostentosa disposición a la venalidad y la corrupción, las torpezas del gobierno de turno en la presente coyuntura (Piñera 2), unidas a la mediocridad e inmovilidad generalizadas de la «casta política chilensis» (una de las mejor remuneradas del universo mundo), generan naturales resistencias y repugnancias que podrían inscribirse en algún sentido o dirección de la protesta iniciada en días recién pasados. No ha de extrañar, por ello, que la rebelión popular, ampliamente secundada por la inmensa mayoría de la población de Chile, se vuelva directamente contra el “Modelo”, contra el régimen imperante desde 1973, y formule de forma insistente y continua el reclamo: “¡NUEVA CONSTITUCIÓN!”, “¡ASAMBLEA CONSTITUYENTE!”.

Tal vez la coyuntura en la que nos encontramos sea favorable para iniciar una lucha política por mayor democracia y justicia, una lucha por instaurar un NUEVO PODER CONSTITUYENTE capaz de iniciar una renovación política que sobrepase por fin los casi 50 años que llevamos de autoritarismo neocapitalista. Pero es preciso que nos mantengamos todas vigilantes ante la permanente amenaza de involución autoritaria como la que empleó el gobierno P.-Ch. desde las 0 horas del día 19 de octubre al decretar el estado de excepción en (casi) todo el territorio de Chile. Es preciso mantener en alza la revuelta y, sin decaer en optimismos ingenuos, perseverar hasta la mutación y desplazamiento del régimen que nos aplasta y la instauración de un nuevo régimen plenamente democrático, capaz de liberar la justicia y establecer las nuevas soberanías que las naciones y pueblos de Chile reclaman.

Nos encontramos en medio de un evento histórico de gran densidad cuya dirección venidera aún no podemos vislumbrar. Sus proyecciones muy probablemente rebasen el espacio vernáculo de nuestro Chile torturado. Creo firmemente, empero, que en estos últimos días las chilenas y chilenos todos hemos aprendido algo grande, el fondo real de la política auténtica, aquella que los políticos profesionales han pisoteado. Este aprendizaje reciente nos permite entender con claridad la poca monta que tienen (ínfima casi) la caída de Chadwick (inmediatamente substituido por un Chadwick 2, con mejor sonrisa), la “agenda social” o la suspensión del alza del metro y el alza de la luz. Nos permite entender, asimismo, que los defensores del “Modelo” y de la Constitución Pinochet-Guzmán de 1980, no van a ceder ni un infinitésimo de su supuesto poder, a menos que emerja histórica y geográficamente en nuevo Poder Constituyente como el que al parecer está empezando a surgir en esta luminosa revuelta y rebelión de Chile contra el predominio abusador del neocapitalismo mundial desregulado, desbocado, criminal y devastador no sólo de Chile, sino de todo nuestro planeta Tierra y sus océanos.

Por Miguel Vicuña Navarro

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