Carabineros-Ministerio del Interior. ¿Quién manda a quién?

¿Policías al poder? ¡Qué va! Ya son el poder. ¿Podría una regionalización en serio solucionar este delicado asunto?

 

Ingenuamente había pensado que una fuerza policiaca desmandada, sin jefatura civil ni obediencia al mando político de turno, se había producido solamente durante las administraciones de la vieja Concertación y de la Nueva Mayoría.  Me equivoqué de plano.  Carabineros escasamente obedeció las instrucciones de ministros del interior en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Bachelet Jeria.

 

Las actuaciones de la policía uniformada bajo la dependencia de personajes  como Martín Zilic, Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos, Mahmud Aleuy y  Mónica Jiménez, mostraron una notoria desvinculación con respecto al alma política del gobierno correspondiente.

 

Ahora bien, si lo anterior debe ser considerado grave (que las fuerzas policiales no reconozcan –en los hechos concretos- un mando civil), lo acontecido  durante los dos gobiernos de derecha encabezados por Sebastián Piñera es francamente repudiable. Los ministros Rodrigo Hinzpeter y Andrés Chadwick destacaron con luces propias ordenando abierta y públicamente represión policíaca contra las movilizaciones estudiantiles, sindicales y poblacionales. Por ello, si Carabineros actuó también por su cuenta en esos avatares, fue un asunto que ni siquiera se notó.  

 

No hay dos opiniones distintas en cuanto a la brutalidad del actuar de la policía uniformada, y del incumplimiento de los protocolos ordenados por su propio alto mando institucional, actuaciones violentas, desproporcionadas, que la opinión pública y la prensa han observado en estos meses del año 2019, siendo ministros del interior los señores Andrés Chadwick (una vez más) y Gonzalo Blumel.

 

Lo concreto es que ninguna autoridad política, de derecha ni de centroizquierda, se ha atrevido a poner coto a tanta brutalidad policíaca. La actitud de la centroizquierda respecto de estos hechos fue pusilánime, tibia pegando a frío. La derecha, por su parte, transita la vía de la complicidad y felicita ardientemente el actuar de carabineros en sus ataques desmedidos a civiles que marchan o que protestan, mientras hacen vista gorda con delincuentes, vándalos y saqueadores que actúan y se pasean frente a ellos como si fuesen compinches.

 

Que Carabineros se ha mandado solo durante largos años, no hay duda. El bullado caso “pacogate” lo confirma. Más de cien imputados judicialmente por fraude y malversación de fondos públicos cercanos a los treinta mil millones de pesos. Ello se produjo entre los años 2006 y 2018,  durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, los cuales –quizás por comodidad, o bien por incapacidad, o tal vez por complicidad (vaya uno a saber)- permitieron  a la alta oficialidad de la policía uniformada un libre albedrío aterrador.

 

Quizás –y sólo quizás- puede haber sido también una especie de ‘pago’ para que los ‘verdes’ contuviesen a golpe de macanas y balines a quienes deseaban remecer el sistema y poner en jaque los jugosos ingresos del bandidaje político-empresarial.

 

Pero, hoy, la policía se ha desmadrado. Casi doscientas personas han perdido parte de su visión y en varios casos el daño ha sido aún mayor, pues carabineros de fuerzas especiales usan escopetas nutridas con balines (de goma, principalmente), y  provocaron que varios manifestantes que participaban en marchas masivas sufriesen explosión ocular producto de los disparos efectuados a corta distancia por miembros de ese cuerpo policial.

 

Como si no bastara lo ya señalado, innumerables testigos aseguran que en algunos lugares del país Carabineros tortura a los detenidos. El caso más dramático ocurrió en una comisaría Iquique. Fue grabado. Se escuchan los desesperados gritos de dolor del “interrogado”, a pesar que Carabineros aumentó al máximo el volumen de una grabación musical   intentando apagar los alaridos y peticiones de auxilio de su ‘detenido’. La dictadura ha regresado…al menos así se observa en las prácticas de ciertos agentes del estado y de algunos policías.

 

Tal vez, la solución a estos problemas originados por un cuerpo policial numeroso que a los altos mandos (y también al gobierno de turno) le cuesta controlar, esté en la regionalización…pero en una regionalización en serio, efectiva.

 

Ya que la idea de consenso es disponer de autoridades regionales nacidas de la elección popular soberana y democrática, tal vez sea conveniente conformar primero un solo cuerpo policial Carabineros-Investigaciones, dividir su contingente en dieciséis (16) regiones y dejarlo bajo la dependencia de los respectivos gobernadores, los cuales podrían determinar –con la anuencia oficial de los cuerpos colegiados pertinentes- la remoción de jefaturas y sumarios administrativos, lo que obligaría también a contar (si es que no existe en este momento) con un Departamento de Investigación Interna en esos cuerpos policiales. Esta solución permitiría determinar clara y rápidamente las responsabilidades de cada quien, las cuales que no se diluirían en las zonas pantanosas de la administración gubernamental, como ocurre hoy.

 

Que el mando central de Carabineros y PDI en Santiago pueda controlar certeramente a sus efectivos sitos en regiones, resulta ser un mal modelo de administración de recursos humanos. Lo que esos representantes de la ley estén haciendo en la frontera andina con Bolivia, en los cerros de Teno, en pequeñas comunas alejadas de las metrópolis, en las verdes tierras de la Araucanía, en las costas de Osorno o en las soledades patagónicas, difícilmente lo sabrán en el mando central. Pero, si la jefatura máxima se encuentra en la capital regional respectiva, la situación puede cambiar de manera positiva, ya que las medidas a adoptar no sufrirían las demoras y vacilaciones de la burocracia de un centralismo que tanto daño ha hecho y sigue haciendo al país real.

 

Para pensarlo. La cuestión es que hoy día Carabineros se manda solo, hace lo que se le antoja y se limpia sus partes pudendas con las resoluciones y proposiciones que respecto del actuar policial emanan de organizaciones supranacionales, con las que Chile ha comprometido oficialmente cumplimiento.

 

Lo dicho. Para pensarlo.