Un mal acuerdo

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En menos de treinta días hemos sido testigos de varios acontecimientos, bastante impensados según se habían ido dando las cosas en los últimos treinta años: en este país, que hasta hace poco hacía gala de seriedad, manejo de crisis y convenciones tácitas entre los diversos sectores políticos sobre reglas de comportamiento, súbitamente fuimos testigos de una irrupción social nunca antes vista en nuestra historia.  “El país despertó, Chile despertó”, del profundo y prolongado letargo neoliberal de la post dictadura, o transición pactada. También, del fatalismo y de una falta de fe en que las cosas cambiaran o que el futuro pudiera ser mejor.

Por supuesto, hay antecedentes de peso en la rebelión, tanto nacionales como regionales: pensando en Chile, la lucha de los pingüinos del 2006, la de los universitarios el 2011, y este año el paro del Colegio de Profesores y la heroica resistencia de los alumnos del Instituto Nacional al proyecto de Aula Segura de la ministra Cubillos. En la región, el levantamiento indígena en Ecuador por la eliminación del subsidio de la bencina y en la práctica el encarecimiento del transporte (pero que, tal como aquí, esa reivindicación fue sólo la punta del iceberg). Sin embargo, categóricamente, lo que hemos vivido en Chile en este último mes no se asemeja ni de cerca a cualquier acontecimiento anterior.

El movimiento social, conducido por la Mesa de Unidad Social, ha realizado múltiples actividades de alto contenido político: cabildos, conversatorios, charlas, encuentros, etc. a lo largo y ancho del territorio nacional. En ellos, como denominador común, aparece la Asamblea Constituyente y la Nueva Constitución: un tema tan álgido como ése es discutido y levantado de Arica a Magallanes. Y, junto con ello, en forma tácita y recientemente explícita (a través de la acusación constitucional), la renuncia de Piñera: el sentido de urgencia y de radicalidad de las manifestaciones ha tenido ese sello: la certeza de que, haga lo que haga y diga lo que diga Piñera y el gobierno, simplemente no es creíble, mostrando que goza del más absoluto descrédito y falta de credibilidad ciudadanas.

Más allá de los militares en la calle; más allá de la represión desatada que ha tenido rasgos dignos de un estudio psicosocial, como es la recurrencia de la mutilación de los ojos por parte de carabineros (e incluso ceguera en varios casos, como el de Gustavo Gatica). Más allá de todo tipo de anuncios económicos apocalípticos en relación a la amenaza de la recesión y la pérdida de empleos, en estas semanas la multitud ha marcado la pauta, ha suspendido citas internacionales, ha obligado a poner el tema de la pobreza y la desigualdad en el centro del debate.

Ello, sin duda, tuvo un punto de inflexión el martes 12, con el paro general, y las marchas más numerosas de la historia de Chile, con más de dos millones de personas en la calle, a nivel nacional y hechos de violencia (la mayoría hacia bienes públicos y privados), también inéditos. Ante ello, el presidente en cadena nacional, aparece llamando a un “acuerdo de por la paz social, la justicia y una nueva constitución.” Ello, tras diferentes rumores, sobre una salida militar que, en la práctica significara un aumento de la represión y el quiebre del estado de derecho.

La reacción de varios ante el mensaje fue que no había dicho nada nuevo, y que una vez más no entendía lo que estaba pasando. Pero hubo algunos que sí acogieron el llamado: entre ellos, el senador Harboe e, inexplicablemente, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, que significó la salida de Convergencia Social de más de setenta militantes junto con el alcalde Jorge Sharp y tensionando al extremo al Frente Amplio. Ambos saludaron el tono conciliador del mensaje presidencial y se mostraron disponibles, en sus respectivos twitters.

La respuesta vino muy pronto, tal vez demasiado pronto: el mismo día de la conmemoración de la muerte de Camilo Catrillanca, en forma paralela a los múltiples velatones y actos de homenaje al comunero mapuche, los partidos oficialistas y algunos de oposición (como RD, Comunes y el Partido Liberal del Frente Amplio), junto al diputado Boric a título personal acogieron el llamado presidencial. Éste tenía un sentido de urgencia comprensible para su sector pero incomprensible para el mundo progresista y dan a conocer un Acuerdo que si bien podría representar un avance en una demanda central, como es la Nueva constitución y la forma en que ésta se concretizará mediante un plebiscito, no da cuenta del imperativo que señalábamos antes: el establecer un acuerdo con un presidente y un gobierno responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sin que el Jefe de Estado y los partidos que lo apoyan hayan hecho una profunda autocrítica de lo ocurrido en Chile en la materia, incluyendo formas concretas de reparación de esa transgresión del “Nunca más” que se creía hasta ahora que era unánime. Al contrario, vuelve a mostrar que la “política de los acuerdos”, característica de la política tradicional, está vivita y coleando. Y que, para algunos, la violencia hacia la propiedad (condenable, por cierto) es equivalente, o incluso más importante, que hacia las personas.

Sin embargo, si bien el texto no lo incluye, ni la lógica subyacente tampoco, Piñera y su gobierno tendrán que enfrentar el juicio de la historia por haber criminalizado al movimiento social que reclama en las calles de Chile la respuesta a sus demandas, largamente postergadas. Ello, al igual que Carabineros de Chile y su director general, Mario Rozas, quienes han demostrado, en la práctica, que constituyen un poder sobre las autoridades civiles al negarse a colaborar con la justicia.

De ahí que la acusación constitucional sea plenamente pertinente y constituye un imperativo ético y político el que sea impulsada por el arco más amplio y representativo de parlamentarios y de la ciudadanía.         

por Coral Pey

17-11-2019

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