Bolsonaro concede indulto navideño a policías condenados

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, incluyó en el indulto navideño de este año a policías y militares condenados por crímenes no intencionados cometidos en operativos o en situaciones de peligro, informa agencia AFP.

 

Se ignora por el momento cuántos agentes podrán beneficiarse de esta medida inédita, firmada el lunes por la noche y publicada este martes en el Diario Oficial.

 

Se trata del primer indulto de Navidad de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, de 64 años, que asumió en enero con un discurso de mano dura contra el crimen y de fuerte respaldo a la labor de las fuerzas de seguridad, muy criticadas por las ONG’s por sus supuestos excesos.

 

«El decreto concede indulto a los agentes públicos que componen el sistema nacional de seguridad pública (policías federales, policías civiles, policías militares, bomberos, entre otros) que, en el ejercicio de su función o como resultado de ella, hayan cometido crímenes culposos o por exceso culposo – o sea, crímenes cometidos sin intención», informó la presidencia en un comunicado.

 

La medida también beneficia a los miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido condenados por actos cometidos en sus días de descanso con la intención de «eliminar el riesgo existente para sí mismo o para terceros».

 

También serán beneficiados militares condenados por crímenes no intencionados, «cometidos en determinadas hipótesis» durante las operaciones de Garantía de la Ley y el Orden, una facultad constitucional que permite llamar a tropas en circunstancias específicas y ha sido usada con mayor frecuencia en los últimos años ante el aumento de la violencia.

 

Quedan excluidos del indulto personas condenadas por «crímenes horribles» como tortura, terrorismo o corrupción, así como aquellos que hayan cometido infracciones disciplinarias graves.

 

La inclusión de miembros de las fuerzas de seguridad en el indulto va en la línea de lo que el mandatario defendía en el llamado «paquete anticrimen», la propuesta de ley de su ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, para evitar condenas contra policías en operativos, alegando la «legítima defensa».