La acusación constitucional contra el intendente Guevara

Los derechos humanos – como todos los grandes principios e ideales – son continuamente instrumentalizados: para la derecha, el único derecho humano de origen divino es la propiedad privada, y ningún poder puede relativizarla, reglamentarla y limitarla, so pena de ser condenado por el dios mamón.

 

Si una Constitución supedita el derecho de propiedad al bien común, la tildan de comunista y atea: cuando Eduardo Frei Montalva intentó reformar el artículo 10, no.10 de la Constitución Política de 1925, a fin de llevar a cabo la reforma agraria, El Mercurio, (órgano del dios de los comerciantes y ladrones), armó un tremendo escándalo, ¿cómo el Estado podía atreverse a limitar el latifundio a sólo 80 hectáreas del Valle del Maipú?

 

La reforma agraria se convirtió en “la guerra civil” entre antiguos conservadores, poseedores de la tierra, y sus hijos, los democratacristianos. El patriarca no podía concebir, por ejemplo, que su hijo del MAPU, funcionario de la CORA, encabezara la expropiación del fundo heredado de sus abuelos. Para los derechistas, la propiedad vale más que la vida e, incluso, que el mismo Dios, por lo tanto, la implementación de la reforma agraria era un verdadero sacrilegio. Hasta hoy, los conservadores nunca han perdonado a los democratacristianos por semejante audacia.

 

En la Declaración de los Derechos del Hombre, de 1789, el único artículo que se inspira en términos religiosos y teológicos es el de la propiedad. El entonces joven francés Robespierre, en ese tiempo diputado de la Constituyente, muy agudamente explicó que este derecho era fundamental para justificar la posesión de los esclavos negros, en la Isla de Santo Domingo. Ningún principio, incluso el de derecho a la vida, puede defenderse cuando la propiedad privada está en peligro, pues prima por sobre todos los demás.

 

Los demás principios, normas y libertades que garantizan las derechas en las distintas Constituciones son relativas y supeditadas a leyes y reglamentos: en el caso del derecho de copar policialmente las plazas y alamedas de distintos pueblos, por ejemplo, el de “La  Plaza de la Dignidad”, autorizada por el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, según el abogado del PPD, Samuel Donoso – dicho sea de paso, defensor del gerente de SQM, Patricio Contesse – sostuvo la peregrina idea, en la Comisión de la Cámara de Diputados, sobre este tema de la acusación constitucional contra Guevara que, según el artículo consignado en la Constitución, garantiza a todos los ciudadanos el derecho de reunirse y manifestarse sin permiso previo está limitado por decretos de policía que, claramente tienen una calidad jurídica muy distinta de la Carta Magna, (podría ser aceptable una ley ad hoc que limitara este derecho de un pueblo a manifestarse en democracia).

 

Los tinterillos autoritarios – que también los hay en partidos políticos que se dicen de izquierda, como en este caso de Donoso,  – van a terminar limitando, a tal grado, los derechos de libre expresión, reunión y manifestación, que al fin y al cabo podrán realizarse aquellos actos masivos que apoyen al gobierno de turno, y que sean del agrado del intendente o del gobernador, y so pretexto de que los carabineros los protejan, deberán solicitar al intendente o gobernador el permiso correspondiente, que podrán negarlo sin ninguna justificación de motivos, salvo baladíes argumentos policiales.

 

En definitiva, el derecho a reunión – según este abogado – se reduce a espacios privados, (casas particulares, por ejemplo). La libertad de reunión, manifestación y petición es una pura faramalla para hacer creer al mundo que en Chile se respetan los derechos humanos.

 

Históricamente, la tarea de la derecha consiste en limar y reducir, al máximo, las libertades y garantías, consignadas en los organismos de derechos humanos y en la misma Constitución, con el fin de que los ciudadanos se mantengan calmos y, cual ovejas al matadero, acepten las órdenes del rey, (los indios son buenos cuando, como buenos canutos, se crean la estupidez de que “todo poder viene de Dios”, en consecuencia, hay que acatar a la autoridad, por muy tiránica que sea; por el contrario, si se convierten en “comunistas” y, además, reivindican la propiedad de las tierras que les son propias, son “subversivos” y agentes del demonio un tal Gutiérrez).

Los carabineros pueden darse el lujo de crear montajes – como la “Operación Huracán” – para culpar a los jefes mapuches de sediciosos: el caso Camilo Catrillanca demuestra la forma en que carabineros intentó ocultar un asesinato.

Los líderes de la derecha son tan hipócritas que quieren transformar en demócrata al ex ministro de Piñera, el primo Andrés Chadwick, muy bien condenado en la reciente acusación constitucional. Nadie puede negar que las arremetidas de carabineros en la violación de los derechos humanos han provocado el resultado de cerca de 400 jóvenes con graves daños oculares, y todas las Comisiones de derechos humanos que han visitado este país han constatado y condenado a la fuerza pública y al gobierno por los graves atropellos a los derechos de las personas, (el único personaje ajeno a toda realidad, por consiguiente, ya no entiende nada, es el mismísimo Presidente, Sebastián Piñera.

 

En la última encuesta CEP el parlamento apenas alcanzó un 3%, cifra equivalente al margen de error, es decir, puede apoyarlo el 0% de los ciudadanos, o bien el 6%, en el máximo. En estricta lógica, cualquier ciudadano podría arrogarse el derecho de legislar sin caer en sedición, pues las dos Cámaras actuales, con tan poca legitimidad, se dan el lujo de aprobar leyes que mandan, prohíben o permiten que, al ser publicadas por el Diario Oficial, deben ser reconocidas, acatadas y respetadas, e impuesta su obediencia por la fuerza pública. Por muy grave que sea la crisis de representación las instituciones tienen valor legal y deben ser respetadas así nadie crea en ellas, pues en caso contrario, lo acusarán de ácrata, o más grave, de vándalo, encapuchado o incendiario.

La acusación constitucional contra Felipe Guevara claramente cumple las exigencias exigidas por la Constitución para ser destituido de su cargo.

 

Rafael Luis Gumucio Rivas, (EL Viejo)

21/01/2020