El 13 de diciembre 2019 se publicó el informe [1] de la delegación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), resultado de su visita a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre. El informe describe múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas chilenas. Lo anterior en un contexto de falta de participación democrática en la política chilena que hizo que el pueblo nunca se sintiera incluido en este sistema.
“Seguimos recibiendo denuncias sobre vulneración de derechos en Chile, en el marco de manifestaciones sociales”, afirmó el Representante para América del Sur[2] del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
Eso, al cumplirse tres meses desde que se conoció el informe de la misión que desplegó el ACNUDH en el país, con 21 recomendaciones para el Estado.
Desde el Informe, aquí las 21 recomendaciones:
Impulsar reformas estructurales que asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores.
Reformar los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada.
Esta información pública debe ser fácilmente accesible para las instituciones autónomas de derechos humanos en el país y debe incluir datos sobre el uso de controles de identidad por parte de Carabineros (desglosada por edad y sexo).
Asegurar que se reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de género) respecto a los derechos humanos, en particular sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades.
Incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección parapersonas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad.
Garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública (incluidas cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos).
Algunas medidas anunciadas por el gobierno, según Jarab, “van en la dirección correcta, como el aumento de cámaras corporales que registran el actuar policial, entre otras”. Sin embargo, el Representante señaló que su Oficina no pudo constatar avances significativos en la implementación de gran parte de las recomendaciones contenidas en el informe de diciembre de 2019.
Marta Valdés, vocera de la Coordinadora Traumas Oculares, no ve tampoco ningún avance significativo. Al contrario, nos explica de cómo la represión y la violencia no ha parado: “de inicios de marzo hasta hora se mantiene la brutal represión de este gobierno a través de carabineros. Ellos siguen disparando a los rostros bombas lacrimógenas y perdigones y torturando y deteniendo a la gente que se está manifestando. Lamentablemente la represión sigue siendo tan brutal. El gobierno no se hace cargo de la violación a los derechos humanos y, respecto a los traumas oculares, no han avanzado las investigaciones”.
“El balance lamentablemente hasta hoy es triste la represión continua y se ve que es una práctica que este gobierno no tiene ninguna intención de detener y no quiere escuchar lo que el pueblo demanda con fuerza y con justo derecho”, concluye Marta Valdés.
Violencia y uso de la fuerza
El informe presentó varias recomendaciones sobre el uso adecuado de la fuerza, incluyendo el de las armas menos letales. “Por ejemplo, los cartuchos de gas lacrimógeno nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace potencialmente letales”, explica al respecto Jarab.
Sin embargo, la Oficina sigue recibiendo información sobre el uso indebido de estas armas por personal de Carabineros, en varios casos con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión. En la última semana, la Oficina conoció de la muerte de una persona, presuntamente a raíz de una actuación policial como esta, lo que debe ser esclarecido por la autoridad.
ONU Derechos Humanos también ha recibido con preocupación relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos producidos por carros policiales y golpizas por parte de Carabineros, y en particular información de agresiones contra brigadas voluntarias de salud, periodistas, observadores de la sociedad civil e incluso del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Con estos antecedentes, ONU Derechos Humanos insta a que “se realicen investigaciones prontas y completas para establecer la participación o responsabilidad de agentes del Estado y sus líneas jerárquicas, así como determinar si se trata de patrones o conductas reiteradas en el actuar policial”.
En paralelo, desde el 18 de octubre miles de personas se encuentran actualmente en las cárceles chilenas. Por ellos, “la situación sigue siendo compleja, los presos aumentan, aunque no mucho, pero eso igual sigue agravando la situación en la cárcel. A mediado de marzo los parlamentarios irán a ver las condiciones de la cárcel, tal vez demasiado tarde, por la complejidad de la situación”, declara Lorenzo Morales de la Defensoría Popular.
Actividades del ACNUDH para implementar las recomendaciones
En seguimiento al informe de diciembre, la Oficina ha desplegado varias acciones para promover la adopción de medidas urgentes de protección y prevención de nuevas vulneraciones de derechos. En ese espíritu, se han sostenido diálogos con múltiples sectores, incluyendo a altas autoridades de todos los poderes del Estado, poniendo a disposición la asesoría técnica y experiencia internacional del ACNUDH para contribuir a que se aborde la situación desde un enfoque de derechos humanos.
Para ONU Derechos Humanos, la sociedad civil, las víctimas y sus familiares deben ocupar un rol central en la respuesta del Estado a las tensiones sociales. En esa línea, la Oficina ha recibido visitas de grupos como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y brigadas de atención primaria en manifestaciones. También está en contacto con múltiples organizaciones de derechos humanos en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Temuco y otras ciudades, así como con contrapartes de la comunidad internacional.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos
El informe de 30 páginas fue elaborado por un equipo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dedicó tres semanas de noviembre a conocer la situación en Chile.
El documento detalla alegaciones de tortura, malos tratos, violencia sexual por parte de Carabineros y presuntas detenciones arbitrarias.
“La policía chilena no respetó el protocolo: hubo claros abusos policiales y una violación sistemática de los derechos humanos durante estas últimas semanas en Chile”, denunció Imma Guerras-Delgado, líder de la delegación del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Chile, presentando el informe a los periodistas de Naciones Unidas en diciembre 2019. “Serias violaciones, graves y reiteradas”.
Las declaraciones de Guerras-Delgado no dejaban dudas: confirman las violaciones sistemáticas anunciadas y denunciadas por organizaciones civiles chilenas e internacionales desde el principio de las manifestaciones, el pasado 12 de octubre 2019. Amnesty o Human Rights Watch, fueron algunas de las internacionales.
La ACNUDH se reunió con un gran número de autoridades y más de 300 Organizaciones Civiles. Llevó a cabo 235 entrevistas (153 hombres, 38 niños/adolescentes, 39 mujeres, cinco niñas/adolescentes) con víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos, incluidas las personas heridas y detenidas en el contexto de las protestas, y sus familiares.
También se realizaron 60 entrevistas con integrantes de Carabineros de Chile en servicio activo y heridos en el contexto de las protestas, y con personal médico y operadores de justicia. La ACNUDH visitó comisarías, prisiones y hospitales, incluidos hospitales de Carabineros.
“La causa de todo lo que está pasando está claramente ligada a la desigualdad socioeconómica y los obstáculos en el disfrute de los derechos económicos y sociales”, aclaró Imma Guerras-Delgado, “la falta de participación democrática en la política chilena hizo que el pueblo nunca se sintiera incluido en este sistema”, sentenció.
“Es particularmente por esa causa que empujamos el Estado chileno a crear, con el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, un proceso participativo e inclusivo. Sin eso, no se resolverá nunca la situación”, explicó la delegada del Alto Comisionado por los Derechos Humanos.
Por Elena Rusca (en Ginebra)
[1] http://www.colombiainforma.info/wp-content/uploads/2019/12/Chile-report-SPANISH.pdf
[2] La Oficina Regional para América del Sur del ACNUDH tiene sede en Santiago y trabaja con ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
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