Bajo estado de catástrofe el Estado tiene grandes atribuciones para intervenir el mercado: desde control de precios a producción estatal

El mercado y el imperio intocable de la propiedad privada han sido los elementos de mayor peso en el funcionamiento de la sociedad chilena en los últimos decenios. El Estado y búsqueda del bien común solo han tenido un rol secundario y transitorio.

El mercado decide qué cosas se producen, qué bienes se exportan o se importan, qué mercancías se consumen, a qué precios se venden, cuéntos ingresos recibe cada ciudadano, etc. El Estado, constitucionalmente, ha estado alejado de las actividades económicas. No puede crear ninguna empresa nueva – como hizo antaño la Corfo – ni participar accionariamente en ninguna empresa ya creada, pues todo ello está reservado al mercado y a la iniciativa privada. El Estado tiene muy poca capacidad de crear bienes públicos – tales como la salud, la educación o la previsión – pues esos son campos que han pasado crecientemente a manos de capitales privados.  No puede tampoco fijar precios ni expropiar ninguna empresa, ningún bien, ni ningún derecho adquirido, a menos   que pague por ellos una elevada indemnización, pues todo aquello entra en el campo de las limitaciones a la propiedad privada.

La actual situación sanitaria ha puesto de manifiesto que esa estructura limitada de funciones del Estado no ayuda para nada a enfrentar con éxito las condiciones difíciles que se puedan presentar en el campo económico, en general, y sanitario, en particular. El sistema dual de medicina – que cuenta con hospitales para ricos y hospitales para pobres – genera, aun en las condiciones de mayor normalidad, un colapso sanitario y hospitalario, donde miles de personas esperan meses para poder ser atendidos por un especialista – o se mueren antes de ser atendidas – y en los servicios de emergencia impera una verdadera medicina de guerra. En condiciones de crisis sanitaria, como la actual, el país se da cuenta de lo precario de su sistema de salud, que no cuenta con las condiciones básicas como para enfrentar esta nueva situación.

Con el decreto que establece el estado de catástrofe nacional, se le dan facultades al Estado como para que tome las medidas de urgencia en el campo económico que se estimen necesarias. En términos textuales la constitución actual establece, en el artículo 44 lo siguiente: “Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.”

Es decir, el Gobierno ha descubierto que el mercado y la propiedad privada no son siempre buenos para solucionar todo tipo de problemas económicos y sociales. Por ello, es posible plantearse hoy en día – con las nuevas potestades, y ante la grave situación que se nos viene encima – medidas como las siguientes:

1.- En materia de medicamentos es necesario que el Gobierno tome medidas drásticas en contra de la especulación, el acaparamiento y la colusión de las empresas comercializadoras controlando precios y/o asumiendo si es necesario el control total de la importación, comercialización y distribución de medicamentos en el país. En este mismo campo parece necesario que los exámenes para detectar la presencia o no del coronavirus se haga en forma gratuita en todos los servicios públicos o privados.

2.- Poner todos los hospitales y clínicas privadas bajo el control de las autoridades civiles o militares del país, de modo que pongan dicha infraestructura sanitaria al servicio a todo el que la necesite, sean inscritos en Fonasa o en isapres, en forma rápida, oportuna y gratuita. No se puede dejar que en la situación actual, no se les imponga a esas instituciones, una cuota de solidaridad social, ni tampoco que se les puede dejar que lucren con compatriotas que se debaten entre la vida y la muerte.

3.- La capacidad del país para de realizar importaciones – disponibilidad de divisas,  infraestructura portuaria y de trasporte, entre otros elementos – debe concentrarse en la compra en el exterior de insumos y maquinaria médica, aun cuando eso implique postergar o suprimir la adquisición de muchos bienes suntuarios que nada aportan a la situación actual de crisis sanitaria.

4.- Hay que estudiar rapidamente la posibilidad de redireccionar ciertas capacidades industriales existentes en el país de modo que pasen a producir los insumos que se necesitan para la actual situación: mascarillas, delantales, botas, geles, jabones, detergentes, papel higiénico, camas, frazadas, etc.

Estas y otras medidas similares pueden hoy en día tomarse con plena legalidad. Lo que hace falta es abandonar trabas mentales y aceptar que hay que ponerlo todo, cueste lo que cueste al servicio de salvar vidas humanas.

 

Por Sergio Arancibia

 

 

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