Este 26 de abril el pueblo chileno debería haber participado en un plebiscito en el cual, si lograba triunfar la opción “apruebo”, se habría iniciado el proceso de creación de una nueva constitución, que superara a la heredada de la dictadura y fuese una carta fundamental verdaderamente representativa de la voluntad ciudadana.
La pandemia del COVID 19 frustró la agenda acordada, postergando el plebiscito. Pero el peligro real que se cierne contra el proceso constituyente no viene precisamente del corona virus, sino del oportunismo político de sectores de la coalición gobernante que buscan utilizar la emergencia sanitaria para frustrar el proceso y eternizar la constitución pinochetista. Tratando de derrotar al movimiento por una nueva constitución, no en las urnas, como corresponde a una democracia, sino por una determinación autoritaria, aprovechando el natural repliegue del pueblo ante el temor que provoca el coronavirus y las medidas derivadas del Estado Constitucional de Catástrofe impuesto para controlar la pandemia.
No solo se busca utilizar la tragedia para frustrar el proceso constituyente. También se ha tratado de imponer medidas que favorecen la impunidad respecto a los brutales crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, presentando como ley humanitaria disposiciones que permitirán enviar a confinamiento en su hogares a criminales que purgan múltiples condenas de cárcel en el penal de Punta Peuco.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi manifiesta su férreo compromiso con el proceso constituyente y con la lucha por la verdad, la justicia y la reparación respecto a las violaciones a los derechos humanos, tanto las cometidas en el pasado, como las perpetradas en el marco de la represión al estallido social. Constituye un error pensar que la pandemia desmovilizará al pueblo. Sus efectos en la salud de la población, en el incremento del desempleo, la precarización y la inestabilidad laboral están configurando un panorama que puede provocar un segundo estallido y la previsible secuela de represión y violaciones a los derechos humanos que infligirían un profundo daño al conjunto de la sociedad chilena.
En tal sentido, el gobierno tiene la oportunidad histórica de conducir un proceso constituyente inédito en la historia de este país, que incorpore los legítimos anhelos de justicia y profundización democrática por los cuales se movilizaron millones de ciudadanas y ciudadanos de este país.