Se calcula que si la pandemia continúa, al menos por el presente año, la contracción del PIB de Argentina sería de un 5,5% y, si se agrega la contracción heredada del gobierno de Macri, que es de un 3%, se llegaría a un 8% del PIB. Ningún país en estas condiciones puede pagar una deuda de 300 mil millones de dólares.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, muy hábilmente logró informar, a través de su vocero, Jary Rice, que el Fondo Monetario Internacional declarara que la deuda de Argentina es impagable, por consiguiente, sólo resta presionar a los acreedores privados a fin de que acepten una quita importante de la deuda que hasta hoy, alcanza la suma de 503 mil millones de dólares.

La deuda vencía el 22 de mayo último, pero al no haber acuerdo entre las partes, se logró una prórroga que vencería en los primeros días de junio. Es sabido que el sustantivo “default” tiene cientos de adjetivos calificativos, por ejemplo, “selectivo”, acordado por Macri con los acreedores, es decir, que a algunos se les paga en la fecha acordada y a otros no; otro adjetivo “técnico”, significa que la deuda venció, pero el deudor no cumplió con el acreedor y, mientras no haya una acción judicial por parte del acreedor, el default seguirá siendo técnico.

Si prescindimos de los adjetivos, Argentina se encuentra en default desde el mes de septiembre de 2019, tal cual lo declara el Presidente, Alberto Fernández.

El acreedor tiene tres modalidades para reducir la deuda: la primera, imponer un período de gracia, durante el cual no paga nada; la segunda se refiere a una quita sobre los intereses; la tercera, una quita sobre el capital. Como Argentina no tiene como pagar, el país se vio forzado a solicitar un período de gracia por tres años, es decir, prácticamente hasta el final del período presidencial del mandatario actual.




La quita principal está destinada al pago de los intereses de la deuda que, en la propuesta de Guzmán, se reduciría en un 60%, es decir, por cada dólar adeudado el interés sería de 38 centavos de dólar. Los bonistas proponen un interés de 50 centavos de dólar.

La quita del capital, según la propuesta del gobierno sería de un 5,7%, es decir, bastante bajo.

Los bonos, sean soberanos o corporativos, pueden clasificarse en grados de inversión o en los llamados “Bonos Basura”. Los primeros aseguran al acreedor que el país deudor tiene una buena capacidad de pago y, por lo tanto, solvencia para cubrir los intereses y el capital; cada bono tiene letras: la letra A corresponde al bono de Tesoro de Estados Unidos, el más seguro de todos; los bonos basura son aquellos pertenecientes a países de economías muy débiles, susceptibles de default.

El Cupón – los intereses – que se paga semestralmente, sube su precio según la peligrosidad del bono, o sea, la posibilidad de cesación de pago, que es el “riesgo país”. Argentina tiene un riesgo-país de 2.775 puntos respecto al bono soberano de Estados Unidos, y debe pagar un interés de un 14% semestral.

El precio del bono funciona de manera contraria al del Cupón, por consiguiente, mientras más alto sea el riesgo país, más bajo es el precio. Los fondos de inversión llamados “buitres” compran bonos casi regalados, provenientes de países en default, y se niegan a reestructurar la deuda cuando hay quita, y recurren a los tribunales de justicia de Nueva York, por ejemplo, en el caso de Argentina, a fin de que un juez obligue al deudor a pagar al acreedor el 100 por ciento del bono.

En el caso de Argentina y los bonistas en la actualidad, a ninguna de las dos partes le conviene romper las conversaciones y recurrir a la vía judicial por parte de los tenedores de bonos, o bien al default, en el caso de Argentina. Esto supondría que, una vez terminado la pandemia, Argentina no podría recurrir a ningún crédito internacional para salir de la recesión; hay que pensar, por ejemplo, que no tendría acceso a la compra, por ejemplo, de vacunas y de otros medicamentos contra el Covid-19.

Es sabido que, en toda negociación, las partes involucradas tienen que ceder en algo; al comienzo, las propuestas pueden ser duras y cerradas, pero a la larga, las cifras se van acercando, (quizás el punto más difícil para el gobierno argentino es señalado por tres años como período de gracia). Para los bonistas parece inaceptable la propuesta del gobierno actual en el sentido de bajar el 60% de los intereses; en todo caso en un período de pandemia como el actual, el acreedor que cobra su deuda es rechazado por los inversionistas sin aceptar ninguna quita de un país que, incluso como Argentina actualmente, que no puede pagar la deuda.

A dueños de los fondos de inversión les conviene tener buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, por consiguiente, a lo mejor, aceptarían un caramelo para calmar su avaricia y ambición.

Según el director del principal fondo de inversión en Argentina, el Black Rock, sería muy posible llegar a un acuerdo con el gobierno.

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

27/05/2020

 

 



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