Un pacto político, para que tenga sentido, y como el nombre mismo lo indica, debe hacerse entre las fuerzas políticas realmente existentes, organizadas en partidos, con representación en el parlamento nacional, y con objetivos muy concretos. Un pacto de esa naturaleza fue, por ejemplo, el que se firmó en el parlamento a fines del año pasado y que dio paso a la realización próxima de un plebiscito que se pronuncie sobre la permanencia o el cambio de la actual constitución. Ese pacto sigue todavía vigente de realización y ningún pacto posterior debe afectar el pleno cumplimiento de este pacto primero. Mas aun, cualquier nuevo pacto debe partir por ratificar la vigencia del pacto original.
También pueden darse en el parlamento pactos políticos encaminados a aprobar rápidamente un paquete de leyes de contenido económico y social, que permitan enfrentar la crisis en que se encuentra hoy en día el país. Si se discute con anterioridad y se pactan medidas, planes, metas, controles y resultados concretos es posible avanzar rápido en la parte propiamente legislativa, pues ya lo sustantivo ha estado discutido y pactado con anterioridad. La mera manifestación de buenas intenciones es claramente insuficiente en esta materia. Pactos de esta última naturaleza son usuales en el seno de las democracias contemporáneas. Si el propio Presidente de la República participa del pacto político tanto mejor. Si el pacto interpreta o recoge adecuadamente las expectativas e intereses de las fuerzas sociales existentes en el país – lo cual no siempre es fácil – entonces estaríamos en presencia de una situación casi perfecta. Pero sigue siendo un pacto político.
Un pacto social es una cosa diferente. Como su nombre lo indica, es un pacto entre fuerzas sociales realmente existentes en el país, y entre sus representantes institucionales más legitimados. En el caso nacional, las fuerzas empresariales están representadas por organizaciones tales la CPC, la Sofofa y la Sociedad Nacional de Agricultura, por nombrar las principales. Por el lado laboral, están los gremios y sindicatos – que aun cuando maltrechos por las normas constitucionales vigentes y por las leyes y las políticas de las últimas décadas- han logrado sobrevivir. Entre ellos podemos mencionar la CUT, la ANEF y los gremios del mundo sanitario. También están los gremios profesionales, tales como el Colegio Médico, el Colegio de Profesores, el Colegio de Ingenieros, etc. Finalmente, en una mención no exhaustiva, las organizaciones sociales también incluyen organizaciones vecinales y territoriales que han ido ganando espacio y organización en los últimos años y meses.
La verdad verdadera es que un pacto social, que sume a todos, o a la mayoría, de esos actores sociales sería muy difícil de conseguir. En cualquier país es difícil lograr una cosa de esa naturaleza, y más aún en Chile, donde el distanciamiento y el antagonismo entre ricos y pobres – por poner las cosas en sus términos más sencillos- se ha perpetuado y agudizado a lo largo de las últimas décadas.
Pero en el Chile real y concreto que tenemos hoy en día -que no se adapta fácilmente a los esquemas puramente teóricos – se da o se puede dar una situación mixta que ya empieza a ganar espacio en la opinión pública. Un gremio, como lo es el Colegio Médico, con el apoyo de un grupo de economistas de diferentes tendencias, ha elaborado una propuesta de acción económica para los próximos 18 meses y ha invitado al conjunto del sistema político – y al Poder Ejecutivo en forma necesariamente inclusive – a sumarse al mismo. Ese programa ha sido asumido, por muchas de las fuerzas políticas de oposición, como la base sobre la cual conversar y eventualmente pactar con el Gobierno un programa de emergencia. Ese programa del ColMed incluye – entre otras cosas – un mayor gasto público, uso de 12 mil millones de dólares de los Fondos soberanos con que cuenta el país, mayor endeudamiento interno y externo, ayudas en efectivo que alcancen a los 300 mil pesos para una familia de 4 personas, que abarquen al 80 % de los sectores más vulnerables del país y que se sostenga durante 18 meses.
Esa propuesta es posible y deseable, permitiría salvar vidas y mitigar el hambre de millones de personas en la crisis actual, y es un elemento común en los planteamientos de diferentes fuerzas sociales y políticas del país. No incluye, desde luego, todo lo que cada fuerza desearía, pero es un programa político que puede interpretar mucho de lo que fluye de la realidad chilena social, o un programa nacido del ámbito social que necesita con urgencia de todos los apoyos políticos posibles. Sobre bases así de concreta y de unitarias es posible conversar. Pactar o no, ya dependerá de lo que Gobierno ponga encima de la mesa.
Por Sergio Arancibia
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En la situación actual no hay ninguna base firme para permitir realmente un Pacto Social, esto es, un pacto que sea consensuado, o a lo menos discutido ante la faz pública por todos los actores políticos, gremiales y sociales que tengan una auténtca representación como tales ante la comunidad.
No hay ninguna base para ello lo que qedó demostrado con ese esperpento de Acuerdo Nacional, que como acuerdo nacional no fue tal, sino un remedo, un gran engañó que adquirió ribetes trágico-cómicods de la manera como ésta se creó y desarrolló.
Solamente fue un Acuerdo sobre la marcha, en el cual participaron a título personal ciertos actores políticos que se arrogaron la representación del parlamento. A dicho acuerdo no concurrieron ni el Partido Comunista, ni el Partrido Humanista, ni tampoco Convergencia Social ni el partiido PRVS.
Y lo que es más grave, los actores políiticos que allí se concitaron se apropiaron de la representación de los partidos políticos, porque varios diputados denunciaron que para ello no fueron ni consultados, ni convocados para tales propositos, ni menos fue un acuerdo de los partidos políticos que fuera aprobado por sus orgánicas respectivas. tanto como bancadas,parlmentarias, ni menos, acuerdos tomadas en las orgánicas de los partidos s como orgánicas de los partidos propiamente tales..
Entonces, con que cara pretenden nuevamente ahora insistir en un Pacto Social cuando no hay base de representación para ello, más sobre todo cuando el promedio de las encuestas le asignan una aprobación tanto al gobierno como al parlamento en una cifra que apenas roza los dos dígitos. Un gobierno y un paralamento que no tienen credibilidad y que cada vez representan menos a los electores que los eligieron para representarlos.