Comisión Chilena de Derechos Humanos: el desconfinamiento  impulsado por el gobierno es una inaceptable política de ensayo-error

La Comisión Chilena de Derechos Humanos cuestionó las medidas de desconfinamiento anunciadas por el ministro de Salud, Enrique Paris, en el contexto del plan “Paso a Paso”. En declaración pública, la  entidad puntualizó que “la estrategia impulsada por el gobierno constituye una inaceptable política de ensayo y error, éticamente reprochable, constitutiva de un actuar doloso y abiertamente contraria a las recomendaciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, al exponer la vida y salud todos los chilenos y chilenas a la posibilidad cierta de un rebote de la pandemia”

En el documento, la entidad recuerda que fue el propio Ministro quien afirmó estar consciente que se puedan  producir rebrotes y que “si es necesario retroceder, vamos hacerlo”, no descartando una nueva cuarentena.

La Comisión plantea  que el reproche ético y jurídico al mencionando plan  se funda  en la falta de evidencia científica y médicas que justifique dicho plan.

“Aunque efectivamente se haya evidenciado una disminución importante de los contagios, la baja en la realización de los test, podría estar incidiendo en una interpretación errónea  de los datos, correspondiendo a un 10 %  de la baja tasa de contagios. Además, el número exámenes ha disminuido desde un máximo de 21 mil  a 3 mil -4 mil”.

Al respecto, señalan que  antes de implementar un desconfinamiento, lo que corresponde es aumentar el número de exámenes, a efectos de verificar empíricamente una real baja en la tasa de positividad, que garantice que la pandemia está controlada”.

La organización chilena de Derechos Humanos, indica en su declaración que “fiel a sus propósitos institucionales, seguirá exigiendo del Estado y sus autoridades, el debido cumplimiento de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de los chilenos y chilenas, especialmente el derecho a la vida y a la salud en la hora presente, y seguirá denunciando ante los tribunales nacionales e instancias internacionales, todo desconocimiento de las obligaciones contraídas por la suscripción y ratificación de los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos.

 

Por Galy Chávez

 

 

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