Desde que terminó su segundo período presidencial, a Uribe todo le sale al revés: 1) intentó una tercera candidatura a Jefe de Estado, pero fue rechazada por la Corte Suprema; 2) se enemistó con su delfín, en ese entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; 3) trató de implicar al senador Iván Cepeda al acusarlo de comprar testigos a cambio de dinero, paso que le fue fatal a Uribe, pues los miembros de la Corte Suprema, en vez de investigar a Zepeda, lo hicieron con Uribe y su abogado, Diego Cadena, probando que este letrado había pagado en dinero al paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel. (En Colombia se hecho un hábito la compra de paramilitares por parte de abogados).

Carlos Enrique Vélez, otro paramilitar comprado por el abogado de Uribe contó, con lujo de detalles, la formación del Bloque Metro, dirigido en Medellín por los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, en que el segundo oficiaba de jefe paramilitar.

Cinco de los miembros de la Corte Suprema colombiano consideraron que había mérito y pruebas suficientes para aplicarle la medida cautelar de prisión domiciliaria mientras dure la investigación: el motivo era justificado, había sido comprobado por una grabación telefónica en la cual Uribe trataba de dificultar la investigación, (personajes como Uribe, Bolsonaro, Trump y Piñera… se creen que son intocables y están sobre la justicia).

El prontuario de Uribe incluye desde colaboración con Pablo Escobar cuando era jefe de la Aeronáutica Civil, hasta el asesinato de campesinos y personas marginales, llamados “falsos positivos”, (en esta última causa es corresponsable con José Manuel Santos, su ministro de Defensa).

Álvaro Uribe sería el primer Presidente colombiano a quien se le aplica prisión, así sea domiciliaria. Antes, Belisario Betancourt debió responder por la toma y asesinatos en el Palacio de Justicia, pero no se siguió el proceso; también el ex Presidente fue encausado por haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña presidencial; Juan Manuel Santos, durante su período por el caso Odebrech, (en estos dos últimos casos la justicia  ha hecho vista gorda).




El ex Presidente Uribe se ha demostrado hábil en la compra de buenos abogados y, como todos estos personajes de derecha, siempre culpan a sus acusadores de sus propias faltas. Días antes de conocerse el fallo de la Corte Suprema había anunciado su renuncia al cargo de senador, pues podría servirle para que su expediente pasara de la Corte Suprema a la Fiscalía, o bien, a un Consejo especial para juzgar a ex Presidentes, de donde fácilmente podría zafarse. Otra posibilidad que se barajaba era la de someterse a la justicia especial del Acuerdo de Paz, que lo dejaría libre de facto con el solo hecho de reconocer todos sus delitos.

En la noche del 4 de agosto recién pasado las fuerzas de la derecha colombiana salieron a la calle para pedir la libertad de su delincuente ex Presidente, y lo peor, en pleno ascenso del número de contagiados y muertos por la pandemia del Covid-19. No faltaron fanáticos que amenazaron con tomar las armas, (“deporte” que se practicó en Colombia durante los XIX y XX). A pesar de las amenazas de la derecha es un hecho que Álvaro Uribe tendrá que pasar en su fundo durante todo el tiempo de dure la investigación, salvo que utilice miles de argucias a las cuales estamos acostumbrados a escucharle en su propia defensa.

En los próximos sabremos sobre la formalización se su abogado, Diego Cadena, a quien se le acusa de la compra de testigos y de negociación incompatible.

Por otra parte, Colombia es el país latinoamericano más plagado de bases militares norteamericanas, y es tan servil el gobierno  del imperio que estuvo dispuesto a encabezar la invasión a su país vecino, Venezuela, que no se llevó a efecto debido al cambiante carácter de Donald Trump que, al menos, tuvo la inteligencia de captar oportunamente que Juan Guaidó era un imbécil e ineficiente personaje, a quien ya le quedaba grande la presidencia de la Asamblea Nacional.

Álvaro Uribe Vélez, así salga libre por la presión de la derecha contra los jueces, sienta el precedente de que los Presidentes latinoamericanos podrían caer a la cárcel. (Ojalá, Colombia siga el camino de Perú, que tiene en las cuerdas a los ex Presidentes corruptos).

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

05/08/2020         



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