Chile, ¿un Estado de Derecho?

Como lo he mencionado en artículos anteriores en este mismo medio, el problema básico, causal de todas las transgresiones  e inmoralidades que se cometen día con día, especialmente por parte de la casta política y empresarial, es  que seguimos viviendo en un Estado de facto.

Nuestra casta política, especialmente el gobierno y Chile Vamos, constantemente quiere convencernos que vivimos en democracia y que Chile es un Estado de derecho.

Estado de derecho.

El Estado de Chile  es de facto no de derecho, pues “el origen del poder está en la voluntad general. El que de ella nace es el único poder legítimo. Para el hombre republicano el poder monárquico o el autoinvestido son suplantaciones de la voluntad popular y, por tanto, no deben generar obligaciones de obediencia en los ciudadanos… En el campo de la política, la legitimidad es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública. El poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no”. (1)

A raíz del fallo de la Corte Suprema en que se rechaza el recurso a favor de Celestino Córdova para que se le permita cumplir la condena en su rewe  (o rehue) durante un período de seis meses, el gobierno ha expresado que no pueden pasar por sobre el Estado de Derecho. Pero claro, dicen estar muy preocupados por el estado de salud del machi y de los otros comuneros mapuche en huelga de hambre.

Es tal la hipocresía de este gobierno, empezando por el presidente Piñera, que exige al presidente Nicolás Maduro de Venezuela que libere a los “guarimberos” que asesinaron, quemaron vivos a varios policías, incendiaron un hospital de niños (debido a  las alucinaciones de Piñera piensa que eso pasó en Chile), asesinaron a una compatriota etc., porque “son presos políticos”. Además, reconocen a un retardado mental y terrorista como presidente interino de Venezuela, reciben a una “embajadora” de este tarado, marioneta de Trump que ya ni este psicópata lo aguanta, etcétera, etcétera, etcétera, pero que quede claro, Chile y este gobierno no puede pasar por sobre el Estado de Derecho.

El actual ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, repite como loro que el gobierno no puede pasar por sobre el Estado de Derecho, sin embargo, cuando era diputado, cada vez que participaba en un debate en un medio de comunicación, como respuesta a cualquier pregunta un poco embarazosa y, ante la falta de argumentos, se refería a lo que pasaba en Venezuela; era tan constante esa muletilla, que un periodista,  durante una presentación en televisión, tuvo que hacerlo callar y le pidió que terminara con esa monserga, porque ya se hacía bastante insoportable. En la vocería, después del fallo de la Corte Suprema, referida al Estado de derecho, le faltó agregar: “no como en Venezuela”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó que el fallo de la Corte Suprema que rechazó la solicitud presentada por el machi Celestino Córdova era “contundente”. ¿Y los informes de organismos internacionales que han condenado la violación de los derechos humanos por parte de su gobierno no son “contundentes”, señor subsecretario?

Derecho y moral

“La moral está compuesta de imperativos que son obedecidos por su valor intrínseco, por el deber que impele al hombre obedecerlos; el Derecho está constituido por imperativos a los que el hombre obedece y en conformidad a los que obra, en virtud de motivos distintos del deber de respetarlos: <<El puro acuerdo o desacuerdo de una acción con la ley, sin tener en cuenta su impulso, se llama legalidad, conformidad con la ley; cuando, por el contrario, la idea del deber derivado de la ley es al mismo tiempo impulso de la acción, estamos ante la moralidad>>”.

“… <<así, es un deber externo (y por ende jurídico) mantener las propias promesas conforme a lo pactado, pero la orden de hacerlo únicamente porque ello es un deber, sin tener en cuenta ningún otro impulso, pertenece solamente a la legislación interna (y por ello moral)>>”. (2)

He traído a colación estos conceptos de Derecho y de moral kantiana, con el objeto de tratar de analizar el porqué de la constante ocurrencia del Estado de Chile, de negarse a acatar los fallos, convenios o informes de organismos internacionales con los que ha signado tratados y convenios  y que, por lo tanto, está obligado a respetar.

El problema radica en que Chile vive en un Estado de excepción desde el 11 de septiembre de 1973 hasta nuestros días. Chile no respeta los tratados o convenios internacionales que ha firmado y que no tienen que ver con cuestiones de índole comercial, especialmente los que se refieren a los Derechos Humanos.

Lo han dicho todos los abogados expertos en Derechos Humanos, incluso el abogado que presentó el recurso ante la Corte Suprema: no se está discutiendo la condena, no se está solicitando cambiar el fallo, se está pidiendo aplicar el Convenio 169 de la OIT. Lo curioso es, justamente, que la Corte Suprema no se refiere a lo que se está solicitando. Entonces, el señor Bellolio, a lo único que atinó fue a referirse al delito por el que está condenado el machi.

Por mucho que el gobierno diga que está muy preocupado por la salud de los comuneros mapuche, especialmente la de Celestino Córdova, no le creemos; es más,  lo que sí creo, es que están esperando que una vez que se produzca su deceso, las protestas del pueblo mapuche, de las comunidades y de todo el Wallmapu sean masivas, se produce una fuerte represión, se declara Estado de Sitio y se va a la soberana cresta el plebiscito. El director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, se ha mostrado preocupado ante esta eventualidad. En todo caso, si esto sucede, el único y principal responsable, será el gobierno de Chile.

Según la concepción de Estado de Derecho que tiene el gobierno, ¿éste contempla los asesinatos, los traumas oculares, las violaciones, las torturas por parte de carabineros, mismos que cumplen órdenes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública? ¿No son estos actos abominables  los que han condenado, con informes “contundentes”, varios organismos internacionales de Derechos Humanos?

Además, justo cuando el conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche está en uno de sus momentos más álgidos, el presidente Piñera recibe a los camioneros en La Moneda, firma un proyecto de ley, dictado por el mismo gremio, que sólo los beneficia a ellos, con una vergonzosa puesta en escena llena de alabanzas y ante  su presencia,  el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Galli, se despacha la siguiente aseveración: “no se puede dialogar bajo presión”. Después de esta provocación, señor Galli, no venga a decir que los mapuche son unos terroristas, porque el terrorismo contra la etnia mapuche siempre ha venido de mano del Estado, no sólo con la militarización de la Araucanía y sus masacres, sino además, con las leyes que han permitido el despojo de sus tierras, de su cultura y de sus costumbres.  “No se puede dialogar bajo presión”, pero le faltó decir, con la excepción de los camioneros, de los carabineros, de los militares, de los grupos racistas, de los grupos fascistas, de los fanáticos que están por el rechazo a los que incluso los escolta carabineros, etc.

No se puede pasar por sobre el Estado de Derecho, pero sí se puede indultar a dos militares que cumplían condena por crímenes, torturas, desaparecimiento de personas, es decir, delitos de lesa humanidad. Otra vez se contravienen todas las disposiciones de la Naciones Unidas que prohíben el indulto a estos criminales.

En síntesis, ¿es Chile un Estado de Derecho? Si así fuera, no se permitiría que dos personas que fueron colaboradores de la dictadura cívico-militar y, además, partidarios de Colonia Dignidad y amigos personales del nazi y pedófilo Paul Shaeffer, sean nombrados en los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y  ¿Derechos Humanos?, respectivamente. Cómo será esta tamaña ignominia, que hasta en Alemania ha provocado una gran discusión. Incluso una diputada ha pedido que el gobierno de su país, estudie la posibilidad de revisar los convenios de colaboración con nuestro país.

Por último, pero no menos importante: propongo que para el 18 de septiembre, (día en que se celebra la “independencia” de Chile, aunque el Acta de Proclamación de la Independencia  se firmó  el 1º de enero de 1818), icemos la bandera del pueblo-nación mapuche que es el que verdaderamente defiende nuestra soberanía, en vez de la bandera chilena, puesto que ésta ha sido prostituida, mancillada, nada menos que por el propio Presidente de la República: “El que de hecho o palabra hiciere objeto de mofa o desprecio de la bandera, escudo o himno nacional de la República, será castigado con pena de prisión en su grado mínimo, y una multa de 40 UTM”. (Código Penal).

“Todo habitante de la República debe respeto a Chile y  a sus emblemas nacionales”. (Artículo 22 de la Constitución Política de Chile).

Por lo menos yo, no tengo ni el más mínimo interés en ser súbdito del gobierno yankee, ni que mi país se constituya en un estado más de los Estados Unidos de Norteamérica, incrustando nuestro emblema patrio como una estrella más de su bandera. Si el señor Sebastián Piñera Echeñique desea ser ciudadano del país más terrorista del mundo (Noam Chomsky, dixit), que se vaya ahora mismo, acá no lo necesitamos y la ciudadanía no lo quiere. Nos haría un inmenso favor al 90% de los chilenos.

Notas:

(1) Rodrigo Borja, Enciclopedia de la política, F.C.E., México, 1997.

(2) Guido Fassó, Historia de la filosofía del derecho, (la edad moderna), Pirámide, Madrid, 1982, T. 2, pp. 267-268.

 

Por Hugo Murialdo