Graves las condiciones de salud de los Comuneros Mapuche de Angol en huelga seca

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Desde este lunes 23 de agosto los prisioneros políticos mapuche ya en huelga de hambre decidieron pasar a huelga seca. Desde ayer uno de ellos fue trasladado al Hospital de Angol, debido a sus graves condiciones de salud.

Siguen las tensiones y las controversias entre el Pueblo Mapuche y el gobierno chileno. Este último no quiere diálogo y aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo cual, sin embargo, ratificó.

Por esta razón los prisioneros políticos mapuche empezaron huelga seca desde este lunes 23 de agosto. Unos de ellos fueron trasladados al Hospital de Angol ayer debido a sus graves condiciones de salud.

Las autoridades tradicionales mapuche, comunidades en resistencia de Malleco y familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre, siguen convocando desde el lunes  y durante todas estas semanas concurrir a acompañar a los familiares que se encuentran en el campamento instalado afuera de la cárcel de Angol, producto del inicio de la huelga seca de los 8 hermanos en la cárcel de esta ciudad.

“Solicitamos máxima difusión a esta convocatoria, ante esta drástica medida que han tomado nuestros hermanos producto de la nula respuesta del Gobierno Chileno a las peticiones planteadas”, declararon las Comunidades Mapuche.

Hace más de dos semanas más de 100 asociaciones enviaron una carta firmada a los relatores especiales de la ONU para pedir apoyo internacional frente a la situación cada día más crítica de los presos políticos mapuche.

Dirigida a tres relatores especiales,  José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, la carta pide el apoyo del sistema onusiano para que se respeten los derechos de los presos políticos mapuche.

La ineptitud del gobierno chileno a respetar el Convenio 169 de la OIT no es historia de hoy.

En el último Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/WG.6/32/CHL/2)[1], publicado el 16 de noviembre 2018 en relación a la sesión 32 del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal – EPU – de Chile de 2019, emergen las siguientes declaraciones:

• El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la legislación antiterrorista había seguido siendo invocada y aplicada, en su gran mayoría, contra integrantes del pueblo mapuche
• El Comité expresó su preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, y por las informaciones coincidentes sobre malos tratos a manifestantes detenidos, abusos policiales a miembros del pueblo mapuche en el marco de allanamientos o redadas en sus comunidades y actos de violencia sexual policial contra mujeres y niñas durante protestas estudiantiles. En 2016, el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación se refirió a varias denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas organizadas por los pueblos indígenas para pedir que se respetaran sus derechos, en especial sus derechos sobre la tierra.
• En 2017, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial sobre el terrorismo y los derechos humanos instaron a Chile a que se abstuviera de usar la Ley que Determina Conductas Terroristas y Fija Su Penalidad para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de mapuches que reclamaban sus derechos. Señalaron que no era la primera vez que se planteaban preocupaciones respecto de los derechos humanos en ese sentido, y que Chile había asegurado previamente que la ley antiterrorista no sería usada en contra de miembros de la comunidad mapuche.

En 2017, la Relatora Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial Sobre el Terrorismo y los Derechos Humanos instaron a Chile a que “se abstuviera de usar la Ley que Determina Conductas Terroristas y Fija Su Penalidad para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de mapuches que reclamaban sus derechos”.

Respecto al tema del terrorismo, ya en 2014, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo había señalado que “la definición de terrorismo de la legislación chilena era muy amplia, y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había concluido que contrariaba el principio de legalidad”.

El Comité contra la Tortura también había denunciado “la limitación de las salvaguardias fundamentales y las garantías procesales que se contemplaba en la ley antiterrorista”.

Chile había asegurado ante las Naciones Unidas que no aplicaría más, la ley antiterrorista contra el pueblo Mapuche. Sin embargo, el gobierno chileno, tanto el de Michelle Bachelet como el actual de Sebastián Piñera, siguen aplicando la ley contra el pueblo indígena, violado los derechos humanos de estos últimos.

Parece que en Chile disparar o violentar a Mapuche es tolerado por la le

El Convenio 169 de la OIT.

“El Convenio 169 tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio.

El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control.

A Noviembre de 2014, el Convenio núm. 169 ha sido ratificado por 22 países, la mayoría de nuestra región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela, además de Dinamarca, España, Fiji, Nepal, Noruega, los Países Bajos y República Centroafricana”[2].

Movilizaciones y represión en Temuco

Para apoyar la huelga de los prisioneros políticos mapuche, la huelga de hambre más larga de la historia de Chile, una movilización en Temuco se estás actuando ahora y está siendo violentamente reprimida.

Enseguida imágenes y videos.

[1] Todo el informe: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/342/29/PDF/G1834229.pdf?OpenElement

[2] Más informaciones sobre el Convenio 169: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

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