La Macarena, Meta, Caños Cristales, hacen parte de un corredor biológico indispensable para mantener la conexión entre los ecosistemas de la Amazonia, la Orinoquía y los Andes. Seis departamentos del Estado colombiano hoy están amenazados por la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica. La posible hecatombe ecológica es desoladora.
“Las dificultades ambientales, también son problemas sociales, ya que afectan comunidades y sociedades vulnerables en Colombia y el mundo”, declara Veruska Nieto Borja, una activista ambiental colombiana que ha desarrollado una agenda alrededor del Putumayo, la Sierra de la Macarena y Europa.
Veruska trabaja desde hace años investigando los proyectos de megaminería en Colombia. Analizando el tema, evidenció que las zonas afectadas por minas antipersonales se encuentren licencias de extracciones, en donde el Estado todavía no ha llegado, de empresas transnacionales.
“Para obtener una licencia parecida son necesarios 5 años de investigaciones y muchos análisis, que en estos territorios no han podido ser realizados debido a la presencia de minas antipersonales. Sin embargo las licencias de extracción han sido tramitadas igualmente, y empresas transnacionales pueden explotar los recursos de estos territorios, sin haber hecho ningún análisis previo a eso”, explicó Veruska Nieto Borja ante la ONU el año pasado.
“Es absurdo ver felicitado al Estado colombiano por respecto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)[1] y, por otra parte, ver cómo este desarrollo sostenible no es absolutamente respetado, otorgando licencias de extracción sin análisis previos. Eso contamina la tierra y luego no hay remedio para volver atrás”, siguió Nieto Borja.
“Estamos hablando de los mismos lugares donde secuestraron y liberaron a Ingrid Betancourt”, entre San Vicente del Caguán y San José del Guaviare, donde no hay todavía desminado. Estos lugares no son accesibles a la mayoría de la población. Allí, ellos no tienen derecho a vivir, a cultivar, a instalarse. Las minas antipersonales son la principal causa, pero esta misma motivación no es un obstáculo para las grandes empresas extraccionistas.
En su investigación Nieto Borja comprobó cómo la mayoría de los asesinatos a líderes y lideresas sociales se encuentra particularmente en zonas de extracción petrolera, también minadas. Defender el territorio es una de las razones más altas de muerte en Colombia. Hay un registro de denuncias, hechas por las víctimas pero, en la mayoría de los casos, no hay seguimiento de la Policía, y las personas son obligadas a abandonar sus territorios.
En la mayoría de los casos estas personas no son consideradas como defensores ni líderes sociales por el Estado ni por la ONU, pues si no pertenecen a un organismo no gubernamental no tienen tal reconocimiento oficial. Eso causa que, cuando esta persona es desplazada no aparecen en el registro de las víctimas y se quedan en un limbo administrativo donde no hay posibilidad de retorno.
Una acción popular para salvar la Amazonia.
La organización europea sin ánimo de lucro “Vivos VZW – Amazon Forest Protection Program” instauró una Acción Popular para defender el “AMEM y la Amazonia” ante el sistema judicial en Colombia (vía el Tribunal de Cundinamarca) y ante la justicia internacional de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en Washington, Estados Unidos.
Estas acciones buscan proteger corredores biológicos estratégicos de seis departamentos que hoy están amenazados por la explotación minera, petrolera, hidroeléctrica. La posible hecatombe ecológica es desoladora.
“Tenemos una riqueza arqueológica y ambiental que hoy están en manos de petroleras” dijo Veruska Nieto Borja.
“La acción popular es una forma de lucha legal necesaria y complementaria a la lucha permanente en el terreno. Una acción popular tiene otra intención que una tutela: una tutela es resuelta por los jueces, de manera aislada. La acción popular da más esperanza porque el juez tiene que buscar una justicia construida a través del diálogo entre todas las partes involucradas. Que se van a sentar y tienen que llegar a compromisos reales”, así se presentan.
¿En qué consiste la Amazonía colombiana hoy?
La Amazonía colombiana cubre cerca del 40% del territorio colombiano y es la zona menos poblada del país. A la vez, hace parte de la gran región suramericana de la Selva amazónica, la más extensa zona forestal del mundo que es compartida por Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Bolivia. En consecuencia la región Amazónica de Colombia es la más forestal con una superficie de 483 119 km².
Hace poco más de un mes la ONG Amazon Watch ha publicado un informe[2] donde investiga 5 de las principales instituciones financieras: BlackRock, HSBC, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, unos de los bancos y fondos de inversión más poderosos del planeta.
Estas instituciones habrían invertido alrededor de 6 000 millones de dólares en proyectos de extracción de petróleo en la Amazonia occidental entre 2017 y 2019.
Los proyectos se extienden por más de 30 millones de hectáreas en la Amazonia occidental, que comprenden el 25 por ciento de los bosques distribuidos entre Colombia, Ecuador y Perú:
Las cinco instituciones financieras investigadas en este informe son:
Estas cinco instituciones financieras, entre las más poderosas del mundo, están contribuyendo activamente al cambio climático, al proporcionar financiamiento de deuda y capital para proyectos de extracción de petróleo crudo en la Amazonía.
Elena Rusca, en Ginebra
[1] Más informaciones : https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
[2] Leer el informe : https://amazonwatch.org/news/2020/0312-investing-in-amazon-crude
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