ONU denuncia las prácticas de detención administrativa, actuada por Israel, según la cual las personas pueden permanecer detenidas indefinidamente sin juicio, a veces durante años. Maher Al-Akhras, en huelga de hambre durante casi 90 días, es uno de los varios detenidos por esa práctica.
Maher Al-Akhras inició una huelga de hambre a finales de julio después de su arresto. Las fuerzas de seguridad israelíes lo acusan de ser miembro de la Jihad Islámica, acusación que él niega. La Corte Suprema de Israel ha rechazado sus peticiones de liberación en tres ocasiones.
«Al-Akhras se encuentra ahora en una condición muy frágil, después de haber estado sin comida durante 89 días”, dijo Michael Lynk, relator especial de la ONU para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. “Visitas recientes de médicos a su cama de hospital en Israel indican que está a punto de sufrir una falla orgánica importante y que algunos daños pueden ser permanentes».
Al-Akhras fue detenido el 27 de julio en su ciudad natal de Selit El Dahir en Cisjordania. El 7 de agosto se emitió una orden de detención administrativa en su contra que se extendía hasta el 26 de noviembre de 2020. En 2009 fue detenido administrativamente durante 16 meses, y nuevamente en 2018 durante 11 meses.
La detención administrativa.
“La detención administrativa es un anatema en cualquier sociedad democrática que respete el estado de derecho”, dijo Lynk. “Cuando el estado democrático arresta y detiene a alguien, se requiere acusar a la persona, presentar sus pruebas en un juicio público, permitir una defensa completa y tratar de persuadir a un poder judicial imparcial de sus acusaciones más allá de toda duda razonable.
“La detención administrativa, en cambio, permite a un estado arrestar y detener a una persona sin cargos, sin juicio, sin conocer las pruebas en su contra y sin una revisión judicial justa”, dijo. «Es un sistema penal que está listo para el abuso y el maltrato».
El derecho internacional permite que un estado utilice la detención administrativa solo en casos de emergencia, y solo si se puede brindar una audiencia justa en la que el detenido pueda impugnar las acusaciones en su contra. En una ocupación, el artículo 78 del Cuarto Convenio de Ginebra solo permite que una potencia ocupante emplee la detención administrativa «por razones imperiosas de seguridad».
Israel ha sido criticado regularmente por organizaciones internacionales de derechos humanos por su uso promiscuo de la detención administrativa. Según los datos de los Servicios Penitenciarios de Israel obtenidos por B’Tselem, el Centro de Información de Israel para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, había 355 palestinos detenidos en detención administrativa por Israel al 31 de agosto de 2020.
Si bien los tribunales israelíes permiten una forma de revisión judicial de los detenidos administrativos, el Tribunal Supremo de Israel (que actúa como Tribunal Superior) ha aprobado regularmente la práctica y rechazó la solicitud de liberación del Sr. Al-Akhras en un fallo a mediados de octubre. El Tribunal Supremo de Israel rechazó dos peticiones anteriores para su liberación.
Israel también encarcela regularmente a sus detenidos administrativos palestinos en las cárceles israelíes, una violación del artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra, que dice que las personas protegidas bajo ocupación deben ser detenidas en el territorio ocupado.
“Las fuerzas de seguridad israelíes que arrestaron y detuvieron al Sr. Al-Akhras no han proporcionado ninguna prueba convincente en una audiencia abierta para justificar sus acusaciones de que es una verdadera amenaza a la seguridad”, dijo Lynk. “Hay que liberar a Al-Akhras de inmediato si Israel no puede proporcionar evidencia persuasiva de alto nivel de que ha violado leyes que serían aceptables en cualquier estado democrático”.
“También hago un llamado a Israel para que derogue su práctica de detención administrativa, libere a los detenidos que tiene actualmente y siga estrictamente el derecho internacional en la aplicación de sus operaciones de seguridad”, dijo Lynk.
Elena Rusca, en Ginebra
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