El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, expresó su preocupación por los continuos ataques y acciones legales arbitrarias e indebidas contra las y los integrantes de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
En mayo de 2020, la Corte de Constitucionalidad emitió una decisión en la que se esbozaba una hoja de ruta para el nombramiento de miembros a la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Desde entonces, la Corte de Constitucionalidad y sus magistrados han enfrentado ataques de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Congreso.
Los amparos dispuestos por la Corte de Constitucionalidad en ejercicio de sus facultades disponiendo el cese de estas acusaciones indebidas no han sido acatados por el Congreso ni por la Corte Suprema. Varios integrantes de la Corte de Constitucionalidad vienen recibiendo, mientras tanto, denuncias penales con imputación de varios supuestos delitos y solicitudes que buscan retirarles su inmunidad en el marco de decisiones emitidas para que se lleven a cabo las designaciones de las altas Cortes. En virtud de una decisión de la Corte Suprema, el Congreso estableció una comisión pesquisidora para investigar a la Corte de Constitucionalidad atentando contra su independencia.
«El Estado tiene la obligación de prevenir los ataques contra magistradas y magistrados por el desempeño de sus funciones y debe evitar la interferencia política en particular en las del máximo tribunal», dijo García-Sayán.
Adicionalmente, el Relator Especial expresó su preocupación por los retrasos reiterados del Congreso en la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. “Observo con preocupación que la programación de las reuniones en el Congreso para avanzar en el proceso de selección se prolonga indefinidamente y no ha dado lugar a que se lleven a cabo tales elecciones”, señaló García Sayán.
«Las acciones del Congreso no sólo constituyen una violación de la orden de la Corte de Constitucionalidad. Constituyen también ataques que deslegitiman la función de la institución de una manera que es inaceptable en cualquier sociedad regida por el estado de derecho», dijo el experto. «El Estado no puede abdicar de sus responsabilidades para efectuar el nombramiento oportuno y adecuado de los miembros de las altas Cortes y debe velar por la transparencia del procedimiento.”
El experto hizo un llamado a todos los poderes del Estado para que cesen los continuos ataques contra la Corte de Constitucionalidad y sus miembros y para que cumplan con sus resoluciones.
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esto representa una nueva intervención de las fuerzas fascistas en America Latina, para eliminar y desmembrar las "pobres democracias" de AL, y poner esos pequeños países a la orden de la derecha facista de EE UU.