Hay quienes reflexionan sobre los problemas tributarios del país interrogándose sobre las cosas que se pueden y se deben hacer con la tributación tal como ella está diseñada en el día de hoy, es decir, sin introducir mayores modificaciones en los tipos de impuestos y en las tasas imperantes. Los impuestos, directos e indirectos, se suponen están dados de una vez y para siempre, aun cuando están concebidos como para que vayan aumentando, en lo que a recaudación respecta, en la medida en que vaya aumentando la población y sus ingresos. Si la economía crece, aun cuando sea lentamente, eso tiene que traducirse en una mayor recaudación tributaria, pues tanto los impuestos que gravan los ingresos como los impuestos que gravan el consumo, guardan relación directa con el ingreso general del país. Por lo tanto, la recaudación tributaria debería crecer un poco cada año, y el gobierno podrá hacer algunas pocas cosas más de año en año. Si además se plantean algunas mejoras en materia de reducción de la evasión y de la elusión, tanto mejor. En toda esta forma de abordar el problema son las necesidades sociales las que tienen que adaptarse a los ingresos tributarios existentes o a su lento crecimiento vegetativo.

Otra forma de abordar la relación entre la tributación y la producción de bienes y servicios sociales, es la que da vuelta totalmente la relación entre esas dos variables. El análisis comienza por analizar qué cosas se necesitan hacer – por ejemplo, que niveles de educación y de salud se necesitan proporcionar a la población – y de acuerdo a esos gastos necesarios, se calcula cuanto se necesita recaudar como tributos. El paso siguiente es ver como se reparte esa carga necesaria entre todos los habitantes del país, de modo que los que tengan mayores ingresos y mayores fortunas tengan también mayores obligaciones tributarias y aporten más a la producción de los bienes y servicios sociales. Esta forma de abordar el problema puede llevar implícita una ventaja adicional: ayuda a mejorar la mala distribución del ingreso que exista en el país, es decir, ayuda a imponer una mayor justicia distributiva y mayores vínculos solidarios entre los miembros de la sociedad. El peligro que puede estar presente en todo este enfoque es que se puede perjudicar otro de los objetivos que se persigue con el sistema tributario – además de financiar las necesidades sociales e imponer una mejor distribución del ingreso – que es el estimular a los ciudadanos a que produzcan e inviertan más, lo cual es necesario para que la economía crezca y pueda satisfacer mayores necesidades sociales. Por ello es que la tributación no puede llevarse hasta niveles muy superlativos, pues desestimularía el deseo de los individuos de emprender y de generar niveles mayores de producción, empleo e ingresos.

Pero, en cualquier caso, la tributación es una cuestión que tiene que ver con el alma  misma de toda sociedad. Los impuestos son parte importante del pacto social, o del equilibrio político y económico existente entre los diferentes sectores que conviven dentro de un país. El pacto tributario es la parte más importante y más visible del pacto social. El pacto social se supone está presente en los textos y preceptos constitucionales – que indudablemente son importantes – pero se traduce con particular nitidez en las estructuras tributarias imperantes en la sociedad.  Si el nivel recaudatorio de un determinado sistema tributario es extremadamente bajo – como lo es el chileno, que no recauda más del 20 o el 21 % del PIB – entonces se puede decir que en esa sociedad el aporte de todos, de los ricos y de los pobres, para efectos de producir bienes y servicios sociales, es escaso. Y si además ese aporte está mal distribuido entre los ricos y los pobres, entonces el famoso pacto social no es tal, sino que impera un puro y simple abuso de unos sobre otros, y estamos en presencia de una sociedad que descansa sobre los endebles pilares de la injusticia, el individualismo y la elevada falta de solidaridad social.

 

Por Sergio Arancibia

 

 

 

 



El Clarín de Chile

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