Una coalición de la sociedad civil chilena en el extranjero se dirige al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores pidiendo un pronunciamiento sobre las violaciones a los derechos humanos y la democracia en Chile.
Una coalición de 50 organizaciones de la sociedad civil ha publicado una carta abierta dirigida al señor Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, pidiendo un pronunciamiento sobre cuestiones importantes para el pueblo de Chile, conectadas de una cierta forma al Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia (2020-2024).
A la luz de los hechos que ocurrieron y siguen ocurriendo en Chile, y teniendo en cuenta las recientes conclusiones sobre el Plan de acción de la Unión Europea en materia de derechos humanos y democracia 2020-2024, la coalición demanda al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, señor Josep Borrell, considerar esta situación en la próxima reunión bilateral que se celebra con el ministro Andrés Allamand Zavala este lunes 30 de noviembre de 2020.
La coalición de organizaciones de la sociedad civil exige una declaración explícita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de las Naciones Unidas (ONU).
Precedentemente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), denunció graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de movilizaciones sociales desde el 18 de octubre de 2019.
Además, organizaciones internacionales de la sociedad civil han destacado, incluyendo, entre otros hechos, el uso excesivo de la fuerza por parte de operativos policiales, incumplimiento de protocolos regular el uso de armas menos letales, privación arbitraria de la vida y violación de la integridad física, arbitrariedad detención, tortura, violencia sexual, agresiones a niños y adolescentes, lesiones oculares y pérdida permanente de la visión.
Desde el mes de octubre de 2019, Chile ostenta el triste récord mundial de mayor número de lesiones oculares causadas por armas.
La carta abierta destaca también la continua represión del Estado chileno en contra de las comunidades indígenas, particularmente el pueblo mapuche.
En ese sentido, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) había alertado, y eso ya desde el año 2019, que en Chile existe un “patrón de violaciones sistemática” contra los derechos del pueblo mapuche. En el comunicado emanado por el Comité se leía que “existe un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo mapuche en Chile contra los que defienden sus derechos fundamentales y tratan de mantener su estilo de vida tradicional”.
Por otro lado, la coalición denuncia la imposibilidad legal actual para los chilenos residentes en el exterior de participar en la elección de los representantes que redactarán una nueva Constitución Política.
Aproximadamente 1.037.346 hombres y mujeres que viven fuera del país, que representan el 5,5% del total de la población chilena, serán excluidos de la elección de representantes para redactar la Constitución que sustituirá a la adoptada durante el régimen de Augusto Pinochet.
La coalición de la sociedad civil está formada por 50 organizaciones de democracia y derechos humanos, bajo la coordinación de “Que Chile Decida en el Extranjero”.
Los signatarios se enumeran a continuación:
Elena Rusca, Ginebra, 30.11.2020
Como Red de Acción en Plaguicidas, RAP Chile, y como personas, comunidades y organizaciones que…
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