Mesa Social de Valparaíso divide al movimiento social con un reglamento de la «ley y el orden»

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En medio del proceso de formación de una lista unitaria de trabajadores para enfrentar las próximas elecciones para la Convención Constitucional, desde la agrupación Unidad de Trabajadores, tomamos contacto con la llamada Mesa Social, un agrupamiento que congrega —en la apariencia— a importantes organizaciones y estructuras sindicales, sociales y territoriales en Valparaíso. Intentamos abrir un espacio de diálogo político en vista una acción común. No fue posible. La Mesa Social haciendo gala de un sectarismo despolitizado hizo imposible todo diálogo. En lugar del diálogo cerraron la puerta al mismo con un reglamento moralista y ético cuya única finalidad es dejar al arbitrio burocrático de la mesa ejecutiva de la Mesa Social quiénes, en qué condiciones y bajo qué política habrá de levantarse esa lista. Un reglamento risible para una política vergonzante.

¿Qué dice el reglamento?

El documento en cuestión, denominado Reglamento General para la construcción de Lista Social Constitucional , es un texto en el que se encuentra ausente toda delimitación política. No hay en él ninguna palabra que defina al Congreso y a su Lista en términos políticos. Ni una sola palabra para definir al espacio como de lucha de trabajadores, para plantear alguna tarea política de enfrentamiento a Piñera y a su régimen asesino, ni mucho menos alguna definición que apunte a la delimitación con el arco político en que se sustenta el Acuerdo por la Paz. Nada, absolutamente nada y lo que sí hay son admoniciones que caracterizan como de carácter ético y moral.

En efecto y en su inicio,  dentro de sus «Propósitos» se encuentran dos ideas centrales: establecer procedimientos que garanticen participación de las organizaciones sociales «genéricas» y contribuir a «a generar una cultura de participación ciudadana y popular organizada que amplíe la visión y la intervención de nuestras organizaciones en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático». Como vemos hasta acá el reglamento se nos presenta con los propósitos de cualquier organismo de la administración pública. Sus tareas son«generar cultura» y fortalecer el orden democrático, que a falta de alguna definición, debe entenderse que hace referencia al orden institucional burgués vigente. Los propósitos de este Congreso resultan en definitiva una mezcla entre el INDH y el Ministerio de Educación.

Sin embargo estos generadores de cultura y participación no se quedan allí. El capítulo segundo del texto reglamentario es el paradigma de la arbitrariedad. Luego de hacer referencia a la amplitud de organizaciones que pueden participar —en el que se observa un nítido carácter corporativista que inexplicablemente prohíben— en el último punto de las normas, los organizadores indican explícitamente que «La Secretaría del Congreso, sin embargo, se reserva el derecho de no admitir algún tipo de organización y/o representante de la misma cuando exista evidencia explicita que señale una lesión a la ética y la moral». Vale decir, después de toda la palabrería democrática e inclusiva , los convocantes, elegidos por ellos mismos, se reservan el derecho de admisión. ¡Ni Pinochet llegó tan lejos!, hasta el artículo 8º original de la Constitución del 80 fijaba un contendido preciso a la proscripción. Sólo a vía de recuerdo, tal norma indicaba «Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República». ¡Ni los genocidas de la Dictadura llegaron tan lejos al fijar normas proscriptivas!, pues fijaron con claridad cuáles eran las condiciones para proscribir. Por el contrario el reglamento de la Mesa Social de Valparaíso deja en manos de un fantasma, «la Secretaría» ni más ni menos que el reservarse el derecho de admisión. Fuimos muy lejos con citar a Pinochet, la verdad es que ni un bar podría establecer tales condiciones de ingreso, por mucho menos se le sancionaría por infracción a la ley de Protección al Consumidor.

El capítulo tercero instituye la famosa Secretaría de Coordinación, sin establecer ningún procedimiento de generación democrática de tal organismo. Ninguno. Y sin embargo, quí se nos informa que  la misma regulará el proceso electoral de acuerdo al reglamento y a la ética. Nuevamente, esto es totalmente impresentable: las normas las aplica un órgano burocrático de acuerdo a su propio reglamento y a falta de esto a la ética. O sea de acuerdo a su soberano arbitrio, mismo que le permite a este ente « Informar y recomendar a las organizaciones integrantes que no cumplan con la ética y principios básicos como el respeto a los derechos fundamentales, actuar en pos de enmendar el error». Reiteramos la Secretería, de acuerdo a los nebulosos principios sacrosantos de la ética recomendará a las organizaciones sociales —las mismas que han sobrevivido a su propia discriminación de ingreso— mientras integren el Congreso, conducirse de acuerdo al criterio de la Secretaría. Dictadura burocrática por donde se le mire, estalinismo  del siglo XXI en estado puro.

En el siguiente capítulo la misma Secretaría se reserva el derecho de «sistematizar toda la información que emane de este Congreso, transformándolos en documentos oficiales y públicos». La neurosis burocrática llega a su epítome al indicar que «Todos los impresos y documentos que genere el Congreso, llevarán en lugar bien visible el logotipo oficial del congreso». Sistematizar y publicar es quitar la voz, explícitamente, a todos los participantes.

La generación de las candidaturas se hará por el sistema más antidemocrático posible, el modelo uninominal, se genera la lista más votada. En nuestro ordenamiento institucional este sistema se aplicó por última vez en 1833 y volvió al binominal con la Constitición de 1980. Tal procedimiento permite que los pocos candidatos «éticos» que han logrado eludir la autoridad de la Secretaría deben además saber moverse para quedar en la lista que a fardo cerrado deben votar los congresales. Hasta la CUT, de verdad la CUT, ha debido reconocer el principio de un hombre un voto.

¿Les parece poco?, pues hay más. Aunque resulte increíble, hay más. La Mesa Social no contenta con las normas restrictivas que impone el proceso constituyente amañado desde las élites del poder, aumenta los requisitos para postular como convencional constitucional. No basta con el domicilio electoral en el Distrito 7, además se debe residir efectivamente acá. No basta con la exigencia constitucional de haber sido condenado a plena aflictiva, tampoco deben tenerse «antecedentes» de violencia Intrafamiliar, maltrato infantil, violencia machista; de  juicios laborales acoso, maltrato, incumplimiento de obligaciones laborales; fraude, corrupción o similares hacia otras organizaciones sociales de financiamiento por empresas, partidos políticos ni organizaciones eclesiásticas.Los antecedentes o denuncias serán suficientes para excluir a cualquier candidato, esto reemplaza el proceso político de selección de candidatos por la simple funa. En lugar de debatir el programa de los trabajadores, los candidatos serán el resultado de las funas y las listas negras. Basta la simple denuncia y el candidato está fuera. Este procedimiento hace girar hacia atrás la rueda de la historia a los Procesos de Moscú y al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.

No es necesario decir que ningún preso político podría ser candidato en esta lista ni nadie que se haya levantado en contra del orden social vigente, porque tal levantamiento es efectiva e invariablemente delictivo. Los redactores de este reglamento vergonzante nos llaman a someternos a la burocracia de su Secretaría y a respetar la ley y el orden. Y por todo esto además nos cobran $10.000.- por cabeza.

¿A qué teme la Mesa Social de Valparaíso?

Para responder esta pregunta debemos analizar el papel jugado por la burocracia sindical en Chile en los últimos 30 años. Durante estos últimos 30 años la burocracia sindical, encaramada en la dirección de las organizaciones sindicales, partiendo por la CUT, jugó un papel de colaboración con el régimen y la transición democrática. Por cierto tal colaboración requiere de una puesta en escena de conflicto, pero un conflicto para la galería que permita contener la actividad de las bases organizadas y al mismo tiempo legitimar su política posibilista de ir corriendo los cercos y derrotar a la Derecha, como sostuvo durante estas tres décadas la Concertación y la Nueva Mayoría.

En  este proceso los burócratas sindicales hicieron carrera, obtuvieron cargos y respetabilidad pública, los menos saltaron al Congreso, otros tantos contribuyeron al proceso de desintegración sindical levantando nuevas centrales sindicales y la mayoría hizo una oscura carrera personal dejando de trabajar y viviendo del fuero sindical. La burocracia sindical desarrolló intereses muy distintos de la inmensa mayoría trabajadora que en casi un 90% no tiene ningún tipo de organización. Estos intereses de la burocracia, largamente incubados, fueron puestos en riesgo a partir del levantamiento popular del 18 de Octubre. El multitudinario accionar de las bases que se levantó en contra del régimen lo hizo en contra de Piñera, también en contra del parlamento y sus partidos, pero además, muy concretamente en contra de la larga tregua social propiciada por la burocracia sindical. La historia no permite dobles lecturas, la burocracia sindical toma el nombre de los trabajadores para colaborar con el gran empresariado pero no por simple miseria moral, sino que por sus muy concretos intereses de casta.

Hacemos este breve encuadre, porque es este proceso histórico el que explica el extravagante proceder de la Mesa Social de Valparaíso, organismo controlado por la burocrcia de las  organizaciones sindicales CUT, ANEF, Colegio de Profesores, etc. Es esta burocracia la que genera este reglamento esperpéntico para protegerse del movimiento social, no para impulsar la unidad e impulsar la movilización, sino que para mantenerlo dividido y poder controlarlo. Esto no es una afirmación hecha al pasar. ¿Saben qué hizo la Mesa Social el día posterior a la gran Huelga Genertal del 12 de noviembre de 2019?, ¿lo saben?, es increíble pero ese día mientras miles se batían en las calles enfrentando a las FFEE de Piñera, la Mesa Social discutió un reglamento de funcionamiento. En una cúspide del accionar revolucionario de las masas que en la práctica había logrado quebrar los toques de queda y Estados de Excepción, mientras Piñera caía, en esos momentos mientras los partidos del régimen corrían desesperados en auxilio del Gobierno asesino que dos días más tarde se conocería con el nombre de Acuerdo por la Paz, en esos mismos días la Mesa Social de Valparaíso discutía un reglamento.

Pero esto no queda aquí, como lo denunciamos hace un año, la Mesa Social de Valparaíso desplegó también la campaña llamada «El pueblo no ataca al pueblo», suscrita en conjunto con la  Cámara de Comercio de Valparaíso. En ese momento explicitamos que  tal política, lo que verdaderamente defendía era la propiedad privada capitalista en contra de los movilizados a quienes calificaron como «lumpen». Muchos de esos «lumpen» son los presos políticos que hoy por miles llenan las mazmorras del piñerismo.

Finalmente, este temor al movimiento popular por parte de la Mesa Social —que con tanta neurosis se manifiesta en el reglamento-acta de defunción del Congreso por Lista Social Constitucional— es una rúbrica a una política desarrollada durante años. En política las cosas son lo que evidente y materialmente son en la vida social, no aquello que simplemente se predica, aún cuando acá se predica muy poco. La Mesa Social divide al movimiento que se ha levantado en contra del fraude constitucional en curso. Divide cuando objeta a los movimientos que no se someten, ni tienen por qué hacerlo, a su voluntad. Divide cuando en lugar de propiciar la unidad en torno a un programa de lucha, lo hace en torno a la ética, que sabemos es un taparrabos de la voluntad de la burocracia autoerigida en plenipotenciaria de la voluntad popular.

¿Qué proponemos?

Abrimos esta polémica porque la consideramos imprescindible para el desarrollo de las organizaciones y el debate popular y de izquierda. Hoy día, desde Unidad de Trabajadores seguimos peleando y convocando a la más amplia unidad, sin condiciones y con la sola perspectiva de derrotar el Acuerdo por la Paz y hacer efectiva una Asamblea Constituyente desde las bases y un Gobierno de Trabajadores. La unidad no puede ser algo formal o reglamentario, debe estar dominada por la estrategia de la movilización y el enfrentamiento al podrido régimen capitalista. Son los trabajadores, liberados de la legalidad burguesa, de su moral, de su ética de pacotilla, quienes auténticamente —en la lucha— habrían de definir quiénes formarán su dirección, la nueva dirección política que urgentemente demandan los trabajadores.

Hacemos este llamado porque estamos seguros que aún con dureza es posible abrir una senda unitaria. No necesitamos censores morales ni secretarías, necesitamos construir una trinchera. Lo hacemos aún cuando quien suscribe estas líneas pueda ser objetado «éticamente» en la vieja práctica de matar al mensajero. No nos importa. Sabemos que hay objetivos superiores y estamos seguros de que el curso del proceso revolucionario hará prevalecer a los explotados. Sabemos que si somos capaces de levantar una lista de clase, unitaria y para la movilización, una lista para la Convención Constitucional, como la que proponemos desde Unidad de Trabajadores, habremos avanzado. Porque nuestra lista es un llamado a la unidad y a la movilización, sin mayores condiciones que las que el enfrentamiento con la clase enemiga nos proponga.

Por Gustavo Burgos

Fuente: El Porteño

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