La Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) descubrieron que ese monto, correspondiente a fondos públicos, fue destinado a pagar deudas privadas de los militares a a través del Fondo de Ayuda Mutua (FAM).
El FAM recibía aportes fundamentalmente de subtenientes de la IV división del Ejército en Aysén, con el objetivo de facilitar indemnizaciones en caso de retiro o traslado de los suboficiales, pero finalmente quebró en 2006 al quedar sin fondos.
La investigación detectó que el Ejército utilizó los fondos públicos para devolver el dinero de los suboficiales, mediante pagos por servicios que nunca se realizaron, financiamiento de estudios y viajes, y otras argucias, indica la publicación.
Esto se pudo realizar a través de contratos a honorarios o el pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que nunca se brindaron.
El fiscal Palma encabezó en 2018 la pesquisa, entonces a unos 300 militares en los Comandos de Telecomunicaciones, Personal y la Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en esta capital.
El propio fiscal reveló en ese momento que cuando el FAM se cerró, se pusieron en marcha medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios, las cuales inicialmente estaban dentro de la legalidad, mediante comisiones de servicios o dando prioridad a las personas que habían sido perjudicadas económicamente.
Pero con el tiempo esas comisiones dejaron de hacerse pero continuaron pagándose, al igual que contratos por trabajos que nunca se realizaron, por lo cual continuó saliendo dinero sin justificación alguna, lo cual es el objetivo de la investigación.