Estas son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando peligra la vida de la madre a causa de la gestación, o si el feto presenta algún problema incompatible con la vida.
Sin embargo, aun bajo esas condiciones muchas chilenas presentan todavía serias dificultades para acceder a una interrupción del embarazo, por objeciones de conciencia interpuestas por clínicas y especialistas para practicarlo.
La iniciativa fue presentada ahora por las diputadas Maite Orsini, de Revolución Democrática; las comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo; las socialistas Daniella Cicardini y Emilia Nuyado; Cristina Girardi, del Partido Por la Democracia; Claudia Mix y Camila Rojas, de Comunes; Gael Yeomans, de Convergencia Social, y la independiente Natalia Castillo.
El tema cobra fuerza luego del triunfo de los partidarios de la legalización del aborto en Argentina hace pocas semanas, lo que fue confirmado por Camila Rojas, quien aseguró que en Chile también es necesario avanzar en esa dirección.
‘Queremos que esta discusión se tome el debate nacional, que el derecho de las mujeres a decidir ante casos tan cotidianos como que falle el anticonceptivo, se discuta en las casas’, puntualizó la legisladora.
Por su parte, Orsini, quien es además presidenta de la mencionada comisión, dijo que harán todo lo posible para despachar el proyecto rápidamente para su discusión en el pleno de la Cámara Baja.
Aunque la despenalización del aborto es una demanda de millones de chilenas, impulsada por un pujante movimiento feminista, el tema supone un profundo debate en una sociedad muy conservadora, en la cual está lejos de haber unanimidad sobre este asunto.
Desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, declaró que el parlamento es soberano para discutir todos los temas, pero dejó claro que La Moneda ‘en esta materia está en contra del aborto sin causales’.
En tanto, Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, consideró el proyecto indispensable pero advirtió que no basta sólo con la despenalización del aborto, sino que es necesario reconocer derechos de quienes deciden interrumpir el embarazo y darle garantías para hacerlo ‘de manera segura, con dignidad y sin miedo’.