Festival de alzas en lugar del de Viña del Mar

El virus inflacionario se propaga con rapidez, no da tregua y en su avance inexorable amenaza con terminar de aniquilar los reducidos presupuestos hogareños de gran parte de las familias chilenas,  muchas de las cuales están soportando a duras penas la violencia de la cesantía de uno o más de sus integrantes y un empobrecimiento progresivo a la vista de todos.

En este gobierno y en los anteriores de corte antipopular los administradores del modelo neoliberal desconocen la existencia de esta carestía galopante que aminora todos los días el poder adquisitivo de la clase trabajadora y obstruye su acceso a derechos esenciales como la salud,  la educación y la vivienda, cuya entrega gratuita el Estado jibarizado se niega a facilitar.

Pareciera que este verano un festival de nuevos precios reemplaza al de Viña del Mar: 2021 llegó aparejado de una ola de alzas de numerosos productos y servicios vitales, afectando severamente a los sectores populares indefensos ante el libre mercado desregulado impuesto por la oligarquía como emblema descollante del modelo y problema estructural que ahoga los frágiles presupuestos caseros.

En lo que va corrido de enero han subido la carne, la leche, frutas, verduras (la palta se fue a las nubes) y otros tantos productos de la alimentación diaria, además de los servicios básicos privatizados,  las tarifas de los buses interurbanos, los peajes de las carreteras, los valores de los combustibles como ocurre puntualmente cada jueves de cada semana, etc., todo lo cual es un pelo de la cola para los poderosos pero que para la gran masa de consumidores significa un impacto demoledor. El IPC oficial lo ignora.

Los grandes intereses empresariales, los mercaderes profesionales,  los especuladores y agiotistas, los que se coluden  y distorsionan los precios en su propio beneficio, con el sistema libremercadista a su disposición,  siguen su festín interminable. Aprovechan los privilegios que les concede el modelo porque saben que nadie los va a molestar,  controlar o fiscalizar, y menos van a pasar un solo día en la cárcel.

La autoridad política y económica no quiere ver los abusos: insiste en que la inflación está contenida y con ello se desentiende del otorgamiento de un reajuste salarial suficiente – a los empleados fiscales se concedió menos de la mitad de lo que pedían – o quizás un bono compensatorio para paliar las embestidas contra los perdedores de siempre.  En suma, cada cual se tiene que rascar con sus propias uñas.

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas señala que a lo largo de todo 2020 el IPC fue de un 3%, guarismo que dista – y bastante – del aumento real del costo de la vida. En esa cifra el oficialismo resalta el ítem “automóviles nuevos” que registró un descenso anual de 6,5%, chiste de mal gusto que es también un agravio para todos aquellos que apenas sobreviven.

Hablando a nombre de la elite el titular de Hacienda afirmó que el IPC acumulado el año pasado “está dentro de lo esperado, dentro del rango meta del Banco Central, que es lo importante”. Como pieza que mueve el sistema imperante el ministro no se acuerda ni toma en consideración el rango meta de las familias chilenas, que es  en definitiva lo que importa.

Solo si el presidente consiguiera aterrizar y abrir los ojos a la realidad,  más allá de los desafíos para los que Chile se prepara – nuevas tecnologías, cambio climático, envejecimiento de la población – se daría cuenta que hay un reto crucial que es necesario abordar a través de medidas antiabusivas que contribuyan a contener la arremetida inflacionaria que atenta contra tantos hombres y mujeres sin recursos, carenciados, víctimas de esta expresión apabullante del modelo de desigualdades aún vigente.

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso