El asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero pasado ha ingresado en un proceso de investigaciones que comienzan a evaluar la magnitud de su peso sobre las instituciones democráticas. Lo que sucedió no fue una movilización espontánea sino una estrategia organizada con vínculos al interior del Capitolio y múltiples conexiones. De partida, hacia el expresidente Trump, cuya implicación es un hecho cierto que hasta el senador republicano y líder de la minoría republicana, Mitch McConnell lo ha denunciado en tanto el inicio del impeachment tiene fecha para la semana del 8 de febrero.
Lo que está en suspensión es un intento de golpe de estado, sus efectos en la política y sus proyecciones. Una maquinación preparada por servicios secretos estadounidenses tal como lo han hecho cientos y miles de veces en otros países. La diferencia, no menor, es que esta vez un presidente de tendencias fascistas ha hecho la prueba en Washington.
La historia está llena de eventos políticos de esta naturaleza. Una variedad enorme de golpes, que van desde un asalto al Reichstag, a la masacre en Indonesia, al golpe clásico, como el de Chile, los ataques parlamentarios y judiciales practicados más recientemente, las revoluciones de colores, la manipulación de la opinión pública mediante millones de bots en redes sociales a la compra de políticos y parlamentarios. Golpes que son una amenaza permanente a los países y sus ciudadanos cuando la democracia no es favorable a los intereses del capital en las sombras.
En el caso de Washington las investigaciones han comenzado a desatar el nudo del 6 de enero. De una primera y aparente manifestación los datos comienzan a perfilar un complot contra la nominación de Joe Biden a la presidencia. Las fallas “aparentes” de inteligencia “al más alto nivel” que dejaron al Capitolio vulnerable a los ataques son investigadas por cuatro comités de la Cámara de Representantes. Son numerosos y extremadamente sospechosos los errores sucedidos en forma simultánea o encadenados que dejaron abierto el ingreso a los grupos de manifestantes ultraderechistas. Una situación que solo pudo controlarse con la improvisación de guardias, funcionarios y los mismos congresistas. La percepción es que el caos pudo haber crecido hasta generar una tragedia de profundas y mucho mayores implicaciones políticas.
Los comités anuncian un trabajo en serio y tiene como tesis el freno a la transición del poder y el boicot a la investidura de Joe Biden. Buscan información y evidencias de las amenazas, tanto del mismo 6 de enero como sobre otras anteriores al 20 de enero. También están haciendo preguntas específicas, incluida la evidencia que reunió cada agencia de inteligencia antes del 6 de enero y lo que hicieron con ella; si había pruebas de cualquier intento extranjero para ayudar a la insurrección; si algún funcionario actual o anterior con acreditación de seguridad participó en la insurrección; y qué respuestas políticas han implementado las agencias de inteligencia para detener a los alborotadores e interrumpir posibles acciones futuras.
Y está, por cierto, la eventual ayuda de congresistas republicanos. Los demócratas han alegado que algunos de sus propios colegas republicanos pueden haber contribuido a ayudar a los manifestantes, y algunos han dicho que presenciaron recorridos sospechosos en el Capitolio el 5 de enero. No pocos de los alborotadores parecían tener un conocimiento significativo del complejo del Capitolio.
Por Paul Walder
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