Tenemos una excelente opinión de los arquitectos, profesionales preferentemente humanistas, que en general por ser artistas, se caracterizan por sus sensibilidades, facilidades para dibujar, interés en la armonía y la sustentabilidad cuando se trata del desarrollo de las ciudades. Lo anterior es un hecho cierto que nadie lo puede poner en duda, pero la fundación Defendamos la Ciudad lleva años denunciando malas prácticas en el sector inmobiliario a lo largo de nuestro país, algunas con muestras de evidente corrupción, y cuando en las denuncias hablamos de los arquitectos, aludimos a aquellos que se desenvuelven tanto en la actividad privada como en el sector público.
En muchos casos nos resulta difícil entender por qué se han producido esas situaciones que demuestran concretos incumplimientos de la normativa urbanística, incluso aquellas que son elementales, como los usos de suelo permitidos. Desde hace algunos años, en los casos de algunos proyectos de cierto impacto, para la correspondiente obtención de los permisos de edificación en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) tienen que intervenir además los arquitectos llamados revisores independientes, los que cobran subidos honorarios a las empresas que los contratan, monto que es deducido por las anteriores de los derechos municipales que pagan por la tramitación de los permisos. El único objetivo de esos arquitectos revisores es verificar e informar al DOM que los anteproyectos, proyectos y obras cumplen con todas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
Nos concentramos en esa universidad pues es una respetable institución del Estado y por lo tanto sus alumnos deberían tener un sello orientado al servicio público y apoyo al desarrollo nacional. Y así se declara en el perfil de egreso de esos profesionales: «El perfil de egreso del/de la Arquitecto(a) de la Universidad de Chile señala que es un(a) profesional que se destaca por su compromiso con el servicio público y su gran sentido de responsabilidad social. […] La Universidad de Chile espera que los (as) arquitectos (as) egresados de sus aulas sean íntegros, comprometidos con los desafíos del país y su desarrollo, con una visión ética, crítica y pluralista, proyectando en su vida profesional y ciudadana aquellos valores que son propios de nuestra Universidad».
La malla curricular revisada no contiene cursos obligatorios dedicados a la normativa urbanística que rigen en nuestro país. Solo pudimos encontrar un curso electivo referido a dicha materia denominado «Taller de legislación aplicada: Interpretación y creación normativa». Tal vez existen otros cursos que también abordan esa temática y que no pudimos detectar, pero dada la complejidad de la normativa urbanística nacional nos parece absolutamente insuficiente el tiempo asignado a esa materia en los 6 años que dura la carrera de Arquitectura.
Esa falta de preparación técnica es lo que explicaría por qué frente a las denuncias que realizamos, quienes defienden los proyectos irregulares son los abogados de las empresas. Varios de ellos dominan a la perfección la normativa, pero obviamente nada saben de diseño, habitabilidad, estética, sostenibilidad, etc. El único interés de esos abogados es aumentar la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias de sus clientes.
Obviamente, existen arquitectos expertos en temas normativos, pero en el caso de los ex alumnos de la Universidad de Chile, esa experticia probablemente la han logrado como parte de sus ejercicios laborales y con sus compromisos con la probidad y no como resultado de la formación que les entregó esa casa de estudios.
¿Es responsable esa falta de preparación técnica en la principal universidad del Estado?, ¿es consistente esa débil formación con el perfil de egreso de los arquitectos que menciona entre otras cosas compromiso con el servicio público y responsabilidad social si luego alguno de sus egresados participa, tal vez sin saberlo, en proyectos de edificación irregulares, como cuando se proyectan viviendas sociales en áreas de riesgo o se diseñan los guetos verticales o hermosas segundas viviendas en el borde de nuestros lagos, extensa costa o áreas rurales sin cumplir las normas elementales de usos de suelo o de urbanización? Pensamos que la respuesta es no.
Por lo tanto, a través de esta tribuna, le hacemos un llamado a todas las escuelas de Arquitectura del país para que mejoren la formación técnica de sus alumnos y con eso avancemos en lograr una mejor sociedad. Los arquitectos tienen un papel relevante en esa misión y hasta ahora no la han cumplido bien porque son demasiados los errores detectados. Al respecto, invitamos a las comunidades que se han visto sobrepasadas con edificaciones sospechosas en sus barrios que revisen, difundan y utilicen el «Manual práctico para fiscalizar proyectos inmobiliarios» disponible en nuestro sitio web.
En palabras simples, la Contraloría pudo verificar la validez de las denuncias, pero como existen plazos perentorios para realizar la invalidación de los actos administrativos contrarios a derecho y para perseguir las responsabilidades penales, la Contraloría ya nada puede hacer. ¿Quién gana?, el desarrollador inmobiliario, el arquitecto proyectista y las autoridades municipales que evitaron ser sumariadas, ¿quién pierde?, la sociedad toda porque se reduce la confianza ciudadana en sus autoridades y se corrompen las instituciones. Evidentemente en este caso los profesionales involucrados sacaron ventajas a todas luces injustas. En este luctuoso episodio pudo haber una colusión pública-privada, pero por el tiempo transcurrido, ya es historia.
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NADA DE NADA SOLAMENTE DESOLACION REPRESION,MUERTES Y MUTILADOS,,,,,GRACIAS POR NADA