La Dirección de Presupuesto, Dipres, publicó recientemente el Informe de Finanzas Públicas relativo al último trimestre del 2020, el cual permite analizar el conjunto de lo sucedido en materia fiscal durante el año recién pasado.

En materia de ingresos del Gobierno Central éstos ascendieron en el al año 2020 a 39.868.900 millones de pesos, lo cual representa un 20.2 % del PIB estimado de dicho año el cual fue un 5.9 % más bajo, en términos reales, que el PIB del año 2019. Ese 20.2 % es un porcentaje bastante bajo comparado con el porcentaje similar que exhiben los países tanto de América Latina como de la OCDE, y muestra que el Estado chileno ha sido bastante reacio en cuanto a exigirles a los grupos económicamente poderosos la colaboración que en justicia les corresponde para el financiamiento de los bienes y servicios sociales que el pueblo chileno reclama.

En materia de ingresos tributarios destaca en ese año la caída en los ingresos tributarios procedentes de los contribuyentes no mineros – es decir la inmensa mayoría de los chilenos – la cual bajo en un 13.9 % con relación al monto recaudado en el año 2019. Destaca, en todo caso, en las cuentas del año pasado, el hecho de que los ingresos procedentes de impuestos a la renta ascendieron a 12.520.385 millones de pesos, lo cual representa un 38.8 % del total de los ingresos tributarios, en cambio los impuestos al valor agregado, IVA, que es un impuesto mucho más regresivo, aportó 15.963.032 millones de pesos, equivalentes a un 49.4 % – casi la mitad – de los ingresos tributarios. No es posible, con esas cifras postular que el sistema tributario chileno exige más a los que más tienen.

Los gastos del Gobierno Central, en cambio, ascendieron a 54.512.760 millones de pesos, lo cual es una cantidad equivalente al 27.6 % del PIB, y es un 11% superior a lo que se gastó en el 2019.

En materia de gastos corrientes – gastos que afectan el patrimonio neto – estos ascendieron a 47.665.339 millones de pesos, cantidad igual al 87.5 % del total de gastos. Entre estos destaca el gasto destinado a subsidios y donaciones que fue de 22.110.795 millones de pesos – un 40.6 % del total de gastos- que se supone que es la cantidad que se gastó en las transferencias directas por la vía de mecanismos tales como el IFE, el bono clase media y otros.




Los gastos de inversión – gastos en activos no financieros – sumaron 6.813.200 millones de pesos, lo cual representa el 12.5 % del total de gastos.

La confrontación entre ingresos y gastos totales nos señala que se generó un déficit de 14.643.861 millones de pesos, equivale a un 7.4 % del PIB del año 2020. Este déficit se financió básicamente a través de un aumento de 8.247.614 millones de pesos en pasivos netos – es decir, nuevo endeudamiento interno y externo-  y por las ventas netas de activos financieros, por un monto de 6.396.247 millones de pesos, cifra esta última en la cual se engloba la venta de parte de los  activos acumulados en los fondos soberanos, los cuales retrocedieron de23.045.49 millones de dólares, a fines de 2019,  a 19.112,07 millones de dólares, a fines del 2020.

En el año presente, y en todos los venideros, el gasto del Estado tendrá que contemplar necesariamente mayores ingresos para financiar los gastos sociales en educación, salud, vivienda, prestaciones sociales, etc., que el país reclama, y que seguramente quedarán señalados en la nueva constitución como más obligantes para el Estado que lo que es hoy en día. Todo ello exige actuar en forma decidida en materia de recabar mayores ingresos fiscales, lo cual de manera alguna pueden obtenerse por la vía de mayores impuestos al consumo, tipo IVA, sino que tiene que ser por la vía de mayores impuestos a la renta y/o al patrimonio de las grandes fortunas del país. Eso es lo que la política nacional reclama y lo que las estadísticas fiscales corroboran.

 

Por Sergio Arancibia

 



El Clarín de Chile

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