Personeros de la derecha han levantado recientemente la vieja idea – que da vueltas insistentemente en sus cabezas – de privatizar Codelco. Se basan en estos momentos, para resucitar esa idea, en que el precio actual del cobre se traduce necesariamente en un mayor valor de mercado de los yacimientos y de las instalaciones mineras correspondientes. Argumentan también que la cantidad de ingresos que se obtendrían como consecuencia de una eventual privatización permitiría solucionar la crisis económica en que se encuentra actualmente el país. Al respecto hay varias cosas que es importante subrayar.
En primer lugar, una proposición de esa naturaleza es un gesto casi desesperado para evitar que tome fuerza en el país la necesidad de generar una reforma tributaria profunda que ponga a los ricos de Chile a tributar más, idea que va necesariamente tomando fuerza como mecanismo para financiar los mayores gastos y responsabilidades sociales que se le impondrán al Estado en la nueva constitución.
En segundo lugar, los voceros de esa iniciativa olvidan que la actual constitución establece que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, lo cual implica que nadie puede andar vendiendo aquello que no puede cambiar de dueño, aun cuando a esa gran idea fuerza se le haya doblado la nariz por la vía del mecanismo actual de las concesiones. El dominio estatal sobre las minas es un postulado que ni siquiera el gobierno militar se atrevió a eliminar, a pesar de que no tuvieron problema en abrir tanto como pudieron la gran minería chilena del cobre a la presencia del capital foráneo, por la vía de los nuevos yacimientos, de manera tal que llegaron a una situación en que nuevamente la gran minería volvió a ser mayoritariamente privada, pero sin nacionalizar Codelco. Se dieron cuenta rápidamente de que Codelco implica una base segura de ingresos para el Estado, de los cuales no podrían prescindir, además de que Chile asegura por esa vía una presencia relevante en el mercado mundial del cobre, lo cual en alguna medida otorga cierta capacidad de negociación en otras esferas de la política y de la economía mundial.
Hoy en día, según los datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, sobre los resultados del 2020, las exportaciones de cobre realizadas por Codelco, expresadas en toneladas métricas, suman 1.518.2 millones, mientras que las realizadas por la minería privada alcanzan a 4.320.9 millones. La extracción y las ventas de las compañías privadas, básicamente extranjeras, es casi tres veces lo realizado por la empresa estatal. Sin embargo, el aporte tributario al Estado de la minería privada fue de 1.338.405 millones de dólares, suma escasamente superior a los 1.019.268 millones de dólares que aportó Codelco a las arcas fiscales. El aporte de ingresos por tonelada exportada es sustantivamente inferior en el caso de la minería privada que en la minería estatal. Pero esa situación ha sido incluso más desigual en años del pasado no muy lejano. A lo largo los 15 años que van desde el 2001 al 2014, Codelco siempre aportó al financiamiento del Gobierno Central más del 50 % de todo lo que aportaba el conjunto del sector minero privado, llegando a niveles de 78 % en el año 2004. Al respecto, un interesante estudio realizado por la Dipres establece que “ los ingresos provenientes de Codelco promediaron anualmente 3.910 millones de dólares, en el período 2001-2014, alcanzando un máximo de 8.356 millones de dólares en el año 2006. Por su arte, los ingresos provenientes de la minería privada promediaron 2.264 millones de dólares en el mismo período, con un máximo de 6.190 millones de dólares en el año 2007”.
En síntesis, la minería privada no es ni ha sido un buen negocio para el Estado chileno. La minería extranjera deja grandes hoyos en el desierto norteño, pero deja pocos dólares en las arcas fiscales por cada tonelada de cobre que extraen.
Por ello, en vez de andar propiciando la privatización de Codelco, los intereses del país reclaman un mayor cobro de royalties a las empresas mineras extranjeras, mayor tributación, mayor y mejor normativa para que el cobre se procese en mayor medida en territorio chileno y para que no se siga exportando básicamente bajo la forma de concentrado, así como mayor control sobre el porcentaje real de cobre que va en esa exportación en bruto del mineral chileno.
Por Sergio Arancibia
El colorido y la gran expresividad del Bordado de Isla Negra se aprecian y cautivan…
El caso del Alcalde Jadue pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el…
La desigualdad social permanece instalada hoy, tal como hace 50 años, y pareciera que -…
El contrato fue firmado el 10 de marzo de 2022 a las 16:55 horas, apenas…
El proyecto establece que aquellos ciudadanos que no puedan asistir a votar en persona, por…
El proyecto de ley en discusión busca cumplir con las obligaciones tributarias, implementando medidas para…
Ver comentarios
No ha sido sólo un viejo sueño de sectores de la derecha tradicional que los propios militares vetaron. ¡Ha sido también un viejo sueño de sectores de la derecha concertacionista, como nos acaba de recordar "El Clarín"! Así, Enrique Correa consideraba en 1999 que uno "de los tres grandes mitos con apariencias de dogmas intocables" era "que nuestra independencia depende de la propiedad estatal de Codelco (...) Ha llegado el momento de discutir fórmulas que transformen muy profundamente a Codelco, combinando el interés fiscal con formas de participación privada en su propiedad cada vez mayores" ("El Mercurio"; 2-3-1999). Y el ex ministro Brunner planteaba en 1998 que "hace rato que el Estado se volvió superfluo en el campo de la producción directa de bienes y servicios. La resistencia a privatizar sanitarias, puertos y empresas como Enami o ENAP, o inclso revisar el estatuto empresarial de Codelco, son resabios del pasado y forman parte de un desfalleciente imaginario fiscal" ("La Tercera"; 16-8-1998). Sería tal el perjuicio para el Estado y la sociedad chilena de tal barbaridad que hasta Pinochet y los militares se opusieron a ella en su momento; así como después los principales artífices de las políticas neoliberales de la Concertación: Edgardo Boeninger y Alejandro Foxley.