Documentos ocultos de la historia reciente:  Dirigencia de la Concertación se jugó por la impunidad

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En contra de sus textos programáticos, la dirigencia de la Concertación en el gobierno se jugó permanentemente, desde 1990, a favor de la impunidad de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Aquí se presentan varias intervenciones muy claras en ese sentido de presidentes, ministros y parlamentarios destacados de dicho conglomerado político. Por cierto, ellas son virtualmente ocultadas, tanto por la ex Concertación misma, por razones obvias; pero también por la derecha tradicional, ¿por condescendencia o vergüenza ajena?…

                                                                                 TEXTOS

EDGARDO BOENINGER (Ministro secretario general de la Presidencia):

“En el marco de la estrategia del gobierno (de Aylwin), una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet. Esa limitación autoimpuesta, aunque concordante con la realidad político parlamentaria, representaba un severo golpe para las aspiraciones de justicia de la Concertación y especialmente de las organizaciones de Derechos Humanos, sólidamente constituidas e investidas de gran legitimidad en el entorno político, social y cultural de la coalición de gobierno, así como a nivel de las entidades internacionales pertinentes” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, 1997; p. 400).

GABRIEL VALDÉS (Presidente del Senado):

“Cuando voy a Valdivia y veo que hay campesinos que han sido enterrados y descuartizados, ésa es una historia triste, y no está borrada. Pero yo estoy empeñado en construir el futuro. Que ese pasado no nos obnubile; no nos haga pensar que tenemos que seguir peleando. Hay que hacer un esfuerzo para que eso termine lo mejor posible, luego, porque el país necesita la unidad” -¿Cree que debe fijarse para ponerle tope a la búsqueda de cadáveres? –“Sí. Yo creo que hay que hacerlo. Pondría un plazo corto. Unos dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones sicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (Paula; Agosto, 1990).

ENRIQUE KRAUSS (Ministro del Interior):

“Entendiendo que la justicia representa básicamente un deber social primordial, es importante desechar la idea de que a través de ella lo que se pretende es la venganza (…) En el esquema natural de las relaciones entre los hombres no es la única forma de indemnizar los padecimientos de que se ha sido víctima reproducirlos en el ofensor (sic). El legislador, comprendiendo la necesidad de recomponer la trama de la relación entre los hombres, ha concebido formas indirectas que cumplen el mismo propósito. Se trata de reivindicaciones de orden moral, que se proyectan incluso al plano financiero, gracias a las cuales los ofendidos encuentran una satisfacción justificada, necesaria y respetable de los agravios soportados. De esa manera, no sólo se sanciona a quien ha quebrantado la norma básica de convivencia (sic), sino también se calma la asignación de justicia concebida como una necesidad socialmente compartida (…) En los momentos claves que se empiezan a vivir y en que el Presidente de la República (Aylwin) debe cumplir con una seria responsabilidad, voluntariamente aceptada, en orden a generar las condiciones de reencuentro y reconciliación entre los chilenos, es conveniente recordar esta concepción elemental en virtud de la cual la justicia no tiene solamente un sesgo reivindicativo. La justicia también es alcanzable por vías reparadoras indirectas y, en esa perspectiva, las fórmulas de solución para el doloroso y dramático trance de los derechos humanos en nuestro país pueden tener un amplio campo de desarrollo y concreción. La verdad, han dicho los obispos de Chile, representa un juicio sereno y verdadero,  ‘más valioso que una sentencia jurídica’” (Las Ultimas Noticias; 17-2-1991).

GABRIEL VALDÉS (Presidente del Senado):

“La transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12-1991).

JOSÉ ANTONIO VIERA GALLO (Presidente de la Cámara de Diputados):

“Al día siguiente, el Presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera Gallo se manifestó partidario de una amnistía en dos fases. Primero a los presos políticos remanentes (de la dictadura) y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI con la excepción de ‘los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud’” (El Mercurio; 17-12-1991).

JOSÉ ANTONIO VIERA GALLO (Presidente de la Cámara de Diputados):

“Por aquellos días (Junio de 1993) José Antonio Viera Gallo planteaba una amnistía restringida (…) No se trataría de la Ley de Punto Final de que se comenzó a hablar en esos días. ‘Implicaría –explicaba el presidente de la Cámara- que en vez de 900 procesos por violaciones a los derechos humanos, tendríamos sólo 20, que son los que realmente interesan al país (sic) y frente a los cuales no puede pensarse en la amnistía’” (Rafael Otano.- Crónica de la transición; Edit. Planeta, 1995; p. 238).

GABRIEL VALDÉS (Presidente del Senado):

“Propuso (Valdés) ‘un rápido proceso de dos o tres meses para terminar con los juicios a los oficiales de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, con la búsqueda de los cuerpos de las personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar’. Específicamente, ‘haría un proceso corto en virtud del cual quienes saben dónde están los cuerpos lo pudieran decir –sin que ello implicara responsabilidades- al Arzobispo de Santiago y a los obispos de las diócesis del país u otra autoridad, sin otro propósito de que los chilenos no pisemos tierra bajo la cual hay cuerpos de nuestros compatriotas (sic)’ y esto ‘aun cuando no sean encontrados, porque muchos de ellos eventualmente pueden estar en el mar’ y ‘simultáneamente hay que terminar con los juicios’, ya que ‘si investigar (judicialmente) significa llegar al sobreseimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay una ley de amnistía’. Al mismo tiempo, Valdés propuso extender la amnistía hasta 1990 con algunas excepciones: ‘Hay que terminar con esta situación (juicios), dejando excluidos algunos casos como el de Letelier, Prats, degollados y uno o dos más’” (El Mercurio; 20-6-1993).

RICARDO LAGOS (Precandidato presidencial PPD-PS):

“La reconciliación pasa por un reconocimiento del Ejército de los hechos (sic) que ocurrieron en el régimen anterior en materia de derechos humanos, más allá de los arreglos que pueda haber respecto del tema específico de los juicios” (Las Ultimas Noticias; 29-6-1993).

ALEJANDRO FOXLEY (Presidente del PDC):

“No sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (Las Ultimas Noticias; 3-11-1995).

RICARDO LAGOS (Candidato presidencial de la Concertación):

“Respecto de las gestiones que él mismo (Lagos) podría realizar (para liberar a Pinochet de su prisión y juicio en Europa), aclaró que siempre ha estado ‘disponible’. Sin embargo, el candidato destacó que las gestiones exitosas son aquellas ´que no se anuncian, son las que simplemente se hacen’” (La Nación; 1-7-1999).

Pérez Yoma, Frei y Pinochet

PATRICIO AYLWIN (ex Presidente):

“Realmente creo que Pinochet no está en condiciones de enfrentar un debido proceso. Pero de que es culpable, a mí no me cabe duda que lo es. Ahora, desde el punto de vista de la prudencia, dada la relación de fuerzas; dado el trauma existente en la sociedad chilena –en que hay un sector para el cual Pinochet es un dios y para otros es el diablo-, creo que la Providencia nos ayuda con permitir este cauce de que no se encuentre en condiciones de enfrentar el debido proceso (…) No temo que haya un golpe ni un peligro de regresión a una dictadura. Eso está descartado. La democracia en Chile volvió para quedarse y no la he visto en peligro ni un solo día. Sin embargo, desde el punto de vista de la prudencia para la convivencia entre los chilenos, es bueno que esto no llegue a un nivel más traumático o a un enfrentamiento que haría más agrio el camino para la reconciliación nacional. Creo que la paz entre los chilenos bien valdría incluso que se le absolviera” (Caras; 18-8-2000).

JOSÉ MIGUEL INSULZA (Ministro del Interior):

“Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera (…) A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana, con buena voluntad. El gobierno lo haría así” (Qué Pasa; 2-9-2000).

JOSÉ ANTONIO VIERA GALLO (Senador)

“Si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles (…) Creo que abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente (…) La causa de los derechos humanos, por una parte, debe centrarse en los hechos que terminaron con la muerte o la desaparición de personas. En ese sentido hubo muchos otros tipos de abusos o delitos que resultan imposible perseguir” (El Mercurio; 14-2-2001).

JOSÉ MIGUEL INSULZA (Ministro del Interior):

“Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo (…) ¿Queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores?, ¿Todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? Mi inquietud va por la tensión del país y no por una tensión con las FF.AA.” (La Nación; 15-2-2001).

ENRIQUE SILVA CIMMA (Senador):

Al terminar ese debate (sobre indultos a violadores de derechos humanos) un senador se me acercó y yo le dije que en estas materias siempre he sostenido lo mismo y que si se quiere aprobar mañana una ley que sea una especie de punto final, donde establezcamos una norma que señale una especie de indulto o amnistía, con determinadas limitantes –como la de haber cumplido 10 años de cárcel-, yo no iba a estar alejado de eso. Entonces me hicieron llegar un proyecto, lo vi, lo analicé detenidamente con mi conciencia y les dije: ‘Señores, apruebo la iniciativa de legislar y no tengo ningún inconveniente en patrocinarlo (…) No es que yo trate de ser un tipo benigno, que perdone, no se trata de eso. Se trata de que seamos capaces de construir hacia adelante” (La Segunda; 2-9-2005).

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