La triste historia del cobre chileno

Hay mucho que modificar en la forma como hoy en día Chile aprovecha la riqueza que la naturaleza le ha concedido en materia de yacimientos de cobre y de otros minerales.

Hoy en día, el grueso de las grandes empresas explotadoras de cobre chileno no son chilenas. Ellas son responsables del porcentaje mayoritario del cobre que se extrae y que se exporta. Sin embargo, ellas no son responsables de los mayores ingresos fiscales por concepto de tributación minera. Este último rol sigue estando en manos de Codelco, que explota las grandes minas que Chile pudo recuperar gracias a la ley de nacionalización del cobre que se logró aprobar en el año 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende. Si no hubiera sido por la nacionalización del cobre, y por los aportes que Codelco ha hecho desde ese entonces a los ingresos del fisco nacional, la economía y la sociedad chilena serían más pobres y más atrasadas que lo que son hoy en día.

De ese hito trascendental en la historia de la economía y de la política del país se van a cumplir prontamente cincuenta años, y sería justo celebrarlos como un día de júbilo y de dolor. De júbilo, por lo que fue y por lo que se demostró que era posible, y de dolor por la situación en que se encuentra hoy en día la minería cuprífera nacional.  La historia no caminó por la senda que se abrió como posible en 1971. Lo que en su momento fue el dominio estatal real de la totalidad de la gran minería, quedó posteriormente reducido solo a una parte de ella, pues la mayoría de los nuevos grandes yacimientos que se fueron descubriendo y poniendo en explotación no fueron manejados por Codelco ni por ninguna otra empresa perteneciente al estado chileno, ni como empresa propia ni como empresa mixta, sino que se entregaron totalmente al manejo de empresas extranjeras.

Esas empresas producen mucho y tributan poco, lo cual ya sería una razón suficiente como para introducir cambios radicales en la política minera. En los 8 años que van del 2010 al 2017, las empresas extranjeras tributaron un total de 21.400 millones de dólares, pero Codelco, produciendo y exportando menos, aportó al fisco 24.700 millones de dólares.

Esas empresas extranjeras tributan poco porque Chile ha establecido leyes, disposiciones y normas que no salvaguardan el interés nacional – y que de alguna forma, en algún momento, cuanto antes, pueden y deben ser modificadas -,  porque se ha negociado mal con ellas – y los futuros gobiernos deben corregir esos errores -,  y porque esas empresas hacen todo tipo de operaciones contables, financieras, crediticias y mercantiles para que sus utilidades queden en otros países y en otras manos, reduciendo artificialmente las utilidades y los tributos que deberían ir a las arcas fiscales chilenas, y el gobierno debería incrementar su capacidad de control y fiscalización.

Pero quizás la más importante de todas las disposiciones negativas para el interés de Chile sea lo establecido en la ley de concesiones, en la cual los yacimientos son entregados prácticamente a perpetuidad a las empresas extranjeras, sin un pago que corresponda al valor de ese aporte.

Todo eso tiene que terminar. El cobre debe volver a ser una pieza estratégica de la economía nacional, sobre la cual el estado haga valer tanto su condición de propietario absoluto de los yacimientos, como su deber de controlar y fiscalizar que el funcionamiento de las empresas se adecue a las normas tributarias, ambientales, sociales y laborales que impone el país, y a las condiciones que emanen de las licencias, concesiones o contratos temporales que se establezcan con ellas. Incluso la idea de renacionalizar el cobre o de establecer empresas mixtas con empresas extranjeras, tienen que ser parte de las opciones que estén abiertas para el estado chileno en la constitución y en las leyes. Quizás muchas de esas metas no puedan conseguirse en el horizonte cercano – pues las dificultades hoy en día son probablemente mayores que en 1971 – pero nunca deberían perderse de vista ni dejar de estar presente en nuestro ideario la necesidad de Chile de apropiarse de todo, o de una parte sustantiva, de la renta que la minería genera.  El propósito de acercarnos paso a paso a esa meta, con toda la rapidez o la lentitud que las circunstancias permitan, debería estar presente en todos los debates constitucionales y legales, en las campañas presidenciales, en las discusiones tributarias y en la toma de posiciones en los foros y negociaciones internacionales.  La apropiación de la renta petrolera debería ser la más grande bandera nacionalista y progresista que guie al pueblo chileno, como lo fue durante décadas, antes de 1971, hasta que la lucha, la política y la historia la pusieron a la orden del día.

 

Por Sergio Arancibia