El discurso del crecimiento como paradigma del progreso de Chile perdió toda credibilidad. La rebelión del 18-0 y el apruebo de una nueva Constitución lo enviaron al tacho de la basura, poniendo al desnudo los abusos, desigualdades y engaños de ese crecimiento.
El pueblo se dio cuenta que la Constitución y todas las instituciones derivadas (Código Laboral, AFP, ISAPRES, educación mercantilizada y agua privatizada), permitieron que una minoría se apropiara de los frutos del crecimiento.
La Constitución chilena ha constitucionalizado una economía de mercado neoliberal al servicio de unos pocos. Así las cosas, el 1% más rico se apropia del 30% de la riqueza, mientras el 50% más pobre sólo se lleva el 2%.
La base de ese enriquecimiento ha sido, por una parte, la producción y exportación de recursos naturales, con concesiones generosas del Estado; y, por otra parte, la expoliación inmisericorde que sufre la ciudanía en manos del gran empresariado, que monopoliza los servicios, el comercio y las finanzas y que gracias a la colusión roba a consumidores, clientes y estudiantes.
La acumulación de riqueza de los grupos económicos les ha otorgado un inmenso poder fáctico en el país gracias a la propiedad de los principales medios de comunicación, al control ideológico de las universidades y sobre todo a su determinante influencia en la vida política. Ello ha afectado el despliegue de una democracia política plena en el país.
Por cierto, lo más grave ha sido la utilización de ese poder para comprar políticos y economistas para favorecer sus negocios. Así las cosas, el Estado y la clase política no cumplen con su tarea: no controlan al gran empresariado, no lo regulan, no le cobran royalties por la explotación rentista de nuestros recursos naturales, le facilitan la colusión y la elusión impositiva y, además, le han abierto el camino para que operen, sin control, en paraísos fiscales.
Es preciso reconocer entonces que el gran capital es el que manda en Chile. Aquí radica el problema central del país: en la inexistencia de democracia económica lo que debilitado la democracia política.
El régimen de abusos y desigualdades tiene su origen en la Constitución, la que reduce el rol del Estado a un mero agente subsidiario de la iniciativa económica. Subsidiario para los más débiles, pero activo en favor de los ricos.
Fundado en la subsidiaridad, el Estado entregó sin costo al gran capital la concesión de nuestra tierra, ríos y mares; y, también, permitió un sistema comercial y financiero oligopólico que extrae inmensos excedentes gracias a la colusión y a la desregulación; y, finalmente, inventó una política social (que la llaman focalización), que entregó al gran capital la educación, salud y previsión para la ganancia empresarial directa.
Por su parte, la política macroeconómica (de equilibrio y estabilidad) ha sido generosa con los impuestos al gran capital y de alto costo para el funcionamiento de las pymes. Desde luego el Banco Estado dejo de ser un organismo promotor de las pymes y no se inhibe en financiar a la gran empresa, mientras las instituciones regulatorias como el SERNAC, la FNE e incluso Impuestos Internos han sido complacientes con las grandes empresas.
Por las razones expuestas Chile necesita democratizar la economía. Y, todo comienza con una nueva Constitución, porque un nuevo texto constitucional debe frenar el poder del 1% y de sus grupos económicos.
Es preciso colocar en su sitio al gran capital, subordinándolo a los intereses de la mayoría nacional. Se le debe empujar hacia la industrialización, asegurar un régimen regulatorio que impida la colusión, que cierre las puertas a los paraísos fiscales e independice a los medios de comunicación del poder económico. Y, por cierto, no puede continuar el empresariado haciendo negocios con la educación, salud y previsión. No es tarea fácil, pero ahora es el momento.
Para alcanzar esos objetivos se precisa:
Una propuesta de democracia económica exige una mayoría nacional, desafiante y activa, que reúna a hombres y mujeres, trabajadores, pueblos originarios, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, organizaciones ciudadanas. Y, requiere también una patriótica articulación de todas aquellas organizaciones políticas (hoy dispersas), comprometidas con una nueva Constitución y con el cambio del modelo económico de injusticias.
Fuente: La voz de los que sobran
La coalición de gobierno, con excepción del socialismo democrático, postuló en su programa de gobierno…
La compañía La Washa realizó una segunda presentación, Vaivén, tras el éxito de Hoguera, posicionándose…
La reciente escalada de los partidos de derecha radical en numerosos países de la Unión…
Recientemente el Ministerio de Educación hizo pública “la nueva Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE)…
El escritor Héctor Bravo Zúñiga acaba de publicar su segundo libro, Crónica desconocida de Nueva…
De los 36 casos de corrupción reportados, 29 involucraron a alcaldes o alcaldesas de derecha,…