Ubicados en un plano estrictamente teórico, los neoliberales postulan que los deberes y derechos formales y legales de todos los ciudadanos, en cuanto a participantes en el mercado, deberían ser los mismos. El estado no debería meterse a definir ayudas a unos que no se las otorgue también a otros.  El estado no debe meterse a definir ganadores o perdedores, sino que deben ser las ciegas fuerzas del mercado las que determinen quienes ganan y sobreviven y quienes no tienen capacidad competitiva y deben quedar a la vera del camino. Confían ciegamente en que el mercado hace siempre una buena asignación de recursos y, por lo tanto, el estado no debe meterse a redistribuir recursos en beneficio de unos y en perjuicio de otros. Dentro de esta concepción los tributos deben ser parejos para todos los agentes económicos ubicados en idénticas circunstancias, pues tener tributos diferenciados implica estar favoreciendo más a unos que a otros, y eso rompe con las posiciones relativas que cada uno ha logrado alcanzar en el mercado. En materia de impuestos al consumo, tipo IVA, ese impuesto debe ser parejo para todas las mercancías, sea alto o bajo, pues si un bien tiene un impuesto al consumo más alto que otro, se está distorsionando el sistema de precios relativos que fluye de las fuerzas del mercado, que son las que nunca se equivocan. Lo mismo sucede con los aranceles a las mercancías importada. El arancel debe ser parejo, pues si no, se distorsionan, nuevamente, los precios relativos de las mercancías, lo cual se traduce, en última instancia, en una mala asignación de recursos.

Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En el crudo mundo de la política y de los negocios reales y concretos, prestigiosos exponentes políticos o académicos del neoliberalismo no han tenido problema alguno en apoyar, en beneficio personal o en beneficios de sus círculos cercanos, todo tipo de situaciones de excepción que aseguran elevadas ganancias a ciertas empresas, en desmedro de todo el resto de la ciudadanía. Esas políticas de excepción se traducen en exenciones tributarias, subsidios directos o indirectos, o en normas o disposiciones que benefician directamente a ciertas actividades. Las teorías solo son buenas para estos sectores, en la medida que favorezcan a los negocios. Si no, se dejan a un lado.

Hoy en día está en el tapete de la opinión pública la eliminación de las exenciones tributarias. Esa  es una proposición que tiene mucho de bueno, pues hay exenciones tributarias que no se justifican para nada, como por ejemplo, la exención de tributos a las ganancias de capital provenientes de la compra venta de acciones. Pero hay que tener cuidado de no comprarse con esa medida concreta todo el paquete teórico neoliberal.

En la medida que un país tenga planes de desarrollo – que no sean meramente el apoyo a lo que el mercado ponga por delante – sino que pasen por apoyar e incentivar ciertas actividades o sectores productivos o territoriales que se visualicen como necesarios para el desarrollo económico y social del país, es enteramente positivo que ese gobierno utilice no solo la herramienta tributaria, si no todas las herramientas de la política económica, para favorecer a esos sectores. También en la medida en que el país tenga políticas sociales, encaminadas a proteger o favorecer a ciertos sectores más pobres o más vulnerables, es necesario y positivo que existan determinadas actividades, servicios, mercancías, o empresas que tengan normas tributarias específicas o diferenciadas. Un buen ejemplo de ello es la exención del pago de IVA de la cual gozan hoy en día los servicios médicos y educacionales. Esos servicios no pagan hoy en día IVA y eso los hace más baratos para ciertos sectores medios y bajos de la población. No es cierto  que solo los sectores de altos ingresos recurren a la medicina y la educación privada, y que ponerlos a pagar IVA sería una medida justa desde el punto de vista de la redistribución de ingresos. Una cantidad grande de la población, ante la crisis de la salud y de la educación pública, recurren a la salud y la educación privada. Si se elimina hoy en día la exención tributaria de la cual gozan, esos servicios se encarecerían en un 19 %, por concepto del pago de IVA, lo cual no es hoy en día una buena medida desde el punto de vista social.

Las exenciones tributarias deben ser analizadas una por una y ver cuales deben mantenerse y cuales eliminarse, pero no se puede postular, de una vez y para siempre, que todas son malas. Tampoco se puede aceptar que un futuro gobierno, con políticas de desarrollo explicitas, que vayan más allá del extractivismo exportador, o que tenga políticas sociales diferentes a las actuales, nazca amarrado de manos por no poder usar todas las herramientas de la política económica.




 

Por Sergio Arancibia

 



El Clarín de Chile

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