Los mínimos comunes mantienen la desigualdad

En este país que perdió su capacidad de asombro hace mucho rato la ciudadanía sigue siendo impactada por hechos que confirman que la derecha empresarial instalada en La Moneda no entiende nada – porque no quiere – del inédito desastre que está devastando a la población provocado por el modelo de desigualdades y la crisis sanitaria.

Resulta impresentable que el presidente de la República (9% de adhesión) haya convocado a las autoridades del Congreso (8% de apoyo) – sin participación de organizaciones sociales – para negociar la dignidad de los pobres que claman al menos por una renta básica universal lo que no es considerado por el mandatario que insiste en los “mínimos comunes” donde no hay un impuesto a los superricos ni entra el royalty minero manteniendo la inequidad que identifica al modelo.

El gobierno se desentiende del drama que se vive en los campamentos de tránsito, uno de los lugares donde se ha sufrido con mayor rigor esta catástrofe, pero se esmera por premiar a Carabineros, institución cuestionada por la población que incluso demanda su refundación, y destina en su favor cuantiosos fondos fiscales más allá de su presupuesto anual.

Es lo que ocurre en la Quinta Región Valparaíso, zona donde según Techo Chile en el último año aumentaron fuertemente las familias empobrecidas que llegaron a estos asentamientos irregulares y donde la policía militarizada no solo no reforma sus métodos y sus protocolos, sino que consolida sus estructuras a través del otorgamiento de recursos públicos que superan los 6 mil millones de pesos para 2022 y similares cantidades para los años siguientes.

De las 81.660 familias que habitan en campamentos a nivel nacional no menos de 23.000 están en comunas de esta región en condiciones paupérrimas, hacinadas, sin servicios vitales y esperando con angustia la llegada de las lluvias y el frío invernal, vulnerables a las contingencias y ahora también a los contagios del virus dañino.

El oficialismo neoliberal estima que el dinero de que se dispone no debe ser para las urgencias vitales de la gente, sino para otros objetivos cuestionables. Por eso hay recursos para nuevas unidades de Carabineros convenientemente equipadas, construcción y reposición de comisarías y subcomisarías, tenencias y retenes, compra de robots, adquisición de centenares de vehículos policiales, tácticos y de especialidades, etc.

No se consideran aquí los distintos elementos que se ocupan en los operativos represivos, como las partidas de bombas lacrimógenas que se adquieren en el extranjero y armas antidisturbios que han herido o mutilado a innumerables compatriotas. Todo ello está incluido en un presupuesto aparte que el Estado está presto a solventar sin miramientos, privilegiando el rol custodio al servicio incondicional de las minorías dominantes.

En la región de Valparaíso, al menos, no se tenía conocimiento de tal despliegue de recursos para la policía uniformada. Se trata de proyectos aprobados, en ejecución y programados, que forman parte de una inversión cuya magnitud corresponde al reconocimiento de los administradores del modelo a quienes están en su defensa irrestricta y permanente, cuidando sus intereses con servilismo.

Hay quienes se preguntan si no sería de mayor efectividad destinar parte de esos dinerales a finalidades de tipo social, como la generación de puestos de trabajos y la construcción de conjuntos de viviendas modestas pero dignas para empezar a sacar a la gente de los campamentos, necesidades que hoy son de suma urgencia en plena pandemia.

Todo ello coincide con la demanda presentada ante la Corte Penal Internacional contra el presidente de la República y una decena de sus colaboradores por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de miles de chilenos que ha venido cometiendo Carabineros, institución subordinada al poder ejecutivo, desde el inicio de las manifestaciones del estallido social hasta ahora.

 

Hugo Alcayaga Brisso

Valparaíso