El vertedero, la elite y la experiencia de Orrego

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“Sabemos que el Intendente de Santiago, el político DC Claudio Orrego Larraín, defiende al hijo de doña Berta Fernández Larraín, el patrón de fundo Andrés Ruiz–Tagle Fernández, quien a su acaudalada situación añadió el chorro de millones que ha ganado con convertir su hacienda en el vertedero Santa Marta; el mismo que en estos momentos tiene a la gente de la capital respirando mierda”, escribió Pablo Huneeus en 2016.

El 15 de enero de ese año comenzó el incendio del gigantesco basural perteneciente al Consorcio Santa Marta. El 19, cuando el humo y el hedor alcanzó el corazón de Santiago, y muchos presentaban cefaleas y vómitos, fue considerado una emergencia sanitaria.

“La información que tenemos hasta ahora (…) es que este incendio no tiene contenido tóxico”, dijo el intendente metropolitano y hoy candidato a gobernador Claudio Orrego, causando indignación entre los capitalinos que, por primera vez antes de la pandemia, agotaron las existencias de mascarillas y recordaban su reciente prohibición de asados debido a la contaminación del aire.

Paradojas de la vida, el presidente del Colegio Médico de entonces, Enrique Paris, criticó al intendente y lo emplazó a entregar datos “cuando el intendente Orrego dice “no, no es tóxico”, bueno, que lo demuestre, para eso debe tener mediciones”.

Orrego, que había enarbolado el tema de la modernización de la gestión pública durante 25 años, tuvo que leer que el informe de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que se refiriera a la reacción de las autoridades como tardía, improvisada y falta de capacidad para dimensionar los efectos de la nube tóxica. 📁

Frente a posibles sanciones al Consorcio Santa Marta, Orrego se manifestó siempre a favor de multas, no más allá pues “la gente se olvida que la alternativa al relleno sanitario hoy en Chile es el vertedero ilegal”. Ante la Cámara de Diputados, apuntó a la falta de personal y de herramientas de fiscalización del Estado, no a la empresa que ya acumulaba 45 sanciones en 14 años de funcionamiento.

Tras el incendio se establecieron más de una docena de incumplimientos ambientales de la empresa, que repercuten hasta ahora. La semana pasada se anunció la formalización del  directorio por la contaminación del estero El Gato de Talagante, descubierta a raíz del  incendio.

El directorio Santa Marta es presidido por Guillermo Ruiz Pérez, cercano a la UDI y amigo personal de Pablo Longueira. Antes del vertedero poseía una pequeña compañía sanitaria “hasta que dio el salto en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se aprobó la entrada al sector privado de las empresas sanitarias” señala Poderopedia.

“El principal objetivo del proceso privatizador fue la modernización del sector” se lee en un informe del centro de estudios de la UDI Libertad y Desarrollo que recuerda los discursos de la época: las sanitarias tenían ineficiencias operacionales y de gestión, la mala calidad de servicios y de tratamiento de aguas servidas. 📁

Estas privatizaciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas encabezado por Ricardo Lagos Escobar quien, cuando se convirtió en Presidente, heredó su oficina en el MOP a Claudio Orrego, el jefe de División de Modernización del Estado del gobierno de Frei Ruiz-Tagle.

Beneficiado por las modernizaciones, Ruiz Pérez comenzó de inmediato a tramitar el negocio del vertedero, para el que se asoció, entre otros, con el ex tesorero del PPD Gustavo Silva Cabello, vinculado a la investigación de aportes ilegales de SQM a partidos políticos y con Andrés Ruiz–Tagle Fernández (fallecido en 2019) y su hijo Andrés Ruiz–Tagle García Huidobro, dueños del terreno donde se emplaza el mega-basural.

También de ultra derecha, la familia Ruiz-Tagle fue la que dinamitó los hornos de Lonquén en 1980 tras el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos, “para exterminar todas las huellas del horror e impidieron el paso a un lugar que se había convertido en centro de peregrinación”, relata Mario Amorós en el libro Después de la lluvia: Chile la memoria herida.

Tras dos rechazos de la COREMA, el vertedero obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2001, ya en el gobierno de Lagos, con un proyecto casi idéntico al que había sido rechazado. El vertedero fue ubicado a 1 kilómetro y medio del sitio de memoria y Monumento Histórico Hornos de Lonquén.

Dos años después, ante sucesivos escándalos de corrupción, la salvación del gobierno de Lagos provino de un gran acuerdo político gestado por Pablo Longueira, líder de la UDI y amigo del presidente del directorio de Santa Marta.

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La Resolución 43

Fue bajo el mandato de Ricardo Lagos, cuando Claudio Orrego, con apenas 33 años, obtuvo su primer cargo de primera línea: biministro de Obras Públicas y Bienes Nacionales, de marzo a diciembre del 2000.

Era el primer miembro de la juventud concertacionista que llegaba tan alto, pero los reiterados conflictos por el control de los proyectos Bicentenarios con Matías De la Fuente, hombre de confianza de Lagos, determinaron su salida en menos de un año.

Pese al breve período, el hijo del creador de la estrategia de los mariscales rusos, estaba en el momento y lugar precisos para asestar un duro golpe a un vestigio de la UP que amenazaba con revivir. 

Víctor Pey fue un empresario español nacionalizado chileno, amigo personal de Salvador Allende y de Darío Sainte-Marie (Volpone) fundador de Clarín que gustaba decir que el triunfo de la Unidad Popular se debía al apoyo del diario, entonces el más leído en Chile. En 1972 Sainte-Marie vende Clarín a Pey, que alcanza a administrarlo un año antes de ser clausurado y expropiado por la dictadura.

Al retornar del exilio, el empresario solicitó reiteradamente al gobierno de Frei Ruiz-Tagle la compensación por haber sido expropiado en dictadura, con el objetivo de poner en circulación nuevamente al diario. No tuvo respuesta. Por ello en 1997, acudió al tribunal internacional del Banco Mundial, CIADI, para solicitar la indemnización, más el lucro cesante.

Entonces la elite se unió en una de las operaciones más complejas y vergonzosas de la institucionalidad democrática.

“Alguien –con mucho poder- dio el «vamos» a la propuesta de crear una red de herederos, de modo de despojar a Pey de sus derechos”, escribió Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, quien denunció numerosos hechos de corrupción vinculados el caso Clarín en la revista Rocinante, sin nunca ser desmentida.

La operación involucró a todos los poderes del Estado, se litigó por 22 años en tribunales internacionales y se gastaron millones de dólares de impuestos de todos los chilenos para el pago de lobistas, abogados y herederos alternativos sólo para detener a Pey.

El Poder Legislativo promulgó la ley 19.568 que restituía o indemnizaba bienes confiscados, sin posibilidad de demandar lucro cesante; el Poder Judicial anuló el decreto de expropiación de la dictadura que acreditaba que Víctor Pey era el único propietario de Clarín y el Ejecutivo se encargó de encontrar y validar un grupo de propietarios alternativo.

El cuarto poder, controlado por el duopolio El Mercurio – La Tercera,  desacreditó las demandas de Pey e incluso una nueva revista creada en 1998 – The Clinic – se apropió de la leyenda de Clarín “Firmes junto al Pueblo”.

Luego de armar la red de herederos, el mismo abogado contratado para ello, representó al grupo para acogerse a la ley 19.568.

El paso siguiente fue reconocer a la red y autorizar su indemnización. Si el litigio internacional resultaba adverso, la compensación a los dueños «alternativos» de Clarín – fijada en US$ 9 millones – ya habría sido resuelta.

Ese fue el papel de la Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales, que Claudio Orrego firmó pese a que la Constitución prohibe expresamente que el Poder Ejecutivo resuelva sobre temas pendientes en la justicia. 📁

En 2008, tras 11 años de litigio, CIADI condenó la Resolución 43 y ordenó al Estado de Chile pagar US$ 10,1 millones a Víctor Pey por montar esta operación con el objetivo de denegarle justicia. También se refirió a la estrategia de Chile como responsable del largo juicio y sus altos costos:

«La duración del presente procedimiento, y por consiguiente sus costas para todas las partes y para el CIADI, se han visto considerablemente aumentadas debido a la estrategia adoptada por CHILE que consistió, además de las excepciones habituales o «normales» a la competencia, en multiplicar objeciones e incidentes a veces incompatibles con las prácticas del arbitraje internacional”.

Lejos de pagar y cerrar este bochornoso operativo, la elite decidió continuar litigando a costa de dineros fiscales. Sólo hasta 2013 se gastaron US$ 7 millones a bufetes para representar a Chile en el tribunal internacional, más los US$ 9 millones entregados a los supuestos herederos. El CIADI revirtió su decisión en 2016. Pey denunció relaciones prohibidas entre Chile y 2 de los árbitros del tribunal en este período, solicitó anular el fallo y que se revelaran los pagos al poderoso bufete inglés al que pertenecían los jueces. Ello no ocurrió y el juicio terminó definitivamente en enero de 2020, cuando Víctor Pey llevaba 2 años fallecido.

Por Lucía Escobar

Fuente: Vocería Virtual

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