Por 123 votos a favor y 3 abstenciones la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1579, por intermedio de la cual se solicita al Presidente de la República que presente un proyecto de ley para establecer un mecanismo administrado y financiado por el Estado, para extinguir las deudas contraídas por los estudiantes para financiar su educación superior, liberándolos de la carga patrimonial que arrastran.
La resolución releva la existencia de una necesidad pública, a partir de la precaria situación de los estudiantes endeudados a causa del financiamiento de su educación superior, y que el Estado no ha atendido debidamente.
Al respecto, el texto señala que la educación superior, lejos de estructurarse como un derecho (y por ende en una prestación gratuita basada en la capacidad de cada estudiante), se ha estructurado en base al endeudamiento estudiantil. Esto ha significado, para un número importante de alumnos, una carga patrimonial de tal magnitud que constituye la causa de una serie de negativas consecuencias individuales de importancia colectiva; además de generar desigualdades en los procesos de enseñanza.
En este sentido, la resolución detalla que, sólo respecto del Crédito con Aval del Estado (CAE), a diciembre de 2019 se registraban 559.058 personas pagándolo, ya sea como egresados o desertores. Respecto de estos últimos, el 76,8 % se encuentran morosos, mientras que en el caso de los egresados que actualmente pagan el CAE, hay un 35 % de morosidad, lo que equivale a 151.293 personas.
Lo anteriormente expuesto se ha visto agravado por las consecuencias económicas causadas por la pandemia del Covid. Las y los legisladores plantean que las medidas sanitarias (entre ellas la cuarentena) han afectado a muchas personas y familias, ya sea a través de la pérdida sus fuentes de trabajo (respecto de aquellos que se encuentran incorporados al mercado formal), o bien a través de una importante reducción de ingresos (respecto de aquellos independientes que perciben sus ingresos día a día).
Esta crítica situación afecta la economía familiar, agrava la ya precaria situación de los deudores de créditos de educación superior e imposibilita el cumplimiento de sus deudas estudiantiles.
La resolución aprobada es de autoría de las y los diputados Natalia Castillo y Pablo Vidal (IND) y los liberales Alejandro Bernales y Vlado Mirosevic.
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