Las respuestas de los Estados y las empresas a la desinformación han sido problemáticas, inadecuadas y perjudiciales para los derechos humanos, advirtió Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, que pidió a los Estados que defiendan el derecho a la libertad de expresión como principal medio de lucha contra la desinformación.
«La información diversa y confiable, la alfabetización digital, la regulación inteligente de las redes sociales y los medios de comunicación libres, independientes y diversos son el antídoto obvio para la desinformación», dijo Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en el Consejo de Derechos Humanos.
“La desinformación, las respuestas a ella, están socavando la libertad de expresión, polarizando los debates públicos, alimentando la desconfianza del público y poniendo en peligro los derechos humanos, las instituciones democráticas, la salud pública y el desarrollo sostenible”, dijo Khan.
«Los estados han recurrido a medidas desproporcionadas, como cierres de Internet y leyes vagas y demasiado amplias para criminalizar, bloquear, censurar y enfriar el discurso en línea y reducir el espacio cívico, y para obligar a las plataformas de redes sociales a eliminar contenido legal sin un proceso judicial».
En su informe, la Relatora Especial advirtió que estas medidas son incompatibles con el derecho internacional y están siendo utilizadas contra periodistas, opositores políticos y defensores de derechos humanos con impunidad.
Ella dijo que los algoritmos, la publicidad dirigida y las prácticas de recolección de datos de las compañías de redes sociales más grandes se atribuyen en gran medida a impulsar a los usuarios hacia contenido «extremista» y teorías de conspiración, lo que socava el derecho de las personas a formarse una opinión y a desarrollar libremente creencias e ideas.
“Las respuestas de las empresas a la desinformación han sido en gran parte reactivas, insuficientes y opacas”, dijo Khan.
“Las empresas de redes sociales deben revisar sus modelos comerciales y asegurarse de que sus operaciones comerciales, la recopilación de datos y las prácticas de procesamiento de datos cumplan con las normas internacionales de derechos humanos”, dijo el Relator Especial.
Khan también expresó su preocupación por la moderación del contenido inconsistente, las políticas y los procesos opacos y los mecanismos inadecuados de transparencia y reparación de las plataformas de redes sociales, y pidió una acción urgente y efectiva por parte de las empresas.
Advirtió que se estaban utilizando “viejas actitudes sexistas arraigadas con el anonimato y el alcance de las redes sociales” para lanzar campañas de desinformación de género contra mujeres periodistas, políticas y defensoras de derechos humanos para sacarlas de la vida pública. Hizo un llamamiento a los Estados y las empresas para garantizar la seguridad de las mujeres en línea y fuera de línea.
Khan señaló además que la desinformación en línea, que se apoya en agravios políticos, sociales y económicos expresados en el mundo real, puede tener graves consecuencias para la democracia y los derechos humanos, como se ha informado, durante pandemia de coronavirus (COVID-19) o en ataques cometidos contra grupos minoritarios.
Irene Khan, que pidió la participación proactiva de los Estados, las empresas, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y los medios de comunicación, concluyó: «Hacer frente a la desinformación requiere respuestas multidimensionales de múltiples partes interesadas que estén bien fundamentadas en toda la gama de derechos humanos».
Los medios libres no son un problema por los solos Estados: dificultades de acreditación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, contraria al artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos.
La Asociación de la Prensa Extranjera en Suiza (APES) ha recibido varias quejas de periodistas miembros activos sobre sus dificultades con la acreditación del Servicio de Noticias de la ONU. APES ha solicitado reuniones en la ONU para discutirlo, en particular modo, para discutir sobre las prácticas contrarias al artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos.
“Estamos seriamente preocupados por la metodología de la acreditación de la ONU. No queremos ver discriminación perpetrada por la ONU contra los independientes, que actualmente constituyen el mayor contingente de periodistas que cubren las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas deben apoyar a los periodistas que trabajan para pequeñas y grandes estructuras”, declaró la APES[1].
Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Elena Rusca, Ginebra, 3.7.21
[1] En anexo, la carta de APES al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
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