Un grupo de abogados de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Sebastián Piñera a través de su ministro de Justicia Hernán Larraín Fernández ha comenzado “silenciosamente” a reducir condenas a violadores de derechos humanos, amparándose en la Ley Nº 19.586, pese a que han sido los tribunales de justicia los que han determinado las penas que deben cumplir estos victimarios, contraviniendo además el derecho internacional.
Los abogados Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, todos litigantes en causas de derechos humanos, señalaron que “existiría responsabilidad del Estado por estas rebajas de penas que violan obligaciones internacionales, además de revictimizar a los familiares de las víctimas que se sienten burladas nuevamente en sus expectativas de lograr plena justicia”.
Esta medida, que para los denunciantes se ha venido dando entre gallos y medianoche, ha beneficiado a numeroso agentes ya condenados por los tribunales de justicia, entre ellos la Corte Suprema, por ser autores de ejecución y desaparición de personas, entre otros delitos.
De acuerdo a los antecedentes, estos beneficios habrían comenzado a aplicarse desde el año 2020, consistiendo en indultos presidenciales y rebajas de condenas, los cuales se han otorgado al margen del control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas, los que en su mayoría se han informado cuando las medidas ya se han aplicado.
Los abogados denunciantes sostienen que toda la actividad desplegadas por las autoridades de gobierno en este sentido “son arbitrarias y absolutamente contrarias al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad, impidiendo el cumplimiento total de las penas aplicadas por los tribunales de justicia”.
Al mismo tiempo, consideran que esta conducta del ministro de Justicia desvirtúa la labor que realiza la Unidad Programa de Derechos Humanos, órgano dependiente de su ministerio y que es un activo persecutor respecto de los crímenes de la dictadura. Es así como ese programa de DD.HH y los querellantes particulares abogan por no aplicar la media prescripción del artículo 103 del Código Penal y solicitan en sus presentaciones las penas más altas de nuestra legislación para este tipo de delitos.
Para los abogados “resulta absolutamente incoherente que sea el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que por medio de la Subsecretaría de Justicia rebaje las condenas favoreciendo la impunidad”.
Finalmente, para los denunciantes, todas estas conductas de indultos y rebajas de penas por parte del Presidente Piñera y el ministro Larraín sería una suerte de política de amarre en orden a dejar todo resuelto antes que finalice la actual administración.
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Ojalá que la nueva constitución termine con el Rey-Presidente/Reina-presidenta y todos los cargos públicos importantes sean elegidos por votación popular , no más dedazos ni poderes absolutos ; los cargos públicos deben ser ejercidos por personas con mandato a cumplir acciones específicas y no a su libre albedrío.En este caso , el ministro de Justicia debe ajustarse a demandar que se haga justicia y no a aplicar su propia y particular justicia.